INE, el otro fracaso

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El país atraviesa por un momento complejo, se reitera estos días por todos lados. Los casos de Tlatlaya, en el Estado de México, y de Iguala, en el Estado de Guerrero, marcan la mayor crisis de derechos humanos que hayamos enfrentado, son el rostro de la regresión autoritaria y del deterioro institucional persistente. Los fusilamientos a manos de miembros del Ejército nos recuerdan la guerra sucia de los 70´s, y los normalistas desaparecidos por la combinación criminal de policías y sicarios nos muestra intacto el problema de la inseguridad y la delincuencia organizada; nos descubre el pasado de horror, que no sólo no se ha ido sino que, por estas sombras del ayer y hoy, anticipa un futuro también sombrío, en donde los problemas crecen y se desbordan.

Está claro que enfrentar el narcotráfico va más allá de cambiar una estrategia comunicacional basada en un acuerdo de silencio entre los gobernadores y  y la secretaría de gobernación sobre ejecuciones y hechos de violencia, hacer desaparecer los ejecutómetros en los medios y dictar lineamientos para el enfoque de los noticias; las fosas están ahí, sacando decenas de muertos, sin identidad reconocida y sin ser uno sólo de los 43 normalistas. Se cambió la percepción, pero no la realidad, tan podrida como simulada.  

En otros ámbitos de la vida del país está pasando lo mismo, pero estamos concentrados en la tragedia y en el dolor de los familiares de Ayotzinapa; sin embargo vivimos un gobierno de fachada, que traduce en otros sectores y en varias de las reformas constitucionales y legales de las que se ufana, ejercicios de simulación que también nos pondrán en riesgo valores e instituciones que creíamos logradas.

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Es el caso del Instituto Nacional Electoral que, surgido de una nueva reforma político-electoral que apostó por mejorar las condiciones de equidad e imparcialidad de la competencia electoral, se está convirtiendo a pocos meses de su integración y a pocos días de arrancado el proceso federal, en uno de los elementos de la discordia, la inestabilidad y la inequidad electoral;  otro signo del fracaso temprano del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Grotesco pero cierto: el INE está arriesgando de una manera irresponsable la elección del 2015; su propia autonomía está seriamente amenazada. Se han trasladado de nueva cuenta a la Secretaría de Gobernación negociaciones de asuntos que debieran ser exclusivos de su competencia; lo grave es que ahí están de nuevo los partidos políticos en acuerdos directos con el Secretario, como si estuviéramos en tiempos de la Comisión Federal Electoral.

¿Porqué tan pronto este deterioro en el consejo general del INE?, ¿O se trata de una ingenuidad de mi parte, que conocedor de la dinámica de cuotas partidistas y compadrazgo que lo integró, no supuse lo que sobrevendría?.

El grupo de consejeros electorales que impulsó el PRI en el INE está desatado, con Marco Antonio Baños a la cabeza, actuando como grupo compacto, con proyectos y votaciones uniformes dentro de un cuerpo colegiado; no supuse un descaro así, lo admito, que se niega a contemporizar – en la pluralidad de ese órgano – con los principios constitucionales básicos de la función electoral, la independencia e imparcialidad entre ellos.

Las primeras y muy importantes decisiones del INE describen la simulación que se vive, y la ausencia en el conjunto de ese órgano de una decisión clara y contundente de atajar el agandalle priísta, traza los miedos, los intereses personales y los medios mirajes con los que el bloque oficialista se alía para formar mayoría en un órgano de once miembros, según el tema y siempre que no estén en juego verdadero los intereses del gobierno federal o los de las Televisoras. Y para cada una de sus zonas de resguardo, tiene secuaces tanto en el PRD como en el PAN.

El INE ha infringido ya varios golpes a la equidad del proceso electoral, y contribuye desde su ámbito al Pacto de Impunidad. 

En la reciente reforma electoral, se colocó como tesis central la creación de una autoridad nacional electoral que nombrará a las autoridades electorales locales, que se desempeñen tanto en proceso locales como federales. El propósito era quitarle a los gobernadores el control y la presión que ejercían sobre los funcionarios adscritos a los institutos electorales locales que existían con el extinto Instituto Federal Electoral (IFE).

La integración de los Organismos Públicos Locales Electorales estaba planteada como la primer gran prueba de autonomía, independencia, imparcialidad, equidad y legalidad de la institución que creó la ley y que configuró este Congreso, particularmente el Senado de la República.

El proceso de renovación de los organismos electorales en las entidades federativas tenía como finalidad, la de su integración por personas que entrañaran o encarnaran, en términos de sus biografías personales, valores, actitudes, aptitudes, conocimientos, capacidades vinculadas con los principios de la función electoral: de legalidad, de certeza, de independencia, de imparcialidad, de máxima publicidad y de objetividad. Pero el INE que nació para quitarle a los gobernadores esa influencia indebida, terminó entregándole a los partidos, esos órganos. Donde el PRI se adjudicó casi la mitad de los nombramientos. Porque ahí donde el PAN o el PRD ponen a un soldado de sus filas, el PRI pone cuatro.

Una vez que se definió en el proceso de selección para integrar los denominados OPLES, que el universo final por entidad sería de 22 candidatos para escoger cinco consejeros electorales locales,  el bloque de consejeros impulsados por el PRI, Marco Antonio Baños, Adriana Favela, Enrique Andrade y Beatriz Galindo, con el apoyo del consejero Javier Santiago, hicieron un juego de alta perversidad y manipulación: acordaron votar por las mismas personas en cada entidad, esto es, por 11 candidatos hombres y 11 candidatas mujeres. Ello implicó la criba más fuerte de todo el proceso. La perversa estrategia tuvo éxito.

De las 126 designaciones de Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales en 18 OPLEs, 114 fueron impulsadas por el bloque prista en la revisión curricular. Solo 12 propuestas que no fueron “votadas” por el bloque priísta pudieron llegar a ser consejeros electorales. De las 114 propuestas que apoyó el bloque, solamente 30 fueron votadas con unanimidad de los 11 Consejeros, las otras 84 pasaron a la etapa de entrevistas con el bloque más diversas combinaciones de Consejeros que votaron por las que a su juicio y en libertad de conciencia, consideraron las mejores opciones.

Esto dio como resultado que exactamente la mitad de las designaciones tienen identificación o vínculos con el Partido Revolucionario Institucional. Este ha sido sin duda, el golpe más duro al principio de imparcialidad, a manos del propio INE. No es el único.

Esta semana en la que el país observó la mayor manifestación de estudiantes en las calles de la Ciudad de México para exigir justicia en el caso de Ayotzinapa, el INE tomó decisiones que constituyen un retroceso para la vida democrática de México, amparado en que las miradas se vuelcan a Guerrero.

La legislación electoral vigente, como la anterior estipula un deber a la autoridad electoral en el artículo 185 de la LGIPE:  1. El Consejo General ordenará la realización de monitoreos de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias. Los resultados se harán públicos, por lo menos cada quince días, a través de los tiempos destinados a la comunicación social del Instituto y en los demás medios informativos que determine el propio Consejo.

Esta disposición es una conquista de la larga lucha por el derecho a la información de los ciudadanos en el proceso democrático y busca incidir en la equidad de la cobertura informativa por parte de los medios de comunicación en las contiendas electorales.

Por mayoría de siete votos contra cuatro, el Consejo General decidió el miércoles pasado excluir de ese monitoreo en radio y televisión a los programas de opinión, análisis y debate, que hoy por hoy constituyen casi la mitad del tiempo que se dedica a la transmisión de información y noticias sobre el acontecer político y electoral del país; segmentos también desde los cuales se enderezan los linchamientos o promoción de candidatos o actores políticos.

Datos del informe final del Monitoreo que realizó la UNAM del proceso electoral federal 2012, presentado al Consejo General el 2 de agosto del mismo año (págs. 9 a 12 del Informe), señala que: El total del tiempo monitoreado en periodo de campaña destinado a los partidos y coaliciones para el cargo de Presidente de la República equivalió a 156,984 piezas informativas que incluyeron 5 géneros periodísticos (nota informativa, reportaje, entrevista, opinión y debate. De las 156,984 piezas informativas monitoreadas, 24,374 pertenecían a los géneros opinión y debate, es decir, el 15% del total de las piezas. Pero ese 15% de piezas informativas equivalió al 42.6% del tiempo total monitoreado. Es decir, el 42.6% del tiempo, casi la mitad, estuvo exento en 2012 de la “valoración de contenidos”.

Bajo el pretexto de defender la libertad de expresión de los opinadores y comentaristas,  se defendió en realidad los intereses del duopolio de la Televisión, al que no quieren causarle ningún "acto de molestia"; así consideran varios consejeros el hecho de sólo documentar, valorar y exhibir cómo reflejan en esos profusos espacios la competencia electoral. Porque como se sabe el ejercicio de monitoreo no obstaculiza y limita la libertad de expresión, NO es vinculante de los Lineamientos que se sugieren a los medios de comunicación y del monitoreo, se advierte incluso la imposibilidad de iniciar procedimientos sancionadores, ni acto de molestia alguno en contra de cualquier medio de comunicación y/o periodista.

Esa misma sesión tuvo como corolario otra vergonzosa decisión: declarar infundada la queja presentada por el Diputado Federal Ricardo Monreal Avila, sobre la promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por parte del Enrique Peña Nieto, derivado de los programas especiales de televisión, tanto el programa "HOY", como la serie televisiva“Conversaciones a Fondo”, organizado por el Director del Fondo de Cultura Económica, transmitido en los canales 2, 11, 13, 22 y 30 de televisión abierta, todos transmitidos desde el Palacio Nacional, producidos por la Secretaría de Gobernación, y que constituyen una clara violación al artículo 134 de la Constitución. El Pacto de Impunidad que tiene al país en vilo, es alimentado también en la esfera electoral donde claramente se perfilan para el resto del sexenio las dos excepciones jurídicas al control democrático de las contiendas electorales: el Presidente de la Republca y las Telvisoras.

 

 

 

 

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