¿Recorte de programas para la inclusión digital en México?

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Todo parece indicar que tanto el “recorte” al gasto público (anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado mes de enero), como los pronósticos de menor crecimiento al que se había estimado para el Producto Interno Bruto (PIB) (sobre el cual alertó en febrero el Banco de México), tendrán un impacto considerable en el desarrollo de programas y proyectos gubernamentales derivados de la reforma de telecomunicaciones, tanto en sus mandatos constitucionales como en disposiciones varias establecidas por la “ley secundaria”, así como en la Estrategia Nacional Digital (EDN).

Entre ellos, como se sabe, uno de los más ambiciosos es el de garantizar a todos los mexicanos el acceso a las TIC (incluida la banda ancha e Internet, así como el compromiso del Estado de garantizar a la población “su integración a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales”.

Son varios los proyectos, relacionados con la instauración o ampliación de infraestructura (aspecto al cual confiere notable énfasis la política para la inclusión digital), que podrían enfrentar momentos difíciles ante la situación por la que atraviesa la economía nacional.

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En ese terreno, es posible que se vean afectados los tres principales proyectos de infraestructura del actual gobierno en materia de telecomunicaciones, cuya ejecución corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT): la construcción de una “red troncal” de telecomunicaciones, la instalación de una “red compartida” de servicios móviles al mayoreo y la conexión a Internet a través de diversos espacios públicos.

Dichos proyectos se adscriben a la estrategia México Conectado, puesto en marcha en 2014 y la cual en el último rubro citado, se plantea “el acceso a banda ancha en 250 mil escuelas, hospitales, bibliotecas, parques y otros sitios y espacios públicos”, con un costo de 18 mil 600 millones de pesos (según se estableció en el Programa Nacional de Infraestructura).

Dado que para 2014 se estimaba que se alcanzaría una cantidad de 65 mil sitios y espacios públicos de acceso (menos de una cuarta parte de la meta establecida en la materia por los proyectos gubernamentales mencionados), por las altas inversiones que exige, México Conectado pudiera enfrentar serias limitaciones financieras.

Por ejemplo, en el caso de la red troncal de telecomunicaciones, que habrá de construir la SCT para rentar capacidad a los operadores comerciales con el fin de ampliar la conectividad y la cobertura social en el país, tendrá un costo de 10 mil 750 millones de dólares (según afirmara a finales de 2014 la SCT). Asociado a la construcción de dicha infraestructura se requiere la ampliación de la red de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que incluye el tendido de más de 35 mil kilómetros de cable y la instalación de 972 centros de almacenamiento de tráfico y que, a precios del año pasado, tendría un costo de 750 millones de dólares.

En cuanto a la red pública compartida de telecomunicaciones, cuyo fin es el de “impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones”, y que estará destinada a comercializar capacidad, infraestructura o servicios de telecomunicaciones al mayoreo o a otras concesionarias o comercializadoras, pudiera haber también serios contratiempos.

Y es que, como se sabe, este proyecto, que implica el aprovechamiento de la banda de 700 MHz del espectro y debiera entrar en operación antes de concluir el actual sexenio, aspira a grandes metas, dado que se inserta asimismo en el mandato constitucional de garantizar el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones y TIC a los ciudadanos, sobre todo en aquellos lugares en los cuales los consorcios del sector no han apoyado el suministro de los servicios. Ello conlleva, además de importantes desafíos técnicos, serias inquietudes sobre la viabilidad económica del proyecto en tiempos difíciles para las finanzas públicas, agravados recientemente, como se sabe, por la baja en los precios del petróleo.

Y qué decir de la Estrategia Digital Nacional, que se planteó en sólo 5 años alcanzar el índice de digitalización promedio de los países de la OCDE y superar a Chile, líder en América Latina en materia de conectividad y telecomunicaciones…

Ante el “recorte” del gasto público, y dado el notable énfasis que la política de inclusión digital confirió a la instauración o ampliación de infraestructuras, están surgiendo inquietudes sobre si será posible alcanzar las metas de cobertura, así como de prestación de los servicios en los plazos involucrados por los programas citados y que forman parte medular de los grandes objetivos de la reforma de telecomunicaciones. Ello, por no citar el posible impacto en otras acciones gubernamentales relacionadas, por ejemplo, con el desarrollo del llamado “gobierno abierto” (gobierno electrónico), o bien con problemas sociales (programa Oportunidades, “Centros Comunitarios de Aprendizaje, entre otros).

Y es que para costear estos proyectos que requieren importantes erogaciones públicas y en los cuales el Estado asume de nuevo en una medida importante un papel de operador, se ha planteado la aportación del capital privado, vía asociaciones público-privadas, desde la visión de que para el impulso y crecimiento de los servicios y la ampliación de la conectividad se requiere de la inversión de ambos sectores. Habrá qué ver si tales fórmulas de inversiones conjuntas se cumplen en esos términos, o si la mayor carga correrá a cargo de la instancia estatal, que a pesar de ello tendría que ofrecer condiciones para la expansión de las redes a precios de costo.

Mas ahí no terminan las inquietudes. Aunado a lo anterior, la definición para la radiodifusión y las telecomunicaciones como servicio público de interés general establecida por la reforma, con todo y que no fue desarrollada al nivel requerido, impone grandes responsabilidades y tareas para llevar adelante, ya que al Estado corresponde garantizar que los servicios sean prestados en condiciones de “competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias” (artículo sexto constitucional).

Como se recuerda, también la reforma constitucional marcó el objetivo de alcanzar una cobertura de 70 por ciento de los hogares y 85 por ciento de las micros, pequeñas y medianas empresas con conexión a Internet de banda ancha (transitorio décimo cuarto).

El panorama se presenta, pues, complejo y difícil. Una empeñosa búsqueda de soluciones podría argumentar que existen alternativas para que el maltrecho erario público pueda responder a las metas señaladas al obtener recursos, por ejemplo, provenientes de la licitación de las frecuencias dentro de la banda de 700 MHz, cuya contraprestación correspondiente pudiera aportar recursos considerables por la explotación de tan importante recurso.

Sin embargo, no parece haber razones para esperar que se apliquen medidas como ésa, con todo y sus clara pertinencia y legalidad. Baste considerar la reciente resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con respecto a la llamada multiprogramación que, como es claro, debió haber conllevado el pago inmediato de contraprestaciones de alto monto para los consorcios por “derechos de espectro”, pero que de forma por demás evidente se decidió por favorecer a las empresas de televisión, en perjuicio del interés público. Decisiones tan inconvenientes como ésa complican aún más un panorama de por sí arduo.

No será sencillo, pues, enfrentar los problemas y retos que se avecinan, entre los cuales indudablemente el de no abandonar las metas encaminadas a la población y regiones desfavorecidas socioeconómicamente, que desde tiempo atrás no han sido de interés para el mercado, será el mayor, de acuerdo al espíritu de la política trazada en 2013 y 2014. Sin embargo, sería deseable que justo el mercado, que desde luego también resultará beneficiado por tales programas, apoye verdaderamente a llevar adelante los mismos y contribuya a disminuir los escollos financieros que se les presentan.


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