En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el presidente tabasqueño construyó su narrativa política en torno a la erradicación de la corrupción y el robo de combustibles, conocido como huachicol. En mañaneras y discursos, AMLO agitó un pañuelo blanco en 2020 para simbolizar el fin de estas prácticas, afirmando que el huachicol se había reducido en un 94%, salvando 50 mil millones de pesos anuales. En su Primer Informe de Gobierno, en 2019, declaró: «Ni huachicol arriba ni huachicol abajo», equiparando el contrabando de combustible con la evasión fiscal de élites. Sin embargo, escándalos recientes cuestionan esta versión idílica, revelando una red de corruptelas que involucraron a altos funcionarios cercanos al gobierno, incluyendo militares y aliados políticos. La pregunta central es: ¿sabía López Obrador de estos ilícitos o su desconocimiento confirma una gestión ineficaz?
El caso del huachicol fiscal emerge como el más explosivo. Este delito consiste en importar hidrocarburos con documentación falsa para evadir impuestos, generando pérdidas estimadas en 170 mil millones de pesos durante el sexenio. En septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una red operando en puertos como Tampico, Tamaulipas, con decomisos de 10 millones de litros de diésel. Implicados incluyen al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, quien sirvió todo el sexenio bajo AMLO. La oposición, liderada por Ricardo Anaya del PAN, exige investigar a López Obrador, recordando sus propias palabras en 2019: «El presidente está enterado de todas las tranzas» y «nada ocurre sin su visto bueno». Si sabía, su hipocresía sería monumental, al negar sistemáticamente la corrupción mientras militarizaba aduanas y puertos para supuestamente blindarlos. Investigaciones de la FGR indican que la red operaba desde hace dos años con conocimiento parcial del gobierno, pero sin acción decisiva hasta la administración de Claudia Sheinbaum.
Otro escándalo ilustra la doble vida en el círculo de AMLO: Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto López (aliado clave de AMLO y actual senador de Morena). Bermúdez, nombrado en 2019, fue detenido en septiembre de 2025 en Paraguay como líder de «La Barredora», célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada a extorsión, narcomenudeo y robo de hidrocarburos. Informes de inteligencia militar, filtrados desde 2019, vinculaban a Bermúdez con el crimen organizado, incluyendo una mini-refinería clandestina en Veracruz que procesaba huachicol desde 2020, con conocimiento federal. Adán Augusto niega haberlo sabido, pero su rol como secretario de Gobernación (2021-2022) bajo AMLO sugiere negligencia o complicidad. Bermúdez operó impunemente hasta 2024, cuando renunció ante una crisis de violencia en Tabasco.
Estos casos no son aislados. El sexenio acumuló irregularidades por 100 mil millones de pesos solo en el primer año, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en programas sociales y obras como el Tren Maya. Escándalos como Segalmex (15 mil millones desviados) y contratos a modo en Pemex involucraron familiares y amigos de AMLO, como los «hijos del presidente» en la Casa Gris. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documenta sobornos, moches y financiamiento ilegal de campañas, contradiciendo el discurso de «cero corrupción».
Si López Obrador sabía —como él mismo proclamó que los presidentes siempre saben—, su gobierno representa una hipocresía colosal: prometió transformación, pero permitió que la corrupción permee instituciones militarizadas y aliados locales. Si no sabía, confirma una presidencia de fachada, donde AMLO actuó como eterno candidato con poder, delegando en un aparato ineficiente y opaco. En ambos escenarios, México pagó el costo: miles de millones perdidos y confianza erosionada. La nueva administración debe desmantelar estas redes para restaurar la credibilidad institucional.
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