Por: Diego Fernández de Cevallos
Siempre han existido intromisiones abusivas del Ejecutivo federal en agravio del Poder Judicial; lo que carece de precedentes es la manera tan insolente y mordaz como el actual Presidente lo injuria, denigra y amenaza sin reposo, con el propósito de doblegarlo y tenerlo a sus pies.
El caso más perverso y maloliente es el artículo XIII transitorio de la recién aprobada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a través del cual, y apoyado en sus abyectos legisladores, aumentó dos años la permanencia del ministro Zaldívar en la presidencia de la Corte, así como diversos plazos para los demás integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, violando flagrante el texto constitucional.
Me excuso de narrar detenidamente la conocida indignación y el escándalo que ha provocado dentro del Poder Judicial, así como entre juristas y demás personas ilustradas, porque esa adición de última hora, subrepticia y en la oscuridad de la noche, dinamita la independencia y autonomía del Poder Judicial, indispensables para la impartición de la justicia.
Pero ese transitorio no transitará, porque de aplicarse representaría un costo impagable para el ministro Zaldívar, una revolución interna en el Poder Judicial de México y su total desprestigio internacional.
Es tan grave la convulsión provocada por esa intentona, que el ministro presidente se vio precisado a plantear ante sus pares (el pleno) una consulta urgente para que expresen su criterio al respecto (medida legal y hábil) para tratar de dejar sin efectos, lo más rápidamente posible, lo impuesto por el delincuente que despacha en Palacio Nacional. Además, legisladores de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad para combatir el atraco.
Si la interpretación última de la Constitución corresponde, por disposición de ésta, a la Suprema Corte, debemos entender que frente a éste y cualquier otro caso concreto, finalmente la Constitución dice lo que dice la Corte que dice la Constitución. Así de claro.
Muchas resoluciones judiciales prueban que hay jueces honestos en México; a ellos debemos apostar.
López Obrador seguirá rumiando sus venenos porque está moralmente incapacitado para responder de otra manera ante un fallo judicial adverso. No es como Federico el Grande (Rey de Prusia hace más de dos siglos) frente al molinero que se negó a venderle su molino —cuya vista molestaba al poderoso— no obstante ofrecerle tres veces su valor; el monarca, al recibirlo por tercera ocasión y creyendo que le entregaría su finca, solo recibió de él la resolución judicial que lo amparaba. Los súbditos esperaron una respuesta violenta del rey y la persecución en contra del juzgador, pero la contestación regia fue de enorme grandeza: “Aún quedan jueces honestos en Berlín”.
Aquel fue grande, el de aquí, un microbio.
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