Ya antes las entidades alrededor de la Ciudad de México habían manifestado su rechazo al programa de verificación vehicular.
El viernes pasado millones de propietarios de un automóvil dieron un suspiro de alivio por el fin del doble Hoy No Circula.
Una medida emergente para enfrentar los altos niveles de la contaminación que se registraron en el primer semestre del año, pero que significó un severo castigo a los ciudadanos que enfrentaron la realidad de un sistema de transporte público deficiente combinado con una nula estrategia de gobierno.
Desarticulados, los gobiernos federal y locales de la Megalópolis trabajaron —en realidad una imposición unilateral de la federación— una improvisada norma emergente de verificación vehicular con un nuevo modelo que, a tan sólo tres días de entrada en vigor, arroja más efectos colaterales que soluciones.
Confusiones, fallas en verificentros, dudosa vigilancia remota y una doble verificación han sido los hallazgos de quienes han buscado atender esta ideática solución del gobierno.
Como una sorpresa, el nuevo programa de verificación vehicular en la Ciudad de México incluye una doble revisión, como un completo sin sentido, pues no sólo se hará una prueba OBD (On Board Diagnostics), sino que a los modelos anteriores a 2015 también se les someterá a la prueba del dinamómetro.
Cuando lo que se buscaba era desaparecer la prueba dinámica para los automóviles posteriores a 2006, pues es donde se gesta la corrupción, el gobierno de la ciudad determina mantenerlo como medida de control, apoyado por vigilancia remota a través del C-4.
El resultado: desorden tanto en usuarios como en los propios trabajadores de los verificentros, quienes aún demuestran su desconocimiento de esta nueva implementación.
Pero aquí no acaba el problema. La nueva norma obliga a la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala a homologar su programa de verificación vehicular. Sin embargo, no se desarrolló un plan de soporte e inversión.
En consecuencia, los estados están incapacitados a responder con la demanda de las medidas establecidas de la Federación. El caso más claro es Morelos, donde se determinó de plano suspender la verificación vehicular hasta 2017. Lo que obligará a los automovilistas del estado vecino a venir hasta la ciudad a verificar sus vehículos si es que buscan el holograma homologado.
Ya antes las entidades alrededor de la Ciudad de México habían manifestado su rechazo al programa de verificación vehicular; hoy, además de ello, se suman las incapacidades técnicas y presupuestales que debieron haber sido previstas por el gobierno federal cuando impuso la norma emergente.
Tres meses duró el castigo a los ciudadanos y ahora que los vehículos han salido a circular nuevamente de manera normal, se esperaría que la capacidad de atención y reacción de los gobiernos estuviera a la altura de la demanda y circunstancias. Pero ésa no es la realidad que hemos visto en los primeros días.
Escepticismo e incredulidad ante las incapacidades demostradas y las actitudes reticentes que han tomado los gobiernos. Tenemos en puerta un nuevo modelo de verificación vehicular con lastres de los pasados esquemas y estrategias desarticuladas.
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