La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco (PTAR), considerada la depuradora más grande del mundo en construcción y la de mayor capacidad y tecnología en América Latina, se encuentra clausurada por un manejo amañado y corrupto de distintas autoridades.
Se ubica en el municipio del mismo nombre en los límites del Estado de México e Hidalgo, justo en la confluencia de los desagües del sistema de drenaje profundo del Túnel Emisor Central y del Túnel Emisor Oriente con el río Tula.
La ubicación del predio que se adquirió para construir la planta es estratégica porque permite tomar las aguas negras de los emisores y pasarla por el proceso de tratamiento antes de descargar en los canales que se dirigen a los distritos de riego del Mezquital. Esto representará un gran beneficio para los agricultores, sus familias, la ecología y para la higiene y calidad de sus productos agrícolas. Además, la PTAR permite que la Ciudad de México y al Estado de México cumplan con la norma de tratamiento de sus aguas negras generadas, ordenamiento que las dos entidades no atienden desde 1991.
La planta tiene dos tipos de procesos; uno convencional que consiste en un tratamiento biológico y un proceso químico que se emplea cuando hay aumento significativo del volumen en temporada de lluvias. También cuenta con un sistema muy moderno de procesamiento de los lodos para captura de metano y generación de energía eléctrica; este sistema alimentará el 80% de la potencia requerida de toda la Planta. La capacidad total de tratamiento es de 35 metros cúbicos (m3) cada segundo, que equivale a tres millones m3 diarios; un verdadero gigante que transforma la mayor parte de las aguas negras generadas por la Ciudad de México en agua limpia para riego.
La construcción de los procesos e instalación de los equipos se concluyó hace varios meses y en este momento se encuentra en la fase de pruebas para su arranque definitivo; sin embargo, el 30 de noviembre del año pasado autoridades del municipio de Atotonilco ordenaron la clausura total de la planta de manera arbitraria e ilegal, poniendo en riesgo la estabilización de los procesos biológicos y de cogeneración de gas. El municipio argumenta que el consorcio operador, Aguas Tratadas del Valle de México (ATVM), adeuda el pago de la licencia de construcción, lo cual es absolutamente falso.
La construcción arrancó en julio de 2010, después de cumplir con todos los requisitos legales tanto de manifestación de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y desde luego, los permisos municipales de construcción y otros derechos. De acuerdo al Reglamento de Construcción vigente en ese momento, se liquidó la totalidad del monto correspondiente a la Licencia de Construcción por un total de 24 millones de pesos.
La actual administración municipal argumenta que en el 2010 no se pagó lo que se debía y que ATVM adeuda al municipio 230 millones de pesos, más los recargos e intereses, suman un total de 570 millones de pesos. Se evidencia el cinismo y la corrupción de un presidente municipal que pretende un verdadero atraco, probablemente de la mano de otras autoridades corruptas.
La empresa ATVM impugnó el acto ante un juez federal, quien les otorgó la suspensión provisional, ordenando la continuación inmediata de los trabajos en la PTAR. Acto seguido, el municipio volvió a clausurar con otros argumentos. Lo más grave es que esta burla a las autoridades judiciales se ha repetido nueve veces y en este momento la PTAR sigue clausurada.
El hecho es que la planta lleva 105 días sin poder trabajar. Los impactos de esta clausura son muy graves; 780 trabajadores fuera de acción, maquinaria pesada y distintos equipos parados, con un costo diario de un millón de pesos, que representan al día de hoy una pérdida de 105 millones de pesos. De acuerdo al contrato de Asociación Pública-Privada, desde la conclusión de los trabajos en octubre del 2013, el gobierno viene pagando al consorcio ATVM la parte correspondiente a los costos de financiamiento y capital de riesgo, lo que se conoce como la Tarifa 1 (T1), por un monto mensual de 50 millones de pesos y el costo de operación y mantenimiento (T2) por 14 millones de pesos mensualmente, lo cual suma otros 256 millones de pesos de pérdidas.
Lo más grave es que hasta ahora, la planta no ha aportado un solo metro cúbico de agua tratada a los sistemas de riego de Hidalgo que es el objetivo principal.
Es inexplicable este acto evidente de corrupción de un alcalde que lo único que busca es el robo sin medida y a costa de los que sea. No piensa en los beneficios directos e indirectos para su municipio; empleos bien remunerados y capacitación, mejora de la economía de las familias, del medio ambiente al eliminar las molestias de las descargas de aguas negras en el río Tula, entre otras cosas. Lo indignante y más grave del asunto es que ninguna autoridad responsable y beneficiaria directa de la operación de la PTAR esten peleando este abuso. Por ejemplo, el jefe de Gobierno de la CDMX, que sigue regalando cunas color de rosa en otros estados o el gobernador del Estado de México repartiendo cobijas y despensas todo el tiempo.
Una muestra más de este cáncer maldito que nos asfixia: la corrupción y la impunidad.
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