El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una propuesta regulatoria que podría modificar de manera significativa el acceso a permisos de trabajo para determinados grupos de inmigrantes en Estados Unidos. La medida plantea restringir y aclarar la elegibilidad para autorizaciones de empleo otorgadas de manera discrecional a personas con parole humanitario, acción diferida y algunos extranjeros con órdenes finales de deportación que permanecen temporalmente en el país bajo supervisión gubernamental.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la exigencia de que los solicitantes demuestren una necesidad económica real para trabajar, incluso en categorías donde actualmente dicho requisito no siempre se aplica. Además, el gobierno propone que quienes soliciten o renueven estos permisos estén sujetos a una evaluación más estricta sobre si merecen una decisión favorable por parte de las autoridades migratorias.
Aunque la agencia no anunció cuál sería la forma específica en que los solicitantes deberán demostrar la necesidad económica para obtener o renovar una autorización de empleo, algunas de las evidencias que podrían ser consideradas incluyen ingresos insuficientes para cubrir gastos básicos, ausencia de otras fuentes de sustento, dependientes económicos a cargo, gastos médicos o familiares extraordinarios, estados de cuenta bancarios, entre otros.
“El debate no se limita a quién podría recibir autorización de empleo, sino también a qué tan amplias serán las facultades discrecionales del gobierno para aprobar o negar estas solicitudes bajo los nuevos criterios propuestos”, señaló el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC.
La iniciativa también contempla ampliar el uso obligatorio de datos biométricos para los solicitantes de autorizaciones de empleo. Bajo la propuesta, las huellas dactilares y otros identificadores biométricos serían utilizados para verificar identidad y realizar revisiones de antecedentes penales antes de aprobar cualquier permiso de trabajo dentro de estas categorías.
Otro de los aspectos que podría generar debate es la intención de limitar severamente la elegibilidad de personas que hayan sido arrestadas, acusadas o condenadas por determinados delitos. La propuesta establece que, salvo que existan intereses públicos significativos que justifiquen una excepción, estos antecedentes podrían ser considerados suficientes para negar el beneficio migratorio solicitado.
De igual manera, el DHS plantea restringir el acceso a permisos de trabajo para ciertas personas que tienen órdenes finales de deportación y permanecen en Estados Unidos bajo órdenes de supervisión. La agencia argumenta que la disponibilidad de autorización laboral en estos casos podría reducir los incentivos para cumplir con procesos de salida del país o colaborar con las gestiones de deportación.
Los documentos oficiales indican que durante el año fiscal 2024 se presentaron más de 978,000 solicitudes iniciales y renovaciones de permisos de trabajo en las categorías que podrían verse afectadas por la propuesta. El propio DHS reconoce que los cambios tendrían impactos económicos relevantes tanto para trabajadores inmigrantes como para empleadores estadounidenses que actualmente dependen de esa fuerza laboral.
“El documento no representa un cambio inmediato en la ley, sino una propuesta regulatoria que inicia un proceso de discusión pública. Todavía existe un período para comentarios y posteriormente el gobierno deberá evaluar esas observaciones antes de decidir si adopta una regla final”, puntualizó el abogado Quiroga.
Una de las características más importantes de la propuesta es el amplio margen de discrecionalidad que pretende conservar el gobierno federal al momento de decidir quién puede recibir autorización de empleo. “La discusión jurídica de fondo gira en torno al alcance de la autoridad que tiene el DHS para conceder o limitar beneficios migratorios discrecionales y cómo esas decisiones pueden impactar a personas que actualmente viven y trabajan legalmente bajo programas temporales”, indicó.
De aprobarse en su forma actual, la medida podría convertirse en uno de los cambios regulatorios más relevantes en materia de autorizaciones de empleo durante los últimos años. “Más allá del debate político, será importante observar cómo se desarrolla el proceso regulatorio, qué comentarios presentan organizaciones, empleadores y expertos, y cuáles disposiciones finalmente permanecen en una eventual versión definitiva de la norma”, concluyó el abogado de inmigración Héctor Quiroga.
La propuesta permanecerá abierta a comentarios públicos hasta el 4 de agosto de 2026. Durante ese período, organizaciones, empleadores y miembros de la comunidad podrán presentar observaciones que el DHS deberá considerar antes de emitir una regla definitiva.
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