La sentencia dictada en contra de Genaro García Luna, exfuncionario del gabinete de Felipe Calderón, el pasado 16 de octubre es parte de un escenario más amplio que implica lo que se ha estado viviendo en Sinaloa, la guerra por los territorios entre distintos cárteles del narcotráfico, la complicidad de políticos del actual y anteriores sexenios, todo esto con consecuencias para nuestro país que aún no pueden apreciar en su totalidad.
Que un funcionario público mexicano sea enjuiciado y encontrado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico nos muestra la complicidad entre el poder político y el criminal en nuestro país, pero hay que tener cuidado si lo queremos ver como algo exclusivo de administraciones anteriores –como muchos propagandistas quieren difundir– pues es algo que sigue ocurriendo en la actualidad, como muestran otros casos.
Uno de estos es lo que ocurre en Sinaloa, estado afectado por las acciones de los herederos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, uno de cuyos hijos se encuentra preso en Estados Unidos en tanto que otro estuvo involucrado en un curioso episodio que culminó con el traslado en contra de su voluntad y prisión de su principal socio, Ismael El Mayo Zambada García.
Zambada García, en una carta que dio a conocer su abogado poco después de su aprehensión, relató cómo fue invitado por engaños a una reunión en la que estaría presentes Melesio Cuén, asesinado ese mismo día, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha negado su asistencia al encuentro.
Posteriormente, Rocha Moya trató de justificar su ausencia argumentando que el día en que El Mayo Zambada fue llevado a Estados Unidos se encontraba en Los Ángeles y que nada tiene que ver con el Cártel de Sinaloa, pero el periodista Luis Chaparro descubrió que no hay registros de la entrada del mandatario de Sinaloa a Estados Unidos, algo que tendría que estar en los archivos de las autoridades estadounidenses.
La reacción de Rocha Moya fue culpar a Luis Chaparro, a Azucena Uresti y Miguel Badillo de lo que le pudiera ocurrir, de tratar de eliminarlo y presentó como prueba la bitacora del avión que un empresario le prestó, documento que se sospecha fue manipulado. Miguel Badillo afirmó en su colaboración del pasado 15 de octubre en varios medios que «aunque Rocha Moya ha negado reiteradamente que nada tuvo que ver con los hechos y que a él nadie lo investiga porque no es delincuente, ha explicado también que el día del secuestro (25 de julio) se encontraba en territorio estadunidense; mientras que el reporte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) señala que el gobernador sinaloense habría convocado a El Mayo Zambada para que lo ‘apoyara’ en una reunión con su enemigo político Cuén Ojeda».
En las elecciones estatales de 2021 en Sinaloa, las denuncias de que el narco influyó en los comicios –con detenciones o secuestros de representantes de la oposición o con acciones para inhibir la participación en ciertas zonas– fueron abundantes, a grado tal que se denunció que los cárteles fueron un elemento que definió el resultado electoral en varios municipios de la entidad, además de haber financiado a varios candidatos.
En el proceso electoral que culminó en las elecciones de junio de 2024, también fuimos testigos de los asesinatos de varios candidatos a puestos de elección de distintos partidos, muchos de ellos por grupos del crimen organizado.
No es difícil llegar a una primera conclusión: que la complicidad entre narcotraficantes y políticos mexicanos tiene en la intervención del primero en los procesos electorales una de las primeras consecuencias.
Pero, como comentamos al inicio, la sentencia en contra de García Luna nos muestra que esto apenas está comenzando, pues hay que recordar que en manos de las autoridades judiciales de Estados Unidos se encuentran Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López, Ismael El Mayo Zambada, Jesús Vicente Zambada Niebla, Ismael Zambada Imperial, Serafín Zambada Ortiz, todos miembros del Cártel de Sinaloa, quienes con sus testimonios, igual que sucedió en el juicio en contra García Luna, pueden implicar a exfuncionarios y funcionarios del gobierno federal y estatal.
En tanto, los reacomodos por el control de dicho cártel y su guerra por los territorios contra sus rivales seguirán con el consiguiente derramamiento de sangre y el esfuerzo del gobierno federal por tratar de ocultar el saldo de muertes con distractores.
Y es que el caso García Luna sólo refleja que hemos tenido, y tenemos, gobiernos que han permitido que sus integrantes se conviertan en complices de cárteles del narcotráfico a los que no quieren detener por esa misma complicidad.
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