Entre abril de 2013 y noviembre de 2014, la confianza en el Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) cayó 11 puntos porcentuales, al pasar de 50 a 39% (Reforma, 13/12/14). Si en general la pérdida de credibilidad de las instituciones es lamentable, resulta más sensible en el caso de los órganos comiciales, por cuanto contribuye al desencanto que grandes porciones de mexicanos sienten respecto de la democracia.
El INE atraviesa por una situación anómala centrada en el dominio que el bloque de cuatro consejeros propuestos por el PRI (Baños, Galindo, Favela y Andrade) mantiene sobre el Consejo General. Aunque los consejeros restantes hacen mayoría, no han sabido librarse de la influencia dominante de ese grupo, como quedó acreditado en el proceso para la designación de los consejeros estatales, en el cual el bloque contó con el voto de Javier Santiago, propuesto por el PRD.
Galindo y Favela son parte de la Comisión de Quejas que acaba de poner al INE en entredicho, al suspender injustificadamente la difusión de un spot del PRD que incluía la imagen del conductor estrella de Televisa.
El poderoso consejero Marco Antonio Baños se ha convertido en el factótum del INE, al grado de que es común escuchar dudas sobre quién lo encabeza realmente, porque el presidente formal, Lorenzo Córdova, parece tener como preocupación primordial el discurso intramuros y extramuros, mientras Baños opera, negocia, decide. Es notable, por ejemplo, el caso de la ineficiente y sospechosa Unidad de Fiscalización, que no pudo detectar en 2012 un porcentaje importante del gasto real de campaña de los partidos, y aun así su equipo sigue siendo el mismo. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Benito Nacif, crítico del trabajo de la Unidad, no ha podido renovarlo porque ese equipo tiene el manto protector de Baños.
Conviene recordar dos novedades en materia de fiscalización, derivadas de la reforma electoral de 2014: a) el INE posee ahora la atribución de fiscalizar todos los gastos de los partidos y candidatos, tanto de procesos federales como estatales; b) los rebases de topes de campaña mayores de 5% pueden ser causal de nulidad de una elección y, naturalmente, tales excesos serían determinados mediante una fiscalización adecuada. Estas circunstancias harían suponer que el INE debería dedicarle a este delicado rubro una gran atención y cuidado, pero existen indicios de que no está siendo así.
El principal de tales indicios se relaciona con el incumplimiento de la empresa contratada por el INE, Scytl, en el desarrollo del sistema informático para la contabilidad en línea, la fiscalización y la transparencia de los gastos partidarios. El pasado 14 de diciembre debió entregar el primer módulo y al día siguiente iniciar la capacitación del personal que lo operará, fase que concluiría el 9 de enero (Guadalupe Irízar, Reforma, 06/01/15), pero ambos plazos fueron incumplidos.
El contrato con Scytl no parece ser el mejor para el órgano comicial porque comprende solamente servicios y no otros bienes informáticos. Su duración es de tres años, transcurridos los cuales el INE puede optar entre seguir o terminar la relación, pero en este último supuesto Scytl entregaría toda la información, pero no los sistemas. Adicionalmente, es razonable preguntar si fue una decisión adecuada contratar a una empresa que había incurrido en irregularidades en comicios de Ecuador (Reforma, íd.)
Mientras los consejeros deshojan la margarita sobre si rescinden o no el contrato a Scytl, el tiempo sigue transcurriendo y abre una gran interrogante sobre si el sistema estará operando para la fiscalización de las cuentas de los partidos, en particular las de campaña. Es probable que no lo esté, pero no sólo eso, corren versiones de que la Unidad de Fiscalización no está trabajando adecuadamente y ya carga retrasos importantes, de suerte que la demora de Scytl es sólo una entre otras. Quizá lo peor es que al Consejo General, incluida su Comisión de Fiscalización, no parece importarle mucho el problema y sigue consumiendo demasiado tiempo en asuntos secundarios en vez de dedicarlo a una de sus funciones clave. Por su parte, los partidos tampoco muestran mucho interés en el problema, quizá en espera de un fracaso de la fiscalización, acaso pensando en las ganancias de pescadores en río revuelto.
De ese modo, la fiscalización puede ser un riesgo más que se agrega a otros que gravitan sobre los procesos electorales federal y locales de 2015, como la explosiva situación en varias zonas del país, por ejemplo.
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