En la elección del año 2000 para la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, hoy CDMX, se presentaron algunas quejas por la falta de residencia del entonces candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, pues el tabasqueño no había acreditado que viviera en la Ciudad de México el tiempo que marca la ley.
Militantes del PRD, como Demetrio Sodi, cuestionaron la candidatura de López Obrador, argumentando que no cumplía con los requisitos de residencia en el Distrito Federal, ya que había pasado gran parte de su carrera política en Tabasco. Estas impugnaciones buscaban descalificar su postulación, generando tensiones internas dentro del partido.
Además, otros partidos opositores también presentaron recursos legales para intentar invalidar su candidatura, enfocándose en aspectos técnicos y jurídicos similares. Sin embargo, la intervención del entonces presidente Ernesto Zedillo fue decisiva. Zedillo, a través de un acuerdo político y presiones institucionales, facilitó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolviera a favor de López Obrador, permitiendo su participación en la contienda. Esta resolución fue clave para que el tabasqueño pudiera competir y eventualmente ganar la jefatura de gobierno en las elecciones del 2 de julio de 2000.
Su triunfo en los comicios de ese año fue clave para su carrera política, llegando a la presidencia de la república en el año 2018.
Pero no hubo agradecimiento, usual en López Obrador, no reconoció la intervención para facilitar su candidatura a la jefatura de gobierno del Distrito Federal en el año 2000. La intervención de Zedillo, a través de acuerdos políticos y la resolución favorable del Tribunal Electoral, fue clave para que López Obrador pudiera competir, este aspecto no ha sido destacado ni mencionado por él en sus narrativas públicas sobre su trayectoria política.
Actualmente, a raíz de un texto que publicó la revista Letras Libres la presidenta Sheinbaum mostró su molestia por lo escrito por Ernesto Zedillo, quien acusó que “en los últimos meses de su gobierno (de López Obrador) y los primeros de su sucesora, Claudia Sheinbaum, el acertijo quedó diáfanamente resuelto: la transformación prometida era en realidad la de sustituir nuestra joven democracia por una tiranía”.
La presidenta Sheinbaum, en su conferencia mañanera prometió revelar la corrupción detrás del Fobaproa y de otras acciones del gobierno de Ernesto Zedillo.
El problema es que la presidenta, quien no se quita la venda ideológica, cometió dos errores; el primero, regresar a la discusión pública el tema del Fobaproa, lo cual trajo de nuevo las cuentas que dejó su antecesor en materia de deuda; y el segundo, que una vez más mostró la incoherencia de Morena al tener entre su militancia a personajes que votaron a favor del Fobaproa como parte del PRIAN u operaron para llevar a la práctica esta política.
Si el Fobaproa es un agravio que consideran como uno imperdonable, no se explica que hayan aceptado a quienes, como parte del PRIAN, votaron a favor del mismo; de igual forma, luego de aceptar que López Obrador endeudó al país “poquito”, según aseguró la presidenta, el enojo de la huestes obradoristas se incrementó por lo que mencionó en su carta de respuesta también publicada en Letras Libres: “Quienes han promovido su carrera política usando el rescate bancario, destacadamente López Obrador, nunca mencionan que el rescate ha sido objeto no solo de muchos estudios serios sino sobre todo de una auditoría por parte de un auditor internacional independiente, tal como lo dispuso el Congreso de la Unión de la legislatura 1997-2000. Los resultados de esa auditoría fueron oportunamente publicados”.
Como se ha recordado en redes sociales, hay varios que votaron a favor del Fobaproa y ahora gozan de la militancia morenista: Ignacio Mier, hoy senador de Morena, en 1998 era diputado priista que votó por el Fobaproa; Miguel Ángel Navarro Quintero, en 1998 fue diputado priista que votó por el Fobaproa, hoy es gobernador de Nayarit; Javier Corral Jurado, en 1998 era senador panista que votó por el Fobaproa y hoy es senador de Morena; por si lo anterior no fuera poco, también está en Morena, como diputada federal –defendiendo al Fobaproa en sus redes sociales– Patricia Armendáriz Guerra, quien en 1998 era vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encargada de intervenir a los bancos.
Y falta mencionar a la asesora presidencial Altagracia Gómez, hija de Raymundo Gómez Flores, uno de los empresarios rescatados por el Fobaproa.
Y si tanto les molesta Zedillo, no se entiende como mantienen en su gobierno a Esteban Moctezuma que fue su primer secretario de Gobernación, en tanto que el ahora canciller Juan Ramón de la Fuente empezó su carrera política como secretario de Salud del ahora enemigo público número uno del partido oficial.
¿Será que los malos resultados que estamos viendo en materia económica en el país hagan urgente un distractor como el que representa Zedillo y sus textos publicados?
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