Si el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA, puso contra las cuerdas al gobierno de Peña Nieto y demolió la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de hace un año, el nuevo informe que ha dado a conocer el grupo de trabajo del comité contra la desaparición forzada de la ONU, es devastador de lo que queda de este gobierno. Pone de relieve la profunda crisis de derechos humanos que vive el país. Marca la hipocresía de los compromisos que el gobierno adquiere en el plano internacional y por los que poco o nada hace para remediar abusos y atropellos a los ciudadanos.
Bien confiscado por los controles oficiales para que no se difundan los medios de comunicación, el informe da cuenta del seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias en su visita a México del 18 al 31 de marzo de 2011.
El 16 de enero de 2015, el Grupo de Trabajo envió al Gobierno de México la solicitud de proporcionar información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que fueron formuladas entonces. El 5 de mayo el Gobierno tuvo una primera respuesta. El 17 de junio de 2015, se volvió a solicitar información al gobierno por parte del Grupo de Trabajo, y el 21 de julio de 2015 éste proporcionó información adicional.
El informe publicado el pasado 11 de septiembre en la página del Alto Comisiondo de las Naciones Unidas para los derechos humanos, no da tregua en sus conclusiones: “El Grupo de Trabajo lamenta observar pocos avances en la implementación de las recomendaciones realizadas. Especialmente preocupante resulta el constatar que la mayoría de las recomendaciones fundamentales para enfrenar los problemas estructurales en materia de desaparición forzada no han sido plenamente implementadas. Pero más preocupante le resulta al Grupo de Trabajo la situación deteriorada que prevalece en México desde que realizó su visita y presentó su informe”.
El Grupo de Trabajo coincide con la afirmación del Comité contra la Desaparición Forzada quien en febrero de 2015 sostuvo que “la información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
“Si bien se valora que el Estado indique en su respuesta que enfrenta retos y desafíos en materia de derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada, el Grupo de Trabajo constata que el incipiente reconocimiento discursivo al problema de la desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni al más alto nivel. Tampoco ha habido un reconocimiento respecto de la dimensión del problema, tal y como lo recomendó el Grupo de Trabajo”.
“No existe un diagnóstico nacional sobre el problema de la desaparición forzada de personas que permita desarrollar las medidas integrales y efectivas para su prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación
“Esta falta de reconocimiento cabal a la dimensión del problema se evidenció de manera cruda con la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, y las investigaciones tardías y deficientes que le siguieron; con las estadísticas oficiales, que aún con sus limitaciones, muestran una situación particularmente crítica, así como con el descubrimiento de fosas clandestinas en diversas partes de la República”.
Un asunto fundamental de este informe es coincidir con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el “replanteamiento general” de la investigación de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. En éste se alienta al Estado mexicano a “implementar de manera efectiva todas las recomendaciones del GIEI y a garantizar que todas las actuaciones que solicite para el desarrollo adecuado de su encomienda, incluyendo aquellas que involucren a autoridades militares, se realicen por el gobierno de manera diligente y exhaustiva”. O sea, toca las dos negativas permanentes del gobierno con relación al caso Ayotzinapa: Replantear la investigación desmoronada, e investigar a las fuerzas armadas en el rol que jugaron aquella noche fatídica.
A la estrategia gubernamental de encapsular la investigación sobre la desaparición de los normalistas, ha sobrevenido la mentira, el engatusamiento, la amenaza y el cinismo. Conscientes de su treta para salir al paso de la irritación social frente a la inminencia de las elecciones federales del 7 de junio, el gobierno no pudo comprometerse a crear una fiscalía especial para replantear toda la investigación. De ahí el encuentro fallido del Presidente de la República con los padres de los normalistas desaparecidos, porque el gobierno es incapaz de reconocer no sólo que falló, sino que timó a la sociedad en general inventando un incendio, encubriendo agentes de la policía federal y el ejército, sembrando pruebas en el Río de Cocula, y lo más delicado de todo ello: de nueva cuenta la tortura para obtener confesionales que sostuvieran la falacia. Porque si el incendio en el basurero de Cocula no existió – ahora hasta sabemos que llovió los dos días seguidos – ¿cómo se obtuvieron los testimonios de los detenidos que afirmaron haber participado apilando cuerpos para formar esa pira enorme?.
Sí, la tortura, relatada no sólo en el caso de uno de los estudiantes sobrevivientes la noche del 26 de septiembre dentro del informe del GIEI de la OEA, y que constituye una de sus recomendaciones de investigación para atajar la impunidad, sino en el otro informe embatido con toda la fuerza del Estado mediante el linchamiento mediático a Juan Mendez, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura que visitó cárceles, centros de prisión preventiva, arraigo e investigaciones, centros de detención de menores, un hospital psiquiátrico, un centro de asistencia social y una estación migratoria en México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, con el objeto de evaluar la situación de la tortura en nuestro país y que cuando emitió sus conclusiones a finales del año pasado, enfrentó la furia de las plumas pagadas y los medios vendidos por rasgar las vestiduras de un gobierno corrupto y autoritario.
Vale la pena recuperar la parte medular de aquel informe: “La tortura y los malos tratos son generalizados en México. El Relator Especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de libertad y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas. La mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada. Esto se potencia con el régimen de excepción constitucional y legal que afecta a estos detenidos, que incluye el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y la posibilidad del ministerio público de ampliar el plazo de detención (“retención” previo a la presentación judicial).
“La tortura se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria. En 2012, según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el 57,2% de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención y el 34,6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión. Consistentemente, un alarmante número de los detenidos entrevistados alegó haber sido víctimas de torturas luego de su detención. En el Centro de Investigaciones Federales, donde están los arraigados, prácticamente todas las personas entrevistadas alegaron haber sufrido torturas y malos tratos previo al ingreso”.
El Relator Especial observó inquietantes coincidencias entre los testimonios. “Las personas denuncian, generalmente, haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención. Cuando se detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos. La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas. Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas, que combinan: golpes con puños, pies y palos; “toques” con dispositivos eléctricos (“chicharra” , generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca (waterboarding); desnudez forzada; suspensión; amenazas e insultos. En oportunidades transcurren días sin que se informe del paradero de la persona o se la presente ante la autoridad ministerial o judicial. Repetidamente, las víctimas fueron presentadas ante medios de comunicación como delincuentes, sin que exista sentencia condenatoria, lo que constituye en sí trato degradante”.
Estos informes desnudan, exhiben el agotamiento de un régimen político que se encarama en el embuste y perdió la vergüenza ante sus connacionales y ante el mundo. Desdeña las recomendaciones de los organismos internacionales a los que pertenece, ignora sus compromisos en tratados y convenciones, y ante la exigencia de abrir una jurisdicción internacional que garantice la confianza en las indagatorias recurre a la rancia defensa de la soberanía nacional. Por supuesto, con la complicidad de la mayoría de los partidos políticos y sus personeros en el Congreso mexicano, que apuntalan con vergonzosos puntos de acuerdo el lenguaje oficial que da vuelta al problema de fondo.
El problema que los extranjeros ven con toda claridad, fuera de las posibilidades de control y cooptación del gobierno.
Vuelvo al Grupo de Trabajo sobre desaparición forzada de la ONU: “Sigue consternado porque el derecho de acceso a la justicia y el combate a la impunidad permanecen como el principal reto en México. La impunidad generalizada perdura como un patrón crónico. La alarmante impunidad favorece la perpetración de las desapariciones forzadas”.
“En conclusión: el Grupo de Trabajo reitera su pesar por los pocos avances registrados en la implementación de sus recomendaciones. Los grandes desafíos detectados por el Grupo de Trabajo durante su visita y plasmados en su informe de misión aún perduran. Salvo excepciones, la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación. Esta realidad puede y debe ser transformada. El Estado cuenta con una oportunidad histórica de transformar la situación imperante. Los cambios constitucionales, legales y administrativos recientemente adoptados y los que están por adoptarse brindan una ocasión dorada para que se implemente en los hechos una política de Estado integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. A las víctimas y a todas aquellas personas que trabajan arduamente para erradicar las desapariciones forzadas y enfrentar sus consecuencias, el Grupo de Trabajo les refrenda su solidaridad y reconocimiento. Al Estado, el Grupo de Trabajo le reitera las recomendaciones que siguen sin cumplirse, le invita a proveer información actualizada sobre la implementación de todas sus recomendaciones, pero sobre todo, le manifiesta su plena disponibilidad para continuar con el diálogo constructivo y brindar su apoyo y cooperación para garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de desaparición forzada de personas. Asimismo alienta al Estado a implementar las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada y del GIEI”.
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