Para los gobernadores que tomarán posesión luego de ganar las elecciones del pasado 5 de junio, los problemas que deberán resolver los coloca en la disyuntiva de dar resultados –si es que desean seguir con sus respectivas carreras políticas–, o aguantar una andanada de críticas desde la ciudadanía, pasando por la oposición política, que pudiera acortar sus periodos al frente del gobierno. Esto es especialmente cierto en varias entidades que renovarán gubernatura este 2016.
Papas calientes
Entidades como Veracruz, Chihuahua, Durango u Oaxaca representan lugares en donde los problemas no han hecho más que acumularse. Desde temas como la pobreza pasando por la inseguridad o la deuda que heredan de sus predecesores, los nuevos mandatarios tendrán frente a sí un reto descomunal por afrontar.
A lo anterior, hay que sumar las respectivas promesas que han hecho los que fueran candidatos, en especial poner en la cárcel a sus predecesores –que dicho sea de paso, algunos merecen ese destino–, lo que agrega una presión extra a su desempeño.
Y es que después del resultado que arrojó la pasada contienda electoral, una cosa queda clara: el ciudadano ya no tiene paciencia ni tolerancia para la clase política, por lo que buscará la manera de castigar a los malos gobernantes. Las encuestas de aprobación, como la que recientemente dio a conocer El Universal, también demuestran que la opinión ciudadana comienza a hacerse sentir en el ámbito político, mensaje que algunos “servidores públicos” parece que no han entendido.
Es así que la opinión pública, tal como muchos ciudadanos lo harán desde las redes sociales, será especialmente vigilante de lo que hagan o dejen de hacer los nuevos gobernadores, considerando tanto las promesas de campaña como los retos que tienen en cada una de las entidades que gobernarán.
En Veracruz, no sólo se espera que Miguel Ángel Yunes cumpla su promesa de encarcelar a Duarte, sino de revertir la situación que prevalece en el estado por la presencia del crimen organizado, así como paliar los efectos de la baja de precios en la industria petrolera y el impacto que esto tiene en la economía de la entidad.
En Chihuahua, también Javier Corral hizo la promesa de meter a la cárcel al otro Duarte, tema que habrá que esperar a ver si se cumple y en cuanto tiempo, además de revisar el impacto de la deuda estatal que le heredan en el terreno de las finanzas públicas y de que tome medidas en asuntos como el desempleo, la inseguridad y ver qué relación establece con el que fuera candidato independiente a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada, urbe azotada por el crimen organizado.
En Durango, José Rosas Aispuro tiene por delante mucho que hacer en el tema de la seguridad pública, además de revisar las medidas a tomar para limpiar a la administración pública de funcionarios coludidos con el crimen organizado, así como otros temas que también pasan por la economía estatal.
Oaxaca puede ser una sorpresa o la gran decepción de la política nacional, pues los temas que se convierten en retos para Alejandro Murat son varios sin mucho margen de maniobra. La relación con la sección 22 de la CNTE –como apuntó en estas páginas Carlos Ramírez– pondrá a prueba al nuevo mandatario, además de asuntos relacionados con la delincuencia organizada, pobreza, desempleo y las medidas necesarias para incentivas la actividad económica en el estado, lo cual representa una agenda cargada de temas por resolver en el sexenio que está por iniciar.
Un estado más que estará bajo la lupa será Tamaulipas, en donde Francisco García Cabeza de Vaca tendrá un desafío importante en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado, con estructuras públicas estatales y municipales coludidas con los cárteles del narcotráfico, que requerirán mucho cuidado para empezar a resolver un problema que puede significar su encumbramiento o su tumba política definitiva.
De lo que no hay duda, es que los ciudadanos ahora están al pendiente de lo que hacen los funcionarios públicos, pudiendo exigir a través de medios digitales y redes sociales, lo que implica que el mandatario en turno ya no puede gobernar exclusivamente para la clase política local o para el Presidente de la República, pues –como se apreció en la pasada votación– el costo para su partido puede ser muy alto, de ahí que tenga que cuidar sus decisiones pero, también, dar resultados en el corto plazo.
Es una nueva realidad que les tocará vivir a los gobernadores, pero también a los funcionarios que sean electos, pues la realidad del país ya cambio, falta que entiendan las nuevas reglas del juego.
Del tintero
Completando el tema, ¿qué hacen los partidos políticos a este respecto? Poco se ha escuchado acerca de aspectos como el acompañamiento, ayuda para elaborar planes y programas estatales o, aunque sea, foros para recopilar propuestas, pues parece que los partidos, como hemos escrito, están más interesados en las futuras elecciones que en el futuro de sus propios gobernadores.
@AReyesVigueras
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