Toda democracia enfrenta la tensión de preservar lo que funciona y transformar lo que ya no responde a las necesidades de la sociedad. La continuidad puede aportar estabilidad y certidumbre, pero también corre el riesgo de proteger intereses que han dejado de servir al bien común. La tarea de gobernar exige escuchar las señales, reconocer las áreas de mejora y abrir espacios para la deliberación pública.
La propuesta de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas ilustra este desafío. El objetivo de evitar la infiltración criminal en la política es legítimo. Sin embargo, el fenómeno va más allá de las candidaturas individuales y puede manifestarse mediante financiamiento ilícito, violencia o corrupción. Atender estas preocupaciones permitiría construir mecanismos más eficaces y transparentes.
Algo similar ocurre con la reforma a las elecciones judiciales. Su aplazamiento a 2028 abre oportunidades que no se deben desdeñar para evitar que fallas de diseño afecten la independencia judicial, la certeza jurídica y la calidad de la justicia en México.
También el caso del Infonavit es ejemplo de esto. Ampliar el acceso a la vivienda es una meta necesaria, pero debe hacerse preservando el ahorro de los trabajadores.
La clave de gobernar está en colocar el bienestar colectivo por encima de cualquier interés particular. Cuando las políticas públicas se diseñan desde la apertura, la evidencia y la colaboración, la continuidad deja de ser una obligación y se convierte en una elección respaldada por resultados que benefician a todos.
