Los acontecimientos del día primero en el estado de Jalisco fueron de tal magnitud que obligó a la autoridad federal a actuar. Lo sucedido en aquel día no fue un acto menor, fue un reto deliberado a la autoridad con el que se buscó acorralarla y puso a prueba el Estado de Derecho en México.
Todo comenzó con una supervisión rutinaria de caminos en el sur de Jalisco en la que se localizó una caravana de vehículos sospechosos. Al intentar acercarse un helicóptero militar, éste de inmediato fue atacado con un lanzagranada que destrozó su rotor trasero. Al caer a tierra, el helicóptero se incendió, con un saldo de víctimas que a la fecha suma 9 fallecidos y 8 heridos entre los 18 que lo tripulaban; no se ha aclarado si fueron por el impacto, por el incendio o por disparos. La información que ofrecen las autoridades al respecto es muy limitada.
Lo que sucedió a continuación preocupa tanto o más que el ataque al helicóptero: en 20 lugares de la ciudad de Guadalajara, y en otros 19 de ese estado, comandos armados detuvieron camiones y autobuses para prenderles fuego e interrumpir la circulación, además de incendiar 11 sucursales bancarias . Lo sucedido no sólo sorprendió a la población sino a la propia autoridad que se vio rebasada sin saber cómo reaccionar.
Todo parece sacado de una novela de ficción, pero no es así. Son hechos duros, reales y trágicos que ponen en duda la capacidad de la policía y del ejército para enfrentar al crimen organizado. Fallaron tanto los protocolos como las acciones a seguir. El protocolo de investigación que siguió el helicóptero que efectuaba el patrullaje o fue erróneo -no se sabe si viajaba solo o con otros aparatos- o si fueron sorprendidos por actuar imprudentemente. Por el otro lado, las autoridades civiles y las policiacas no tienen previsto qué hacer en casos de alerta roja como éste.
Tanto lo sucedido en el ataque al helicóptero como en las calles y carreteras de Jalisco no sólo son muestra de falta de protocolos, sino de la carencia de una labor de inteligencia de las autoridades para anticipar las acciones, capacidades y fortalezas de los grupos criminales.
En los protocolos se prescribe cómo actuar en los más diversos escenarios para evitar abusos policiacos, pero también para preservar la salud y la vida de quienes participan en una misión. En ellos se establece cuando usar armas y cómo se defiende en los distintos casos, los métodos de repliegue, de rescate y de ataque; en suma, prevén qué puede suceder.
El gobierno federal decidió hace una semana hacerse cargo de la seguridad pública de Jalisco y sometió a la policía estatal bajo el mando de la policía federal, como si ése fuera el único problema. La falta de reacción al incidente inicial si fue un problema local, pero lo sucedido al helicóptero era una operación federal. El problema es de fondo, de todos los órdenes de gobierno y amerita un tratamiento serio y cuidadoso.
Triste fue la reacción de la sociedad civil. A la convocatoria de una «marcha por la paz» asistieron menos de 2000 personas, cifra ínfima en una ciudad de más de 6 millones. Quizá la convocatoria fue mal hecha, pero a la ciudad debiera importarle estar bajo amenaza.
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