En una entrevista con el diario británico Financial Times, el presidente Peña Nieto dijo que -tanto el caso de los estudiantes supuestamente asesinados e incinerados en Iguala, Guerrero, así como las sospechas de conflicto de interés- han causado una “pérdida de confianza” entre los mexicanos, que “el país está plagado de incredulidad”. Sin embargo, agregó que aún hay “tiempo para mostrar resultados (…) Soy optimista”.
El presidente Peña Nieto pretende engatusar a la opinión pública internacional, al admitir la crisis de credibilidad que enfrenta su gobierno. Pero a la sociedad mexicana es difícil que se le pueda extender por más tiempo el embaucamiento del primer año. ¿Quién en su sano juicio puede concederle a Peña el beneficio de la duda? Los signos y acciones que plantea el gobierno son a contrapelo de esa declaración; está en marcha una regresión autoritaria y corrupta en el ejercicio del poder.
El Presidente hace todo lo contrario para que su dicho en el Reino Unido fuera verosímil, ya no digamos verdadero: busca asegurarse una impunidad transexenal en los principales órganos de procuración e impartición de justicia de la nación, proponiendo personas que le son política y personalmente incondicionales, incluso con lazos familiares, además vinculadas orgánicamente a Televisa, ese poder sin el cual Peña Nieto no hubiera sido candidato ni presidente, el mismo poder que lo ha abrigado de impunidad mediática frente a los escándalos de las cuatro casas inexplicables. Triple blindaje el que el Presidente pretende asegurarse: el del ministerio público, el mediático y el jurisdiccional. También las carreras de Arely Gómez y Eduardo Medina Mora no se entienden en los gobiernos del PAN y del PRI sin la promoción y el impulso del monopolio televisivo.
De ahí la transferencia de poder a Televisa que cínicamente se plantea; la mayor por cierto dentro de las estructuras formales del gobierno. Las reformas legales de 2006 como la de 2014 para beneficiar a Televisa, han sido claudicaciones y traiciones del poder estatal que ha creado un agente económico privilegiado e intocable en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones, con el que nadie puede competir porque se le llenó de privilegios, regalos de espectro, dispensas regulatorias, tratamientos administrativos especiales, condonaciones fiscales. Pero la colocación de dos personajes vinculados directamente a la televisora en cargos estratégicos de la procuración de justicia, representaría la mayor cesión de poder estatal a un partícular. Los linchamientos mediáticos, a los que es tan afecta Televisa, tendrían ahora cauce penal y un instrumento de presión en el mismísimo Poder Judicial. Por la corrupción que enloda a Peña Nieto están dispuestos a llevarnos directamente al abismo.
En el caso de la senadora con licencia Arely Gómez -a quien Peña propuso como procuradora y seguramente será ratificada por el Senado- podría sumarme a las voces que destacan su buen carácter, mejor estilo al relacionarse con los demás y otros atributos ciertos, pero todo ello junto no es suficiente; de ella sólo he recibido buen trato y atenciones, por eso me apena mucho anticipar que no votaré por su ratificación. No voy a engañarme en aras de una falsa cortesía. Ante las negociaciones y componendas que se producen entre las bancadas y el gobierno, donde llega ya todo cocinado, he decidido hacerme cargo sólo de mi voto. Que los demás respondan por el suyo.
Estoy convencido que la senadora Gómez carece de dos datos esenciales: independencia política y autonomía personal. Estos son elementos indispensables en el momento que vivimos, una crisis de legitimidad del Estado Mexicano que urge a terminar con el sistema de tapaderas, la cultura de la complicidad, en las que se basa el pacto de impunidad. Lo anterior cobra mayor preocupación al considerar el alcance de la reforma constitucional que creó la Fiscalía General de la Nación, pues este relevo propuesto por el Presidente -y si el Congreso declara la vigencia de esta figura con autonomía constitucional-, automáticamente convertirá a la procuradora en fiscal, durará en el cargo 9 años y no aplicarán para este caso el procedimiento de remoción previsto en la misma Constitución.
El caso de Eduardo Medina Mora tiene los mismos problemas -agravados- que los de la legisladora con licencia, pero sin sus virtudes personales. Carece además de uno de los requisitos constitucionales para ser ministro, se le han revelado estos días varios conflictos de interés, está colocada sobre el escritorio de varios senadores información que da cuenta de sus vínculos estrechos con el presidente Peña Nieto -de compadrazgo-, y con el consejero jurídico de éste, Humberto Castillejos, con quien actuó coordinadamente en varios asuntos legales. Medina Mora ha sido un público defensor de los intereses de Televisa, activismo que llevó al extremo en 2007, cuando siendo procurador general de la República en el gobierno de Calderón, cabildeaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la Ley Televisa y voz en cuello desafiaba que esa reforma legal “jamás la iban a perder”.
Que el PRI lleve en sus listas plurinominales para diputado federal al vicepresidente de Información y Asuntos Públicos de TV Azteca, Tristán Canales, es sólo la parte proporcional de la compensación que le toca a la otra televisora, en una de las operaciones políticas que blinda a Peña Nieto transexenalmente de ser investigado, esto es, cuando ya no tenga el poder. Por ello el Presidente está optimista, no importa que estemos “plagados” de desconfianza.
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