Con este título destaco la importancia del diálogo en toda sociedad civilizada. Es fundamental que las autoridades y la sección 22 de la CNTE sigan buscando salida pacífica al conflicto, porque “hablando se entiende la gente”; y gobierno, maestros y sociedad somos un todo.
Pero no nos engañemos, la complejidad del problema es enorme, y sus raíces profundas; supera los verdaderos intereses de los disidentes. En esas zonas de alta marginación hay grupos subversivos de anarquistas, guerrilleros y narcotraficantes, y en el país hay fundada inconformidad de muchos docentes pacíficos y ejemplares por algunas cuestiones, que se contienen o faltan, en la reciente reforma educativa.
Todo ello debe llevar al gobierno, al magisterio y a la sociedad a cumplir, sin aplazamientos, las distintas tareas de corto, mediano y largo plazo.
En efecto, entre ellas, es urgente que la sociedad en su conjunto EXIJA Y APOYE ABIERTA Y DECIDIDAMENTE al gobierno en su delicada tarea de liberar plazas, calles, carreteras y caminos para que no se sigan conculcando los derechos de la población. La autoridad no debe claudicar ante el deber de garantizar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de todos los seres humanos que están bajo su protección.
Es alentador, aunque tardío, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación —históricamente controlado por el gobierno— recientemente haya propuesto una serie de modificaciones y adiciones al marco legal motivo de la trifulca. Si el Congreso de la Unión y, en su caso, las legislaturas de los estados, hacen pronto y bien su tarea para mejorar el texto vigente, y el Ejecutivo federal flexibiliza algunas decisiones, hasta donde la ley le permita, hallaremos una estrecha ruta de salida al conflicto del momento.
¿Por qué digo del momento? Porque en las zonas más conflictivas donde manda el narcotráfico subyace una pobreza ancestral, con odio y rencor acumulados durante siglos, atizados por grupos radicales, clandestinos, con resabios revolucionarios de los que ya quedan pocos en el mundo y que en todas partes han fracasado, auspiciando mayor esclavitud y retraso.
Además, el principal problema de la violencia del momento no estriba en el nuevo texto legal, sino en que, al recuperar el gobierno la educación pública que por tantos años estuvo en manos de ese grupúsculo que autoridades locales y federales corrompieron en el pasado, las de hoy no les liberan los miles de millones de pesos anuales que los líderes y varias ONG manejaron sin rendir cuentas, y que mucho servían año con año para financiar atropellos y chantajes. La CNTE sabe que sin movilizaciones ni dinero público… muere. Eso incendió el pastizal, y el crimen más abominable del gobierno federal, contra los niños y jóvenes hundidos en humillante marginación sería regresar, por encima o por debajo de la mesa de negociaciones, prebendas y privilegios a los cabecillas para que siga el oprobio.
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