México se sumó a la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) desde 2011. La AGA es una coalición global formada ya por 64 países. A fines de 2014, México asumió la presidencia de la AGA (http://www.opengovpartnership.org/es). Ahora resulta que el Congreso pretende aprobar una Ley de Transparencia que contradice principios fundantes de la Declaración por el Gobierno Abierto.
A fines de 2013, en plena euforia pactista y reformadora, se aprobó una reforma de avanzada al art. 6º de la Constitución. La reforma convirtió al IFAI en organismo autónomo y estableció estándares mínimos para las leyes estatales. El IFAI recibió autoridad como última instancia para atraer quejas desde los estados y para generar un Sistema Nacional de Transparencia. Además se añadieron como sujetos obligados a los partidos y los sindicatos.
El plazo para aprobar la ley ya se venció. El Senado como Cámara de origen y el Congreso de la Unión como Poder -una vez más- están violentando la Constitución al no haber aprobado la nueva Ley General antes del 7 de febrero. Pero eso no es lo más grave.
La fracción del PRI, en complicidad con el Partido Verde, no está cumpliendo con su compromiso. La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción -que preside el senador Pablo Escudero del PVEM- estableció un plan de trabajo para discutir la nueva ley, basado en los más altos estándares de parlamento abierto, con amplia participación de expertos de la sociedad civil. Después de meses de trabajo conjunto, con el proyecto listo desde el 2 de diciembre, Escudero cerró los debates y desde la opacidad apareció un nuevo dictamen, con contenidos diferentes que representan un grave retroceso en materia de transparencia.
El avance logrado en la Constitución está en riesgo. Para aprobar la ley general basta la mayoría simple. El PRI y el PVEM pueden intentar aprobar la ley recortada con la ausencia cómplice de algunos senadores.
De aprobarse esta versión de la ley se rompe el compromiso con el gobierno abierto. El nuevo proyecto no cumple con las disposiciones internacionales en materia de acceso a la información. Tampoco cumple con el principio constitucional de máxima publicidad.
Especialmente porque pretende justificar la opacidad de la política económica al establecer como causal de reserva de información aquella que "pueda dañar la estabilidad económica, financiera o monetaria". Sin explicitar que el daño debe ser directo y tangible.Los retrocesos tienen visos de autoría gubernamental. Aunque no hay autor ni defensor abierto de estos retrocesos, se puede imputar la presión desde la Presidencia.
Y aquí es donde entra el problema para la AGA. Así como la autoexoneración no funciona en la arena internacional, tampoco funcionará el marketing para mantener la presidencia de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA).No hay manera de justificar el retroceso. El IFAI ya envió al Senado una carta con 10 puntos de atención. El Colectivo por la Transparencia y un amplio grupo de especialistas ha emitido un posicionamiento con propuestas precisas para solicitar que se revisen las modificaciones que se introdujeron al proyecto original. (http://bit.ly/1zIrwQN)
Hay que actuar. #3de3 y el Sistema Anticorrupción no pueden funcionar con transparencia simulada o parcial. Dicen algunos senadores que la nueva ley se topó con "las casas". Así que la batalla ciudadana contra la corrupción tiene un nuevo frente: Regresar al dictamen del 2 de diciembre y exigir #TransparenciaYA. (http://bit.ly/1zvTlLX)
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