Una empresa tabasqueña cuya razón social fue formalizada en una notaría asignada al actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ostenta la mayoría de contratos de limpieza para dependencias del Gobierno Federal, en otro presunto caso de tráfico de influencias por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con una investigación de la Revista Proceso, esta empresa no tiene antecedentes ofreciendo esta actividad y ni siquiera está contemplada en su objeto social. Su nombre es: Industria de la Construcción y Proyecto Vial y fue reconocida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como proveedora del Gobierno Federal en 2021.
La empresa fue fundada en 2008, por María Magdalena García Domínguez, originaria de Villahermosa, y Gildardo Arias Rodríguez, originario de Macuspana y desde 2019 acumula contratos con el Gobierno Federal por 81 millones de pesos, uno de ellos, la adjudicación directa para realizar la limpieza en la sede de la Presidencia de la República, es decir, en Palacio Nacional.
Sin embargo, la empresa comenzó su labor en el giro de la limpieza apenas en 2019, cuando fue aceptada para la limpieza del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con un contrato por 14 millones de pesos.
En 2020, la empresa recibió contratos para limpiar las instalaciones de:
- Instituto Nacionales de Pesca (Inapesca),
- Instituto Ncional para los Adultos Mayores (Inapam),
- Instituto Nacional de Migración (INAMI),
- Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP),
- Instituto Mexicano del Petróleo (IMPI)
Así como otras entidades y paraestatales: Diconsa, Servicio Geológico Mexicano (SGM), la Agencia Espacial Mexicana y la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar “Benito Juárez”, que en conjunto le han otorgado le asignaron contratos por unos 12.7 millones de pesos. Mientras que en 2021, la empresa consiguió sus adjudicaciones más valiosas: la limpieza en la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, que en un solo contrato, les otorgó 33.1 millones de pesos.
Industria de la Construcción y Proyecto Vial, logró aprobar la revisión de Hacienda, lanzada en febrero de 2021, aunque en su acta constitutiva no tenga como objeto social esta actividad, sino que se presentó como una empresa dedicada a la construcción y los servicios inmobiliarios.
Sin embargo, la empresa está a punto de renovar con la Segob, mediante un concurso que decidirá en los próximos días y que está documentado en la compra: Compra IA-004000998-E4-2022.
La empresa corrió con suerte, pues inicialmente la SHCP no solicitó el tema de la correspondencia en el objeto social y el objetivo del contrato. Además, la Segob endureció de última hora los requisitos, pues ahora exige contar con un camión recolector de basura, algo que las empresas competidoras no poseen.
Mira aquí la investigación completa.
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