El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, decretó en 2014 el descuento del 3.5 por ciento de las quincenas de los empleados del ayuntamiento para asignar ese monto al PRI, partido de sus amores, y a la Fundación Colosio.
Para que quedara constancia de su "acto voluntario", Riquelme hizo firmar a los empleados un documento de "anuencia".
Senadores panistas presentaron en octubre pasado una denuncia ante la PGR, primero por el delito electoral de transferir dinero público al partido político, y después por peculado, debido a que ni el PRI ni la Fundación Colosio confirmaron haber recibido los recursos.
El tema no solo era penal sino también llegó a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.
En reunión de dicha comisión celebrada el 10 de diciembre pasado, dos de los tres integrantes, Beatriz Galindo y Adriana Favela, resolvieron que no existía uso de recursos públicos de parte del ayuntamiento de Torreón para favorecer al PRI.
Se trata "de recursos privados entregados libremente por los trabajadores al partido político o a la fundación indicada", dijeron en su resolución.
Según consta en la versión estenográfica de la reunión, la consejera Favela, comparó el descuento de Torreón con sus aportaciones de fondo de retiro.
"Lo único que cambia es el porcentaje del salario que cada trabajador pudo haber determinado que se le descontara… Sería tan absurdo pensar que el dinero que llegue a MetLife es dinero público porque se transfirió directamente de las cuentas del INE a las cuentas de esa empresa aseguradora", arguyó con extraordinaria lucidez.
Favela es duranguense e inició su carrera judicial electoral en la sala regional del Tribunal comicial en Durango. En marzo de 2005 fue nombrada magistrada electoral y adscrita al Estado de México, dada su cercanía con personajes de la clase política mexiquense. Esa misma filia la colocó como una de las propuestas del PRI para consejera del INE. Y llegó.
Con esa fidelidad, Favela arguyó que cuando ella trabajaba en el Poder Judicial a la hora de aportar a la Cruz Roja "firmabas igual un formato donde ponías la cantidad o el porcentaje o lo que fuera, y te lo descontaban". Por eso no había delito en Torreón; era igualito que con la Cruz Roja.
A ver si en el INE no les descuentan de la nómina para pagar la estatua de Joaquín Gamboa. Total, ahí piensan que descontar dinero del sueldo de un burócrata para darlo a un partido no es ilegal sino un acto humanitario.
Beatriz Galindo, presidenta de la Comisión de Quejas, avaló los argumentos de Favela. Invariablemente así es. Queja que afecte al PRI o al PVEM, queja que es desechada por las dos integrantes de la Comisión. Por ello no prosperan las exigencias de que cese la campaña abusiva e ilegal del Partido Verde. Al dueto Favela-Galindo eso le tiene sin cuidado.
La Comisión de Quejas del INE sesiona en secrecía, contrario a las normas de un organismo supuestamente ciudadano. Ahora se entiende por qué su negativa a sesionar en público: ¡Todos los alcaldes les irían a pedir ayuda!
El asunto llegó al Tribunal Electoral federal para su revisión el 19 de diciembre pasado. Era tal el dislate de la Comisión de Quejas del INE que hasta la magistrada María del Carmen Alanís discrepó y en su ponencia, aprobada por el Tribunal, aseveró: "la retención del salario de los trabajadores, así como su transferencia a un partido político o fundación adherente al mismo, es contrario a la ley".
Al pedir al INE que obligara al ayuntamiento de Torreón que cesara esa práctica, Alanís recordó que las retenciones de salario sólo podrán hacerse por deudas con el municipio, cobro de cuotas sindicales o cajas de ahorro, descuentos ordenados por autoridad judicial o pago de impuestos.
Pero el daño está hecho. La armónica dupla Favela-Galindo ha colocado al INE en un callejón, a los cinéfilos los tienen hartos y a los violadores de la ley harto felices. El dueto le ha dado a la equidad electoral, como la canción de Jorge Cabrera, en toda la chapa. Ni Las Hermanitas Núñez la cantaban tan afinado.
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