Electricidad, otro derecho humano

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De unos años a la fecha, entre partidos y sus legisladores se ha venido presentando la costumbre de incluir “nuevos” derechos humanos a una lista que se viene incrementando conforme las ideas – ¿o debemos decir ocurrencias?– de nuestros políticos se presentan. Ahora la energía eléctrica se suma a este apartado, como antes lo fue Internet o la alimentación, aunque no se aclare cómo se harán realidad este tipo de derechos.

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Ahora el turno ha sido de la diputada local en la Ciudad de México, Aleida Alavez, quien en el contexto de la redacción de la Constitución de la urbe ya erigida como un estado más de la república, planteó que el documento debe incluir la prohibición tácita para privatizar el agua, también considerada por la legisladora un derecho humano, además de elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica.

En su argumentación –de acuerdo al boletín emitido por la ALCDMX–, Alavez expuso que en tanto el gobierno federal “endeuda cada día más a la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de desaparecerla y dejar en manos privadas el manejo de este energético”, la Organización de las Naciones Unidas “aprobó en 1988 la resolución 181 referida a la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el año 2000”, la cual implica “disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.

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Es por lo anterior, continúa la diputada perredista, que “en esta definición encontramos en tres momentos el elemento de la energía eléctrica como una condición para consolidar una vivienda adecuada, al referirse a la iluminación, a la infraestructura básica y a los servicios básicos, por lo que un sólo elemento como la energía eléctrica podría ayudar a integrar tres componentes de este amplio derecho y ayudaría a avanzar en la concreción de los mismos”.

Más allá de la necesidad de que todos los habitantes del país tengamos la posibilidad de tener una vida digna con los satisfactores necesarios, viene la pregunta acerca de dónde saldrán los recursos para hacer realidad este tipo de demandas.

Adicionalmente, nos debemos preguntar, ante el ahora amplio catálogo de derechos humanos que se busca incluir –o que ya están– en la normatividad nacional, de qué forma se concretarán y mediante qué mecanismos, porque una cosa es plantear este tipo de temas en el papel y otra, muy distinta, hacerlos realidad.

Y es que muchos de nuestros políticos, con tal de aparecer en los medios, continúan actuando como si estuvieran en campaña y siguen con sus promesas, a las cuales ni siquiera pasan por el filtro del sentido común.

Juan José Rodríguez Prats, en una de las múltiples legislaturas en las que ha estado como diputado o senador, relata que una legisladora lo buscó para que la apoyara a fin de impulsar una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación. Pese a la resistencia del tabasqueño, la diputada logró con su insistencia platicar con Rodríguez Prats, quien aceptó apoyarla con una condición, la cual gustosa aceptó su colega aún sin conocerla, “que también me apoye en mi propuesta para incluir el derecho a defecar”, planteó el protagonista de esta historia, quien remató ante la mirada sorprendida de su interlocutora: “porque todo lo que entra tiene que salir”.

Esto puede servir para que analice la proliferación de “derechos” ante una variedad de necesidades o desafíos de las sociedades modernas. Por citar un ejemplo, en Nueva Zelanda a los monos se les ha otorgado, en parte, derechos iguales que a los seres humanos desde 1999. En Francia, se considera que no se necesitan derechos humanos que vayan más allá de los de todo el mundo, además de mencionar que se trata de derechos que se observan desde los tribunales.

Niklas Luhmann, en varios ensayos en los que analizó el tema, planteó que propuestas como exigir el derecho a una cuenta de banco o a casarse no deben incluirse en el catálogo de derechos humanos –por el momento, matizó después–, por los riesgos que vienen aparejados: “darles demasiada importancia y elevar las expectativas de consenso”.

Luhmann, en su obra Los derechos fundamentales como institución, recordó que “ya hemos visto que no hay derecho humano a casarse por amor, porque esta institución no está amenazada por el sistema político sino por la familia. Por eso la protegen sólo algunos institutos jurídicos de menor relevancia, por ejemplo la capacidad de hacer negocios. Aunque algunos jóvenes cambiarían con gusto la libertad de prensa por este derecho humano: el orden de los derechos fundamentales no remite a la naturaleza humana, sino corresponde a la constelación de problemas que resultan de la diferenciación de la sociedad”.

Quizá sea tiempo de pensar en todo lo que hemos catalogado como derecho humano y de donde saldrán los recursos para concretarlos, porque una cosa es inscribirlos en un texto normativo y otra hacer que sea posible que todo el mundo los ejerza.

Del tintero

Un día como hoy, pero de 2014, se dio una de las recapturas de Joaquín Guzmán Loera, el famoso Chapo, quien el año pasado se volvería a dar a la fuga para ser detenido nuevamente a principios de este 2015. Pese a encontrarse en la cárcel, sigue siendo noticia y dolor de cabeza para la administración de Peña Nieto.

Twitter: @AReyesVigueras


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