Durante los gobiernos priístas, México se caracterizó por su posición nacionalista en materia de derechos humanos y por evitar a toda costa el monitoreo y el escrutinio de actores y organismos internacionales. Ejemplo de ello es que nuestro país se tardó en reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se opuso en un principio a la creación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, esa posición comenzó a modificarse y en pleno siglo XXI se reconoció la competencia de organismos internacionales como el Comité contra la Tortura de la ONU.
En este contexto de apertura que costó mucho trabajo alcanzar, el doctor Juan Méndez, relator especial de la ONU, realizó una misión de trabajo a México para evaluar la situación de la tortura e identificar los desafíos que se enfrentan.
El relator sostuvo reuniones con funcionarios de la SRE, Segob, Marina, PGR, diputados y senadores; tuvo acceso a lugares de detención, a un hospital psiquiátrico y una estación migratoria. Un año después, presentó su informe dando una conclusión clara y contundente: “La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, con fines de castigo e investigación”.
Esta conclusión no es aislada ni descabellada, como la quiere hacer ver el gobierno, pues también hay reportes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional en los que se evidencia que la tortura en México es una realidad, que los métodos de investigación criminal no han avanzado y que se siguen reportando tratos crueles como golpes, descargas eléctricas, simulación de ahogamientos y violaciones, los mismos métodos que se utilizaban hace décadas y que dieron como consecuencia que los mexicanos se acostumbraran a hablar de los “tehuacanazos” y las “calentaditas”.
Si el gobierno recibió al relator especial hace un año y durante estos meses cabildeó el contenido del informe, ¿por qué lo descalifica sin brindar datos duros que sostengan su posición?
Además, resulta increíble que se hubiera solicitado al relator eliminar de su informe el término “tortura generalizada” por el impacto negativo que esto representaría para México. ¿En serio? Una vez más comprobamos que lo único que le importa al gobierno es cuidar su imagen y no los derechos de los mexicanos.
Y claro, como el relator no cedió a sus presiones para matizar la calificación reprobatoria, entonces enloquecen y se cierran nuevamente al escrutinio internacional. Pero ¿el gobierno estará dispuesto a meter las manos al fuego por los policías municipales (tras los que se escudan para dar explicaciones en el extranjero por el caso Ayotzinapa) y por los militares (los mismos que quisiéramos sean investigados por Tlatlaya)?
Si no reconocen el problema no lo podrán solucionar. La primera regla en el diseño de políticas es partir de diagnósticos precisos sobre los problemas públicos. Y si no se quieren ver las muertes, los secuestros, las fosas ni las torturas, ¿cómo se logrará tener un diagnóstico certero que permita curar todos estos males?
Para eliminar la tortura y revertir la impunidad, el gobierno debe tomar en cuenta la visión de organismos internacionales y apartarse del “ombliguismo nacional”.
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