La evasión de presos, un delito que cimbra la confianza ciudadana en el sistema de seguridad y justicia, ha mostrado cifras fluctuantes en México, generando un debate sobre la efectividad de las estrategias implementadas para contener este tipo de incidentes. Los datos recientes revelan una aparente disminución en el inicio del actual sexenio, pero el problema persiste en diversas entidades del país.
Según un análisis de TResearch International, desde el comienzo del sexenio de la actual administración hasta abril de 2025, se han registrado 42 casos de evasión de presos en México. Esta cifra, a primera vista, podría interpretarse como una mejora significativa, representando una disminución del 58% respecto al total de 2024. Sin embargo, la atención se debe centrar en la persistencia del problema y en las zonas geográficas donde se concentra.
La Ciudad de México, el Estado de México y Quintana Roo son las entidades que acaparan el 38% de los casos de evasión reportados en lo que va del sexenio. Esta concentración geográfica sugiere la necesidad de revisar a fondo los protocolos de seguridad y las condiciones penitenciarias en estas jurisdicciones, así como la posible existencia de redes de apoyo externo que faciliten estas fugas.
Particularmente, Quintana Roo se destaca negativamente al liderar el ranking de evasiones por cada millón de habitantes en el sexenio, seguido de Zacatecas y Tabasco. Este dato es alarmante, ya que indica una mayor vulnerabilidad en sus sistemas penitenciarios en relación con su población, lo que podría generar un ambiente de impunidad y afectar la tranquilidad de los ciudadanos en esas regiones.
A pesar de que en abril de 2025 se observó una disminución del 21% en las denuncias por evasión de presos respecto al mismo mes de 2024, con 11 casos registrados, la realidad es que el delito no ha sido erradicado. Cifras históricas previas, como los 92 casos en 2023 y 99 en 2022, evidencian que la evasión de presos es un desafío constante que requiere una atención sostenida y estrategias de seguridad integral.
La evasión de presos no es solo un indicador de debilidad institucional, sino que también representa un riesgo directo para la sociedad. Cada reo que logra escapar es una amenaza potencial, ya que puede reincidir en actividades delictivas, socavar la confianza en las autoridades y generar un clima de inseguridad. Para quienes simpatizan con la oposición, estas cifras son un recordatorio de que la seguridad pública en México sigue siendo una asignatura pendiente, y que las promesas de un país más seguro aún no se materializan plenamente. Es fundamental que el gobierno federal y los estatales refuercen la seguridad en los centros penitenciarios, investiguen a fondo cada fuga y castiguen a los responsables, tanto a los evadidos como a quienes faciliten su escape.
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