Hace un año denunciaba en este espacio la auto-aprobación por parte de los diputados federales —dentro del Presupuesto de Egresos 2015—, de un monto por casi 11 millones de pesos, para que cada uno determinara discrecionalmente en qué proyectos se iban a ejecutar.
A pesar de la baja de ingresos provocada por la reducción en la producción, exportación y precios del petróleo y muy por debajo de lo estimado en la Ley de Ingresos, finalmente aprobaron para el ejercicio 2015 los 11 millones de pesos para distribuir a los grupos parlamentarios. Esto le permitía etiquetar a cada diputado hasta 24 millones de pesos en obras y proyectos como decidieran a su antojo. Hoy, el panorama económico para el próximo año está mucho peor.
Estas partidas discrecionales fueron las que originaron aquellos escándalos bochornosos por los famosos “moches” (comisiones) que algunos diputados exigían a alcaldes, a cambio de autorizar determinados recursos en sus municipios. El escándalo estalló en el PAN debido a la denuncia directa que un alcalde hizo ante su cabildo y que fue manejado por medios nacionales; lamentablemente, la práctica también fue generalizada con diputados de otros partidos políticos.
El problema de origen se debía a una acción indebida de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al promover en el Presupuesto de Egresos la asignación de montos “discrecionales” otorgados a los principales grupos parlamentarios. La SHCP le llamaba a estas partidas “comandas” y las clasificaba de acuerdo al color de los emblemas partidistas como la comanda azul, amarilla, verde y roja.
Esta conducta de la SHCP era absolutamente ilegal porque el Presupuesto de Egresos es una “ley programática” y no puede dar espacio a un uso discrecional o arbitrario de los recursos públicos de ninguna manera; es ilegal porque viola la propia Ley del Presupuesto en donde cada partida tiene un destino específico y debe ser ejecutado por las unidades de gobierno correspondientes; y es inmoral porque lo que se busca realmente es el condicionamiento del voto de los diputados. En el fondo, era una presión del propio Gobierno Federal para condicionar el voto a favor de los distintos grupos parlamentarios.
Los diputados tienen todo el derecho por velar y presionar para determinados proyectos de interés en sus respectivos distritos y localidades. Deben discutir en las Comisiones respectivas para que sus demandas, que son las de la ciudadanía, queden resueltas en la medida de lo posible en el Presupuesto de Egresos, pero no pueden —bajo ninguna circunstancia— aceptar el uso discrecional de recursos. Una vez aprobado el Presupuesto, la obligación del Congreso es de vigilancia y seguimiento para que haya puntual cumplimiento en el ejercicio de las cantidades asignadas para cada programa.
En el Proyecto de Presupuesto 2016 que envió el Ejecutivo (SHCP) a la Cámara de Diputados (HCD), ya no están consideradas estas partidas discrecionales; es un acierto por parte del gobierno federal y debemos todos apoyar esta iniciativa. La HCD discutirá y aprobará en los próximos días la iniciativa y todos esperamos que por ningún motivo los diputados se atrevan a incluir estas “comandas”, como lamentablemente lo hicieron el año pasado.
En este momento de crisis que vive el país debido a la inseguridad, corrupción, impunidad y disminución de los ingresos, los legisladores tienen un papel fundamental para orientar la sensación de impotencia que todos sentimos. Es fundamental que pongan el ejemplo de una conducta honesta, apegada estrictamente a la Constitución y a las leyes. El Congreso debe vigilar la correcta ejecución del presupuesto aprobado y exigir rendición de cuentas en todas las acciones de gobierno.
La SHCP y la HCD deben cancelar para siempre estas partidas ilegales que propiciaron hechos muy lamentables de corrupción. Los grupos parlamentarios están obligados a que haya total transparencia en la aprobación del Presupuesto y a no permitir nunca más discrecionalidad en el ejercicio del gasto.
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