Aunque la 4T presuma que bajo su gestión todo acto de corrupción se castigará, el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera, advirtió que si bien “Hay un límite máximo de investigación de este tipo de casos de cinco años pero podría ampliarse si hay nuevos hechos”.
A decir del Rivera, ese plazo máximo no tiene que agotarse, “a las autoridades les conviene que cuanto antes se resuelva este caso, y a las propias personas denunciadas puede convenirles aportar toda la información que tengan para que la investigación llegue a una conclusión que puede ser que conduzca a alguna sanción, a la absolución o simplemente a que no hay elementos de prueba y que el caso tuviera que cerrarse, pero eso no se puede adelantar ni en el tiempo ni mucho menos en cuanto a los resultados”.
Según dijo al diario Milenio, a las autoridades como a los implicados, “les conviene que se resuelva cuanto antes”, para lo que es fundamental que todos colaboren, cosa que hasta el momento no ha pasado.
Por ello, el consejero encargado de la comisión de Fiscalización consideró que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les permitió continuar con la investigación, “ayuda a quitar los obstáculos” que han enfrentando durante un año de indagatoria, pues explicó que a pesar de que el plazo para resolver es de cinco años e incluso podría ampliarse, lo mejor es resolver cuanto antes.
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