La declaración de Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, con relación a que la corrupción es un asunto cultural, generó toda una polémica principalmente en redes sociales, en el marco de la discusión en el Poder Legislativo de las iniciativas anticorrupción. Sin buscar defender al funcionario, las respuestas a su dicho mostraron que si bien muchos no concuerdan con su afirmación, tampoco ofrecen respuesta a la naturaleza del acto que para muchos describe a la perfección a buena parte de la clase política nacional.
Duda existencial
Definir la naturaleza de la corrupción es algo complicado. Para unos se trata del producto de la impunidad y de un sistema que privilegia el enriquecimiento por encima del servicio. Para el secretario de la Función Pública, “no es un tema racial, sí es un tema cultural, pero cultural como seres humanos”, puesto que “forma parte de los seres humanos que siempre buscamos rentabilidad comercial y respondemos a otros incentivos”, de acuerdo a distintas notas de prensa que abordaron el evento en el que se dio dicha declaración.
No sobra mencionar que en el portal de la dependencia, el discurso que se ofrece al público no cuenta con la información que generó la polémica que abordamos en este espacio, lo cual puede verificar el lector en este enlace: http://www.gob.mx/sfp/prensa/mensaje-del-titular-de-la-sfp-durante-la-inauguracion-del-foro-la-informacion-en-el-combate-a-la-corrupcion-como-nos-arreglamos
Con las palabras antes citadas, la polémica se encendió en redes sociales así como en medios tradicionales y digitales, pero sin que se ofrezca una respuesta a la naturaleza de la corrupción.
La oficina contra las drogas y el crimen de la Organización de las Naciones Unidas (UNODC), define a la corrupción como un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. Entre los esfuerzos del organismo –que también se ha visto envuelto en actos de corrupción– para contener este flagelo, se encuentran una serie de iniciativas para que los estados miembros emprendan acciones para reducirla.
La UNODC considera que el concepto de corrupción es “amplio”, pues incluye “soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas”.
En México, las organizaciones impulsoras de iniciativas ciudadanas han presentado el catálogo de actos de corrupción, como una forma de crear en la sociedad los incentivos necesarios para que se repudie esta práctica.
De igual manera, la UNODC ha propuesto la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual realizó su primera sesión en Mérida el 29 de septiembre de 2003. Por supuesto que México es uno de los países firmantes de la convención y, quizá, uno de los muestrarios más prolíficos en la materia.
A esto se suman diversas disposiciones en este tema promulgadas en la presente década, por los Poderes legislativo y ejecutivo, como la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, a lo que se suman las iniciativas del Sistema Nacional Anticorrupción que se discute en el Congreso de la Unión en estos momentos.
Con todo, la percepción de la sociedad es que la corrupción ha ido en aumento en los últimos años. Diversos acontecimientos han abonado a ello, como el asunto de la Casa Blanca, la casa de Malinalco de Videgaray, los contratos con Grupo Higa, diversas denuncias relacionadas con Pemex y hasta el tema de los #PanamáPapers.
Sin duda se trata de un menú explosivo que sumado a la inacción del gobierno federal, ha impactado en la aceptación y credibilidad no sólo del Presidente de la República y su gabinete, sino de cualquier funcionario público en los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión.
La falta de una definición clara de las causas que originan este fenómeno, hace que la polémica siga encendida pues mientras que Andrade y Peña Nieto –recordemos que él fue el primero en usar esa definición– consideren que se trata de un asunto “cultural”, la forma de encararlo y las soluciones propuestas servirán sólo para crear más burocracia, una legislación más abultada y pocas sanciones que desmotiven a quienes la practican.
Nada más hay que recordar, evocando a Luis Cabrera, que a los corruptos se les acusa de rateros no de tontos o de lo que ustedes están pensando.
Del tintero
Las campañas en las 13 entidades que renovarán gubernaturas, presidencias municipales o legislaturas locales no encienden el entusiasmo entre la ciudadanía. Vamos, ni siquiera en redes sociales circulan los famosos “memes” con relación a candidatos o sus ocurrencias. Esperemos que esto cambie, pues nos están dejando sin material para los medios.
Twitter: @AReyesVigueras
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