La mala fe y los intereses partidistas han prevalecido por encima de la soberanía popular, el valor a proteger.
Lo que define un tipo de hombres, no es su religión ni sus técnicas ni nada, sino su derecho.
Marcel Mauss
En el mundo globalizado, todo se mide y se califica, es un buen método para corregir. En los informes sobre la competitividad de los países, México sale siempre mal evaluado y una de sus mayores carencias es su ambiguo, abigarrado, improvisado, precipitado y contradictorio sistema jurídico, el cual se ha deteriorado aún más en fechas recientes.
Guillermo Florís Margadant escribió: “El derecho tiene una cualidad común con la hierba mala: la tendencia hacia una sofocante exuberancia”. La imaginación es mala consejera legislativa. Ordenar imposibles desprestigia al derecho. Se legisla a posteriori, en respuesta a cuestiones coyunturales e invariablemente sobre estimando los efectos que pueden ocasionar las leyes.
Hagamos un repaso que no pretende ser exhaustivo.
Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Presentada por Enrique Peña Nieto como preferente, no agrega nada a lo que ya el Estado puede hacer. En otras palabras, se confunden políticas públicas con leyes, incrementando exponencialmente nuestros ordenamientos jurídicos.
Iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica. Tan sólo son disposiciones de fomento, lo cual, en estricto sentido, no constituyen normas jurídicas. Esto corresponde a la cultura empresarial, algo que pueden desarrollar las dependencias gubernamentales sin necesidad de una ley.
En materia electoral, hemos hecho un verdadero mazacote. ¿Tan difícil es diseñar procesos para conocer la voluntad ciudadana? La mala fe y los intereses partidistas han prevalecido por encima de la soberanía popular, el valor a proteger. Se creyó que despojando a los gobernadores de su influencia en los órganos electorales, se propiciaría una mayor imparcialidad. Lo único que se ha logrado es reducir el poder de los ejecutivos para dárselo a los partidos. Ojalá me equivoque.
Las tan cacareadas reformas estructurales —todavía no entiendo por qué se llaman así— constituyen, en términos generales, quitar barreras en el derecho para dar más espacio a la iniciativa individual. No son una mirada al futuro, sino un rescate del pensamiento liberal del siglo XIX y una corrección del nacionalismo estatista revolucionario derivado de la Constitución de 1917.
En materia de seguridad, el gran tema de nuestro tiempo radica en que el problema está en el gobierno y sus aparatos de seguridad, totalmente desconfiables y penetrados por el crimen organizado y por la corrupción. La tarea no es jurídica, sino de depuración y de profesionalización de todos los órganos de administración de justicia.
El desprecio a la ley es consecuencia, entre otras causas, de las tendencias del mexicano a fugarse de la realidad, a propiciar el autoengaño, a estar imbuido de una profunda desconfianza, a no tener respeto alguno por la autoridad porque esta ha perdido su autoridad moral, a la forma tan frívola e irresponsable con que se están haciendo las leyes, a su tendencia al relajo, que todo lo pervierte y lo distorsiona y, desde luego, a la omnipresente demagogia.
Debemos generar una cultura de la legalidad, una nueva constitucionalidad que rescate el respeto mínimo a la ley escrita y fortalezca la convicción de que el derecho es el mínimo ético para preservar la convivencia.
Los últimos acontecimientos nos deben llevar a ubicar este tema como prioritario en la agenda nacional. El Presidente de México acaba de declarar: “En el Estado de derecho no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”. Cuando estas palabras se cotejan con la realidad, cuando 98% de quienes delinquen no son sancionados, podemos concluir que nuestro mundo es esquizofrénico.
Los sucesos de Tlatlaya e Iguala algo deben aportar de positivo, algo que nos lleve a todos a hacer un compromiso con nosotros mismos y con las próximas generaciones para entregarles un país con un mínimo de seguridad.
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