El gobierno exige abasto completo a las farmacéuticas mientras reconoce que les paga con rezago. El 20 de octubre, el subsecretario Eduardo Clark informó que se pagaron cerca de 10 mil millones de pesos por medicamentos entregados a inicios de 2026 y admitió que todavía quedan adeudos, que busca liquidar en su mayoría antes de fin de año. La cifra no mide lo que se debe, sino lo que apenas se liquidó. Ese matiz es el que el oficialismo prefiere no subrayar.
Una deuda sin tamaño oficial
El monto pendiente sigue sin conocerse con precisión. En 2025, los laboratorios agrupados en Amelaf lo situaron en 14 mil millones de pesos, mientras que el Consejo Coordinador Empresarial lo estimó en 40 mil millones. Meses después, el propio gobierno aseguró haber pagado cerca de 15 mil millones de adeudos de años anteriores. Clark sostuvo entonces que los pagos atrasados no deben tomarse como excusa para incumplir las entregas. Ambas posturas tienen lógica. Pero un Estado que reclama puntualidad a sus proveedores sin ofrecer la propia debilita su autoridad para sancionar, y el CCE advirtió que la acumulación de deuda reduce la confianza de las farmacéuticas en participar en futuras compras consolidadas.
Un diagnóstico que llega con las calles bloqueadas
Las protestas de trabajadores del IMSS comenzaron el 8 de octubre y, desde el día siguiente, generaron bloqueos en al menos 19 puntos de la Ciudad de México. La mayoría rechazó la oferta salarial de 6.8%, que se compone de 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, frente a una demanda de 10% directo al sueldo. La presidenta Sheinbaum pidió entonces a Zoé Robledo un diagnóstico real de las condiciones de los hospitales. Robledo dirige el instituto desde diciembre de 2018, y él mismo reconoció que los mecanismos internos de supervisión pueden ser insuficientes para detectar deficiencias. Tras casi ocho años de gestión, el diagnóstico llega después del conflicto y no antes.
Cuatro explicaciones, ninguna suficiente
La versión oficial ha cambiado de acento según el día. Sheinbaum atribuyó parte del problema a los trámites: en algunos lugares se compraron medicamentos que están en el almacén y no llegan a los hospitales. Antes había señalado problemas de proveedores y también de distribución dentro del IMSS. Clark añadió sobrecostos en contratos de distribución y casos documentados de fármacos desviados para su venta ilegal. A esto se suma la versión sindical: en Veracruz, los gremios denuncian que el personal de enfermería y médico debe pagar con su propio salario insumos básicos. Cada explicación es parcialmente verosímil, pero juntas describen una cadena que falla en todos sus eslabones, de la licitación a la farmacia del hospital. Ahí no hay un culpable único sino una responsabilidad compartida que nadie asume completa.
El castigo electoral no está escrito
La percepción de empeoramiento es un riesgo real para Morena, porque la salud se evalúa de forma cotidiana y personal, con la receta en la mano. Sin embargo, el voto de castigo exige una alternativa creíble, y hoy no está claro que exista. Una encuesta reciente sobre 2027 ubica a Morena con 46% de las preferencias para diputados federales, frente a 20% del PAN, con 16% de indecisos. La oposición llega fragmentada y con su propio pasado en el sistema de salud.
El gobierno intenta ganar tiempo. Clark prometió que la primera entrega de la compra consolidada 2027-2028 será el 1 de enero de 2027, con un ahorro estimado de 45 mil millones de pesos en 2025-2026 y 35 mil millones adicionales en la compra siguiente. La presidenta informó además que desde hace un mes se encuesta a derechohabientes del IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar para saber si reciben sus medicamentos completos. Medir es un avance. Pero los ahorros se calculan sobre contratos y las encuestas sobre percepciones, mientras que el elector juzgará la caja de medicinas que reciba o no en los meses previos a votar.
¿Alcanzará una promesa de abasto para enero cuando el paciente evalúa en la ventanilla de la farmacia y no en la conferencia matutina?
