Grupo Imagen, ganador del nuevo canal, demandará al Gobierno federal si retrasa el apagón

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Grupo Imagen Multimedia considera interponer una demanda contra el Gobierno federal si el apagón analógico no se lleva a cabo el 31 de diciembre de este año, como lo indica la Constitución, debido a los daños que la pausa implicaría para la empresa.

“Aplazar el inicio de las transmisiones digitales no sólo afectaría nuestro programa de inversiones de 10 mil millones de pesos, sino que el propio gobierno estaría incentivando prácticas anticompetitivas en favor de las televisoras abiertas de cobertura nacional ya existentes”, afirma Olegario Vázquez Aldir, propietario de la compañía, en un comunicado.

 

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De retrasar el apagón, continúa el empresario, el gobierno federal mancharía la transparencia con que se manejó la licitación para operar nuevas cadenas de TV abierta. “Se pondría en duda la intención del gobierno federal de hacer llegar nuevos y mejores contenidos a la población mexicana”, remata.

 

De acuerdo con Vázquez Aldir, ya existen algunos acuerdos publicitarios sobre las transmisiones de la nueva cadena de televisión que obtuvo a principios de año mediante una licitación. Grupo Radio Centro compitió por la segunda cadena, pero no concluyó el proceso.

 

La licitación que obtuvo Grupo Imagen fue para operar 123 frecuencias de televisión digital y está protegida por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y por la reforma homónima que pide dos cadenas nacionales de televisión digital abierta, las cuales competirán con las cadenas existentes.

 

El viernes pasado, Cadena Tres, de Grupo Imagen Multimedia, concluyó sus transmisiones en el canal 28 para volver en transmisión digital en el 2016. Fuentes cercanas dijeron a SinEmbargo que la entrada de tres de los conductores de Cadena Tres a Excélsior TV desplazó a algunos empleados de este canal hasta entonces sólo digital.

 

“Estamos listos para arrancar en 2016 con la cobertura nacional como el gobierno lo exigió en la asignación de la licitación”, expuso el empresario.

 

Ayer el Instituto Federal Electoral (IFT) cuestionó al Senador Javier Lozano Alarcón mediante un comunicado.

 

“Si no se quería que terminara la transición a la Televisión Digital Terrestre el 31 de diciembre de 2015, ¿por qué lo aprobó así? Si no se querían apagones analógicos anticipados ¿por qué los aprobó?”, cuestionó el instituto.

 

En ese sentido, mencionó que si a juicio del legislador –quien fue señalado en abril e conflicto de interés en la ley telecom– el problema no es la ley que aprobó, “¿por qué insiste tan activamente en cambiarla? y expuso que de lo único que se puede responsabilizar al Instituto es de cumplir con la ley “que el Senador votó a favor”.

 

POSIBLE PAUTA AL APAGÓN 

 

De acuerdo con el artículo décimo noveno transitorio, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Transición Digital Terrestre (TDT) culminará el 31 de diciembre de este año, en poco más de dos meses. Sin embargo, Televisa y legisladores de los tres principales partidos se han declarado a favor de una modificación a dicho artículo para que el plazo sea ampliado a fin de evitar afectaciones a los mexicanos. A decir de algunos analistas, la medida solo es para dejar intactos los intereses de las televisoras.

 

El pasado 21 de octubre, Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que veía “complicadísimo” y “bien difícil”, concretar la transición de lo analógico a lo digital en televisión abierta, y que más allá de querer boicotear el proceso, la empresa defendía el derecho a la televisión abierta de millones de personas en el país.

 

A esta declaración le siguieron otras de legisladores de los principales partidos. Miguel Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), habló de la presentación de una iniciativa que reformara la Constitución para que el apagón se concrete el 30 de junio de 2016. Por su parte, representantes del Partido Acción Nacional (PAN) propusieron que sea hasta el 31 de diciembre de 2016. A su vez, Emilio Gamboa Patrón dijo que su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), no permitiría que miles de familias se queden sin señal de televisión.

 

Del otro lado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a lo largo de todo 2015 han defendido el proceso de transición; incluso lo hicieron a pesar de la polémica que generó el hecho de que se entregaran televisiones en época electoral y por el costo que asciende a los 24 mil millones de pesos. En los últimos días han descartado la posibilidad de una prórroga en la fecha.

 

Toda esta problemática inició a partir del informe realizado el IFT y la SCT que detalla que tras haber concretado el apagón analógico en Monterrey, entre el 10.5 por ciento y el 14.3 por ciento de la población de esa localidad no tendría la capacidad de recibir las nuevas señales en formato digital. Azcárraga dijo a Gómez Leyva que a nivel nacional, sería el 10 por ciento de la población la que saldría afectada, entre siete u ocho millones de personas.

 

“Yo veo complicadísimo todo el proceso de la entrega de televisiones. La logística de eso es muy complicada. No solo no se deben afectar a los medios sino a nadie […] Sólo defendemos el derecho de la gente a la televisión abierta”, dijo en entrevista, y cuestionó la razón por la cual se estableció la TDT como un mandato constitucional.

 

En este sentido, Aleida Calleja, coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), señaló en entrevista con SinEmbargo, que si la fecha del apagón se estableció en la Ley, fue para evitar que pudiera prorrogarse un proyecto que ya viene desde 2004.

 

Si los tres partidos mayoritarios, PRI, PAN y PRD están de acuerdo, “es muy posible que la fecha se aplace. Corta memoria tienen esos legisladores, porque la TDT se puso en la Constitución para evitar un nuevo aplazamiento y para evitar que las televisoras obstaculizaran el apagón analógico […] La repentina preocupación social que tienen ahora algunos legisladores y el dueño de Televisa, francamente es risible porque no hay una sola experiencia internacional, donde se haya cubierto el 100 por ciento del apagón. El 10 por ciento se considera un porcentaje aceptable para proceder”, comentó Calleja.


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