La suspensión de Sandra Cuevas, como alcaldesa de Cuauhtémoc, es el último botón que muestra la debilidad de las aspiraciones presidenciales de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como la creciente fragmentación en la que se encuentra inserto el Movimiento Regeneración Nacional en las distintas entidades federativas. Escenarios en los que Morena concibe la legalidad como factor evitable, cuando ésta se interpone en la búsqueda de cumplir objetivos políticos personales o de grupo.
A pesar de la alta exposición pública que la jefa de Gobierno consigue al ser arropada por el resto de los gobernadores emanados de su partido, al ocupar posiciones protagónicas en eventos y conferencias de prensa nacionales, así como al ser cuidada su imagen por terceros actores políticos en situaciones graves de crisis, Claudia Sheinbaum mantiene una tendencia a la baja en sus niveles de popularidad al compararlos con los obtenidos al inicio de su gestión —véase la última encuesta del ranking Mitofsky—. Sin olvidar que Sheinbaum Pardo, con estos privilegios, tampoco logra despuntar en los careos de la sucesión presidencial, como reveló hace unos días el sondeo de El País.
Por eso, la recuperación del control territorial de la Ciudad México le resulta crucial a la jefa de Gobierno. Primero, para mostrarle a la base militante de Morena que —al margen de su debilidad— ella sigue bajo dominio del bastión más importante del partido por su caudal de votos, y con ello intenta mantener alineadas a las distintas corrientes en torno a su precandidatura. Segundo, para hacer cobro de facturas políticas a rivales —en este caso al senador Ricardo Monreal—, así se profundice la fragmentación al interior de su instituto político y se vea obligada a recurrir a figuras públicas tan desacreditadas como René Bejarano.
La relevancia de recuperar el control territorial, tras la derrota que le infligió la ciudadanía a la jefa de Gobierno en la pasada elección intermedia, queda patente con una serie de acciones orientadas a obstruir la gestión de alcaldes de oposición y perseguirlos políticamente. Entre ellas, resaltan la presunta investigación a propiedades y cuentas bancarias de alcaldes opositores por parte del Gobierno de la Ciudad de México, sin razón pública que lo fundamente y negándoles el más básico acceso a la información que la ley concede; al igual que las acciones orientadas a consumar el “golpe judicial” contra Sandra Cuevas —como lo definiera el propio senador Monreal—, tras la suspensión impuesta en la Cuauhtémoc. Caso en el que, por cierto, también se le negó el acceso oportuno a la carpeta de investigación.
La jefa de Gobierno rechaza que éste sea un caso político, pero la evidencia apunta lo contrario. La demanda contra Sandra Cuevas proviene de dos policías sobre los cuales el Gobierno de la Ciudad de México tiene suficiente injerencia para clarificar lo ocurrido, por vías distintas a la demanda judicial, especialmente cuando la alcaldesa afirma contar con pruebas que desacreditan la versión de los oficiales adscritos a la Policía Auxiliar. Además, si no es político, ¿qué hace Claudia Sheinbaum expresando potenciales apoyos a los policías denunciantes y dando línea a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México? ¿Por qué esta persecución se da justo después de que Sandra Cuevas se negara a transitar a Morena, a solicitud reiterada de personas de alto perfil del gobierno de la capital, según denunciara la alcaldesa suspendida?
Del caso también preocupa el grave precedente que sientan los tribunales de la Ciudad de México. Instancia judicial que, de acuerdo con especialistas, no tiene la atribución de suspender a una autoridad electa democráticamente y que, por lo tanto, parece actuar bajo consigna, al imponer una serie de medidas cautelares desmedidas a partir de una versión parcial e insuficiente de dos policías. En el mismo sentido, inquieta la tibieza con la que esta situación ha sido enfrentada por algunas autoridades y dirigentes de la oposición, porque la falta de contundencia en su posicionamiento abre la puerta a que la práctica de pasar por encima de la legalidad y del voto popular se siga presentando en la capital y otros estados del país de cara a las elecciones de 2024.
Consideración final. El problema para México es que el sistema que da oportunidad al abuso trasciende a lo político. La gente que se percibe intocable también se desenvuelve con total impunidad en otras esferas de nuestra sociedad. Ahí están las expresiones del productor Luis de Llano, quien en entrevista reconoció haber cometido estupro. Una declaración a la ligera y entre risas que no sólo puede atreverse a hacerla alguien inconsciente de las reprobables implicaciones que este delito genera, sino aquél que se sabe a todas luces impune. Ante la magnitud de los agravios y riesgos que estas personas representan, necesitamos más Sashas, más oposición y más sociedad, a fin de que nuestro país deje de estar entre abusos y debilidades.
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