Es una imagen dolorosa: una familia de indígenas llevando a cuestas sacos con las pocas pertenencias que les quedan; sacos donde también cargan el dolor y la desolación que les ocasiona abandonar su hogar y sus comunidades. Al frente de ellos va una mujer con los pies descalzos, recorriendo un camino pedregoso después de haber sido desarraigada involuntariamente de su pueblo. En su rostro y en su andar pueden percibirse el desconsuelo y el miedo a un futuro injusto e incierto.
Esta es sólo una imagen de la realidad que padecen miles de desplazados en nuestro país. Algunos calculan que son 120 mil, otros que son 160 mil y hasta 280 mil. No lo sabemos con certeza porque el gobierno, en su afán de tapar el sol con un dedo, no se atreve a reconocer una realidad que se padece hace medio siglo.
Desde los setenta, muchas personas se han visto obligadas a huir de conflictos armados, de la intolerancia religiosa, persecuciones y narcoviolencia. Uno de los hechos más representativos de estos desplazamientos fue el ocasionado por el conflicto zapatista de 1994, el cual dejó a más de 30 mil personas en desamparo permanente, situación que además motivó que cuatro agencias de las Naciones Unidas intervinieran para impulsar acuerdos y construir la paz en las comunidades.
Fuera de eso, muy poco se ha hecho. Mientras que en países como Colombia se han generado respuestas legislativas positivas a favor de los desplazados, en México todavía falta mucho por hacer, empezando por el hecho de que la Constitución no contempla a éste como uno de los temas en los que el Congreso puede legislar. Y a nivel local, sólo dos estados cuentan con un ordenamiento en la materia.
¿Por qué la renuencia a legislar en este tema? ¿Será que el partido en el gobierno otra vez tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre? Tampoco se entiende la miopía de las autoridades porque si bien muchos desplazamientos ocurren por la inseguridad y la violencia, hay otros casos que tienen como origen la falta de oportunidades económicas o los desastres naturales.
Pero al margen de las causas, es increíble que las autoridades no se den cuenta que dejan en total indefensión a estas personas, pues a diferencia de los refugiados, no reciben protección internacional porque no cruzan las fronteras y no hay instrumentos internacionales vinculantes en la materia. Por ello, los desplazados no tienen a dónde acudir, no saben qué hacer y terminan expuestos a más violaciones de derechos humanos.
Hay miles de familias, mujeres y niños que, como la familia indígena, buscan un techo dónde alojarse. Y mientras ellos son obligados a desplazarse, el gobierno sigue de brazos cruzados.
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