No es fácil el ejercicio del periodismo en México. Las condiciones para su ejercicio son poco más que complicadas: además de una gran competencia por los puestos de trabajo, los cuales son escasos y mal pagados en una gran cantidad de casos, se suman los riesgos que desde los ámbitos criminal y gubernamental se presentan en forma cotidiana. A esto se suma el surgimiento de las redes sociales que implican la multiplicación de competidores para informar a la población.
Difícil panorama
El contexto en el que el periodista se desarrolla en México, es uno en el que prevalecen los bajos sueldos, alta competencia por el número de egresados de carreras de comunicación que hay al año, escasas prestaciones, largas jornadas de trabajo, poco apoyo para capacitación, así como los riesgos que se presentan en el desempeño del oficio.
Por un lado, el crimen organizado que siempre busca mantener su impunidad gracias al silencio acerca de sus actividades en los medios. Como un funcionario judicial señaló al columnista Jorge Fernández Menéndez, al poner sus rostros en los medios comienza su debacle, algo que cuida que no suceda bajo la lógica de “plata o plomo”.
Por otro, un ejército de funcionarios públicos que han hecho de la corrupción y el abuso del Poder, la forma ideal de enriquecimiento. Las redes de complicidades son amplias y abarcan todos los órdenes de gobierno, partidos políticos y los tres poderes de la Unión. Dar a conocer las irregularidades que cometen es poner en riesgo sus privilegios, por lo que recurren a varias prácticas para evitarlo y seguir en su labor depredadora del presupuesto, desde pagos para recibir una cobertura favorable –desde el famoso “chayote” hasta el otorgamiento de contratos de publicidad–, hasta presiones para despedir al periodista incómodo y, como hemos visto recién, tratar de silenciarlo a como dé lugar.
A lo anterior se suma el hecho de que los propios medios informativos, al ser empresas que necesitan recibir recursos para su funcionamiento, deben velar por no confrontarse con sus posibles clientes de los que reciben los contratos para publicidad.
El hecho de que en muchas entidades del país, el gobierno estatal sea el principal anunciante, explica porque su reacción virulenta en contra de los medios que se atreven a criticarlo, pues al hacer uso del presupuesto con fines de crear y mantener una imagen positiva —algo que no corresponde a la realidad—, cualquier medio que vaya en contra de esa línea puede obtener más credibilidad y hacer que fracase su estrategia, revelando las irregularidades que se cometen.
Algo que también muestra las limitaciones de nuestros gobernantes, y de sus equipos, en materia de libertad de expresión, es la tendencia a resaltar lo que hace y dice el gobernador y no todo el gobierno en su conjunto. Como el encargado de comunicación es contratado por el mandatario, se establece una relación en la que el primero piensa que sólo debe responder —y resaltar— por las actividades de su “jefe”, cuidando que nada ni nadie se atreva a afectarla.
Si en otra área del gobierno tienen información importante, que beneficia a la población por ejemplo, irá en segundo término luego de la imagen del gobernador. Algo similar ocurre en los partidos con sus respectivos presidentes.
Ni que decir de la Presidencia de la República, aunque en este ámbito los encargados de la imagen del titular del Ejecutivo no han atinado a tener una estrategia adecuada para evitar los bajos niveles de aprobación y la forma en que se le caricaturiza, pero en forma coincidente dos periodistas dejaron sus espacios por críticas al mandatario.
Lo anterior también tiene otras implicaciones. Al ser una actividad de interés social, el gobierno debe ser garante de quienes ejercen esta actividad, pero en los hechos no sucede.
Los hallazgos que medio centenar de organizaciones defensoras de periodistas y activistas en derechos humanos encontraron con relación a las fallas del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas —creado en junio del 2012—, mismo que tiene como fin proteger a periodistas y activistas que por su labor pudieran estar en riesgo, demuestran que el mecanismo hoy en día es incompleto, opaco y, la mayoría de las ocasiones, inútil.
Una de las conclusiones del estudio es que, en la práctica, en los últimos tres años nada ha cambiado, pues de junio de 2012 a mayo del 2014 se registraron 32 defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente en el país.
Redes, el nuevo campo de batalla
Adicionalmente a lo anterior, las redes sociales han venido a ofrecer un nuevo espacio para la libertad de expresión, multiplicando las trincheras para ejercerla, pero también trayendo nuevos enemigos para los comunicadores.
Gobiernos y partidos contratan a empresas o individuos que se dedican a crear cuentas para apoyar, promover o atacar a quienes difunden información contraria a los intereses de sus clientes. Lo vivido hace unos días por el columnista Ricardo Alemán es prueba de hasta donde pueden llegar con tal de acallar una voz crítica.
De igual manera, contribuyen a la desinformación al momento en que se encargan de desviar la atención de un tema controversial o pervertir —con bromas la mayor parte de las veces— una tendencia que crece en redes sociales.
Los ejércitos de “bots” se pueden convertir en una seria amenaza a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos para estar informados.
Ante este panorama, los periodistas dan la batalla en forma individual, pues los grandes pendientes siguen siendo la organización y la solidaridad gremial ante las amenazas.
Protección a periodistas
Los datos acerca de las instancias encargadas de velar por la protección a los periodistas en nuestro país reflejan una abundancia de recursos, pero no así de resultados. Asimismo, la cantidad de comunicadores agredidos o asesinados por ejercer su oficio no ha generado más que un par de casos llevados ante un juez en una década. De esta forma, el asesinato del fotoreportero Rubén Espinosa se suma a una lista que se incrementa con el paso del tiempo y, sobre todo, con la ineficacia gubernamental para resolver los ataques contra la libertad de expresión.
Amplio presupuesto
De acuerdo al portal www.horizontal.mx el presupuesto de las instancias encargadas de atender las amenazas a los periodistas distan mucho de ser escasos: la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), dependiente de la PGR, contó con un presupuesto de 39 millones de pesos en 2014 –cuando en 2012 fue de 3 millones de pesos–; el mecanismo de protección para periodistas –mencionado en las entregas anteriores– tiene asignados 135 millones para este año, en tanto que el programa de promoción y protección de los derechos de los periodistas de la CNDH erogó cerca de 16 millones el último año.
No obstante las cifras millonarias, la Fiscalía apenas ha llevado 10% de los casos ante un juez; el mecanismo ha tenido éxito sólo dos veces y la CNDH ha emitido únicamente ocho recomendaciones sobre libertad de prensa.
Adicionalmente, de acuerdo a Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en el estudio “Homicidio: una mirada a la violencia de México”, de 2000 a 2014 la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con un registro de 102 periodistas asesinados en el país, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el mismo período, tiene una cifra de 88 casos de informadores asesinados. Tal discrepancia se da por la forma en que se clasifica la actividad periodística de la víctima, lo que hace que para alguna de las instancias mencionadas el occiso no sea catalogado como periodista.
Deuda histórica
En 1998, en el marco del Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recomendó al país adoptar “las medidas necesarias para sancionar a los responsables de delitos cometidos contra personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la investigación rápida, efectiva e imparcial de las denuncias relacionadas con el hostigamiento a periodistas, defensores de derechos humanos, y miembros de organizaciones sociales”.
A la vista de los trágicos eventos que le costaron la vida a Rubén Espinosa Becerril –desde que denunció las amenazas en el Veracruz de Javier Duarte, pasando por su exilio en la Ciudad de México y la desatención que sufrió su caso–, la citada recomendación no fue adoptada y las consecuencias son de sobra conocidas.
Factores como el comentado líneas arriba son los causantes de que en la actualidad entidades como Chihuahua, con 16 casos contabilizados, Veracruz con 15, Tamaulipas con un saldo mortal de 13, y Guerrero con 11 homicidios dolosos de comunicadores, se encuentren en una lista que ubica a nuestro país como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.
¿Lo anterior implica que no hay solución en el corto plazo? Veamos el ejemplo colombiano para darnos una idea de lo que es posible hacer.
Colombia, que comparte con México características similares en materia de inseguridad pública, cuenta con un Programa de Protección a Periodistas dependiente del Ministerio del Interior –el equivalente a nuestra Secretaría de Gobernación. De acuerdo a Freedom House, “aún con las deficiencias que pueda presentar el programa, especialmente en términos de protección integral y fallas operativas, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) resalta la importante labor de protección de dicho mecanismo, que coincide con la reducción de los homicidios a periodistas desde su creación. En el 2000, el número de periodistas asesinados rondaba los 9 o 10 por año mientras que en 2011 tuvimos un periodistas asesinado relacionado con el oficio periodístico”.
En el documento de Freedom House se comenta que si bien se reconocen los avances con la puesta en marcha del programa de protección, es necesario contar con supervisión internacional para que mantenga estándares mundiales –algo que se aceptó–, también se debe incorporar a organizaciones sociales defensoras de la libertad de expresión –por lo que se incorporó a la FLIP como parte de programa–, así como continuar los esfuerzos para abatir los niveles de impunidad y la falta de garantías judiciales efectivas, a la par que se debe crear mecanismos de prevención y creación de nuevos marcos jurídicos que garanticen el ejercicio de la libertad de expresión e información.
Con todo y los retos que se tienen, el programa ha sido reconocido y demuestra que es posible proteger a los periodistas en un país con riesgos a la seguridad pública como es el caso colombiano. En México vamos en sentido contrario y parece que se busca imponer un record con una larga lista de víctimas.
¿Hay o no libertad de expresión?
Por una parte, los asesinatos de periodistas reflejan las severas limitaciones para el ejercicio de la libertad de expresión, en particular con relación a temas como seguridad pública y corrupción –con frecuencia relacionados–, pero por otra las redes sociales son un campo en el que la imagen de ciertos actores políticos es cuestionada con severidad, a la vez que distintos movimientos tienen ahí un campo fértil para su difusión. Entonces, nos debemos preguntar ¿hay o no libertad de expresión en el país?
Curiosa dualidad
Si nuestros lectores han seguido la serie de artículos que hemos publicado en el Diario Indicador Político, se percataran de la gran cantidad de quejas y reportes que colocan a México como una nación en donde el riesgo por ejercer el periodismo es alto. La cifra de reporteros, locutores y articulistas que han sido agredidos, incluso asesinados, es una de las más altas del mundo.
Asimismo, la impunidad de los agresores ha sido una de las constantes en cuanto a la posibilidad de ejercer libremente un ejercicio pleno en materia de la libertad de expresión. El reducido número de sentencias o de casos aclarados con relación a los asesinatos de comunicadores, reflejan un índice vergonzoso para una nación que establece en su Carta Magna la protección al derecho a informar e informarse.
Un elemento adicional tiene que ver con la manipulación de la información desde esferas oficiales, desde las cuales se trata de influir en los medios y los periodistas para que den a conocer lo que a la “fuente” le interesa. No por otra cosa, en muchas de las entidades del país el gobierno estatal es el más importante anunciante para periódicos, estaciones de radio y televisión locales. Sólo hay que revisar cómo se ha incrementado el gasto en materia de imagen de la Presidencia de la República para darnos una idea de la forma en que estos recursos influyen en el tema.
Todo lo anterior abona a la idea de que en México no existe libertad de expresión plena, en un contexto en que se acumulan los temas que requieren una explicación clara, o que para algunos sectores sociales son objeto de ocultamiento, como es el ejemplo de los normalistas desaparecidos en Iguala, Tlataya o el reciente asesinato de Rubén Espinosa.
Pero esta cara de la moneda no es la única en la que debemos fijarnos. En redes sociales y espacios de Internet, se ejerce con sorprendente vigor una libertad de expresión que, en ocasiones, raya en libertinaje, dando lugar incluso a versiones disparatadas sobre los temas antes mencionados.
Como una válvula de escape del sistema –como en los años 80 eran algunas revistas–, las redes sociales y blogs se han convertido en el medio para un ejercicio más amplio de la libertad de expresión, pues en particular los portales de Internet ofrecen un ámbito infinito para plasmar no sólo la información de cualquier índole, sino las opiniones, los resúmenes de otras fuentes, así como audios, videos, fotografías y caricaturas de los hechos que son parte de la agenda nacional.
Asimismo, el ciudadano tiene la oportunidad de contrastar lo que los diarios, revistas, radio y televisión ofrecen cotidianamente, con el contenido que blogs, videocolumnas, cuentas de Twitter y Facebook dan a conocer acerca de un tema en particular.
El riesgo que se corre, es que tal cantidad de información puede ayudar a la confusión en lugar de una mejor comprensión de los asuntos que interesan a la población, además de que las redes sociales se han convertido en una fuente inagotable de rumores y versiones encontradas, que en poco ayudan a tener una información de calidad.
Audiencia crítica
Aquí en donde juega un papel importante el ciudadano receptor de la información. Si se comporta como un ente pasivo que recibe sin cuestionar lo que los medios y redes ofrecen, de poco servirá el ejercicio de la libertad de expresión. Si no sanciona –dejar de sintonizar o de seguir puede ser una sanción– a los medios y usuarios de redes que informan sin rigor, comprobación o son parte de las estrategias de desinformación, poco podrá comprender de los temas que le afectan.
Poco peso se le ha dado a este rubro, pues la libertad de expresión no depende exclusivamente de los periodistas –con más competencia por la existencia de redes y blogs–, sino de un público que respalde a los comunicadores y sea exigente respecto a la calidad de la información.
Finalmente, la libertad de expresión puede estar expuesta a una multitud de riesgos en temas y zonas específicas, pero existe en ámbitos en los cuales el compromiso y la creatividad predominan. Aún los activistas más radicales que denuncian la inexistencia de este derecho a gritos y a los cuatro vientos, demuestran con ese hecho que sí existe dicha libertad.
Mucho nos falta para avanzar en este campo, pero no es declarando la muerta de derechos y libertades como se resolverá el problema, sino como parte de nuestro compromiso y responsabilidad cotidianos. Parafraseando a Zapata, la libertad de expresión es de quien la trabaja, a pesar de los riesgos.
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