La solidaridad con las víctimas de desapariciones forzadas

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La cálida mañana en el campus de la Universidad Autónoma de Querétaro contrastaba con las sonrisas y miradas tristes de los asistentes a la Segunda Jornada por los desaparecidos en México, muchos de ellos viviendo la tragedia de tener un familiar que no encuentran.

La gente reconoce a Javier Corral en cuanto arriba a la explanada de Rectoría, gente que viene de Tamaulipas, Guerrero, Nuevo León y oriundos de Querétaro. Reconocen la trayectoria del legislador, saben que pueden contar con su apoyo porque es un legislador que lleva denunciando la tragedia de Ayotzinapa desde hace un año, a diferencia de los senadores simuladores que el día de ayer usaban la tribuna de la Cámara Alta para fingir indignación ante la desaparición de los 43 normalistas.

Inicia la conferencia y Corral, con su característico estilo para explicar los temas de forma clara y con sustento en los datos más recientes disponibles, así da a conocer la existencia de un informe elaborado por el grupo de trabajo del Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, publicado el pasado 11 de septiembre. Un documento que ha pasado silenciado por los medios de comunicación porque su contenido sólo viene a reforzar los dichos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); el Estado mexicano no está interesado en resolver la crisis de Derechos Humanos que amenaza con explotarle en las manos.

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El documento, afirma que “resulta preocupante constatar que la mayoría de las recomendaciones fundamentales para implementar los programas estructurales en materia de desaparición forzada no han sido plenamente implementadas, pero más preocupante resulta bajo la situación deteriorada que prevalece en México”.

Javier Corral admitió que el Senado no está para emitir puntos de acuerdo, sino el Congreso en conjunto debe cumplir con su propia reforma constitucional y emitir la Ley General Contra la Desaparición Forzada. En junio de este año se publicó la reforma al artículo 73 de la Constitución  que destaca como una de las facultades del Congreso legislar en materia de desaparición forzada y establecer los lineamientos penales para generar una Ley que ofrezca garantías, prevenga y dé seguimiento y atención puntual integral a la reparación del daño de las víctimas.

Habla Angélica Ávila Ramírez, vocera de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León, quien busca a su hijo Gino Alberto Campos Ávila, desaparecido desde el 8 de julio de 2011. Habla del dolor y sufrimiento de perder un hijo, lo describe como “una muerte en vida”. Sin embargo, el dolor no se volvió incapacitante, fue el motor que la llevó a ser una de las promotoras de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos.

Al principio fue difícil luchar contra la indolencia de las autoridades, pero logró allanar el camino para las personas que encaran esta desgracia y se acercan a la organización. Ella pide una Ley General en contra de la Desaparición Forzada que no quede sólo en el papel. Como ella misma dice no domina la elocuencia en la palabra, pero no lo necesita, sus acciones a favor de las personas que tienen un familiar hablan por ella misma.

Guillermo Gutiérrez, de Tamaulipas, también tiene una historia que contar. Su relato es la historia del deterioro que ha sufrido el terruño que un día llamó hogar, pero que ahora es conocido como “Mataulipas”, un lugar en donde la ley que impera es la del más fuerte, y en este caso el más fuerte es el narco. Cuenta como se llegó al extremo de reportar 40 desapariciones diarias y ahora no hay ninguna autoridad de ningún nivel de gobierno que pueda transitar por Tamaulipas. Mientras Guillermo continúa en la búsqueda de su hija, el gobernador y su familia viven en Estados Unidos.

En Guerrero desapareció un chef, pero detrás dejó una esposa e hijos, y también una madre que lo busca sin descansar, Sara Olea Robles. Oriunda de Querétaro, su hijo se trasladó a Acapulco para trabajar. Cuatro meses después se esfumó sin dejar rastro. La fiscalía de Guerrero le negó el acceso a la justicia argumentando que su hijo no nació en el estado de Guerrero y que la denuncia la debe presentar en Querétaro. Sigue buscando justicia.

Pero hay una luz al final del túnel. Corral les dice como la sociedad puede incidir en la determinación de las acciones del gobierno, Recuerda como en la misma Universidad Autónoma de Querétaro se fundó, el año pasado, un capítulo del Frente por la Comunicación Democrática, que a la postre serviría para frenar la voracidad del duopolio televisivo.

Sara tiene ahora la convicción de formar un grupo que se acerque a legisladores locales de Querétaro. Corral le ofrece su asesoría  para conseguir su objetivo y le aconseja también contactar a las senadoras por Querétaro, Marcela Torres Peimbert y Sonia Rocha, panistas que pueden abonar a la causa.

De manera imprevista llegan unos activistas para invitar al chihuahuense al Parque Corregidora. Ahí se encuentran personas en huelga de hambre por 43 horas en protesta por la injusticia cometida en Ayotzinapa. Corral promete acudir al llamado, pero antes debe cumplir compromisos.

Medios locales también quieren una declaración y tienen sus propias preguntas. Las entrevistas se desarrollan mientras caminan rumbo a Radio Universidad para participar en el programa “Presencia Universitaria”. Después visita al Rector Gilberto Herrera para charlas un momento sobre el momento político y social que se vive.

Finalmente Corral se presenta en el Parque Corregidora, donde aguardan en huelga de hambre por 43 horas algunos activistas. El mensaje que les da es de solidaridad, porque quienes tienen los recursos y medios tienen el deber moral de luchar por aquellos que no los tienen y no los pueden adquirir. Así concluye la jornada por tierras queretanas.


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