Desde finales del siglo pasado ante el creciente fenómeno de la delincuencia se hicieron en la década de los noventas importantes reformas constitucionales creando un modelo a partir de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de unificar esfuerzos en los diferentes órdenes de gobierno encaminados a cumplir esa función de Estado y contribuir con eficacia en la salvaguarda de la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas.
A partir de esas fechas se han realizado diversas reformas al texto supremo, bajo la premisa de ajustar el modelo en la materia que permita mayor eficacia de las instituciones dedicadas al rubro. El artículo 21 de la Carta Magna que contempla lo concerniente, ha tenido cambios, la mayoría en el 2024.
Los pilares del tema, se cimientan en una coordinación y colaboración de las instituciones encargadas de la seguridad pública; en las bases de datos; intercambio de información; sistemas de inteligencia; selección, reclutamiento, capacitación, certificación y seguimiento del desempeño de los integrantes de las dependencias encargadas del ramo y; la formulación de políticas públicas en el área de prevención, considerando la participación de la sociedad.
Inclusive, establece principios básicos a partir de que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como por la perspectiva de género, el respeto a los derechos humanos y, una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad y la disciplina.
Tal como se observa, el contenido normativo es muy completo al contemplar todo un sistema de manera integral para que el Estado cumpla con eficacia su función en ese rubro, sin embargo, sigue siendo el principal problema en México.
Las cifras duras muestran que lejos de ir abatiendo los niveles de inseguridad, los datos reflejan un alto índice de homicidios y desapariciones de personas, que han provocado por sus múltiples y escandalosos episodios la percepción colectiva de temor e intranquilidad en la población, con el consecuente sentimiento social de sentirnos limitados en nuestras libertades de expresión y transito, por el miedo de que puedan atentar contra nuestra vida e integridad de la familia, en paralelo, también, en relación al patrimonio, en realidad, ya nadie se siente a salvo.
Resultaría ocioso hacer mención sobre la incidencia criminal, el hecho consiste en que han abandonado cumplir con eficacia esa función. Desmantelaron instituciones importantes, creando un modelo de corte militar que lamentablemente ha sido desacreditado con escándalos de corrupción.
Lo correspondiente a las entidades federativas, ninguna se escapa, están cortadas con la misma tijera: sin resultados y acusadas de corrupción, la gente no cree ni confía en esas instituciones.
En cuanto a políticas de prevención, es un saco vacío, no hay absolutamente nada, es un rubro inexistente, pese a ser la única área que permite la participación social, aspecto que desde luego no es de su interés.
Para resolver el enorme problema es indispensable dar vida a los a las premisas y principios constitucionales, adecuando un modelo institucional eficaz.
