La inacción, negligencia y ausencia de la perspectiva de género transversal prevalecen en las investigaciones sobre feminicidio por parte de las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia, así lo documenta un estudio de Amnistía Internacional sobre cuatro feminicidios registrados en el estado de México; sin embargo, la perdida de evidencias en las indagatorias es una constante en cualquier parte del país, lo que sin duda ha apuntalado la impunidad que prevalece en torno a este flagelo y el por qué desde el año 2015 registra una cifra en ascenso de manera sostenida.
De enero a agosto del presente año se han registrado 692 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, lo que significa un incremento del 8 por ciento con relación al mismo periodo de 2020, que se tiene un registro de 641 carpetas de investigación, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, es alarmante el incremento que se registró en agosto, 39 feminicidios más que en julio pasado; con 107 carpetas, es el mes en el que a más mujeres les arrebataron la vida a lo largo del país en lo que va del presente sexenio; le sigue mayo pasado, con 101 casos, y en tercer sitio se ubica diciembre de 2018, con 100 carpetas por dicho flagelo.
En el informe “Juicio a la Justicia. Deficiencia en las investigaciones Penales de feminicidios precedidos de desaparición en el estado de México”, Aministía Internacional documentó que a más de dos décadas, en las investigaciones para esclarecer los feminicidios se reproducen deficiencias de patrones de las investigaciones de Ciudad Juárez, Chihuahua, que va desde la pérdida de pruebas, incapacidad para ampliar las líneas de investigación, omisión de diligencias, ausencia de la perspectiva de género de manera transversal, y hasta la prevalencia de comentarios estigmatizantes estereotipos en jueces.
En 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos al pronunciarse sobre el asesinato de tres mujeres en el caso del campo Algodonero, en Ciudad Juárez, advirtió que el estado mexicano no adoptó las normas necesarias para investigar con la debida diligencia, con lo cual contribuyó a la impunidad, no obstante, una década después pareciera que es aislado el avance en torno a la manera de investigar el feminicidio.
Como recordaremos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia de Mariana Lima Buendía, determinó que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse con protocolos de feminicidio y sólo, en caso de no acreditarse se reclasifique como homicidio doloso; vemos que esto no se cumple, en 2020 se registraron tres mil 723 muertes violentas de mujeres, pero sólo se abrieron 940 carpetas de investigación por feminicidio.
Amnistía Internacional también documento lo que en la cotidianidad se denuncia, que las familias de las víctimas en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, siguen siendo revictimizadas por las autoridades de procuración y administración de la justicia, porque además de que en muchos casos son quienes deben recabar las pruebas para que las investigaciones avancen, en los juicios, prevalecen estereotipos de género.
Debemos insistir en que para combatir la impunidad en los feminicidios, es fundamental que se aplique la perspectiva de género de manera transversal en todo el proceso de la investigación y se consideren las circunstancias particulares en las que se cometen, porque la ausencia de los lentes de género en el diseño de las líneas de investigación ha provocado que feminicidios sean investigados como suicidios, o bien que no se consideren parte de las diligencias a las personas del entorno más próximo de la víctima.
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