Por Carlos Ramírez
La designación de la vicepresidenta Kamala Harris como responsable de la frontera mexicana en materia de narcotráfico y las presiones de la DEA y el FBI para responsabilizar a México de la disponibilidad de drogas dentro de territorio estadunidense es una forma oficial de la Casa Blanca para eludir el problema de fondo: la presencia dentro de EEUU de los cárteles mexicanos en el 85% del territorio estadunidense.
¿Cómo llegaron Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Chapo y otras bandas a tomar el control de la venta de droga al menudeo de más de tres mil ciudades estadunidenses? ¿Quién los dejó entrar? ¿Qué oficinas de gobierno permiten su funcionamiento sin persecución institucional? ¿A quién beneficia el lavado de narcodólares en el sistema financiero estadunidense? ¿Qué padrinazgos políticos tienen los narcos mexicanos en EEUU?
Hasta ahora se tienen datos sólo de la Operación Python de la DEA para perseguir a miembros del CJNG en la zona de Los Angeles, pero con mayor intensidad designando grupos especiales de policías para perseguir dentro de México al presunto jefe El Mencho, incluyendo una recompensa de diez millones de dólares. El Chapo está en prisión en sentencia de por vida, pero su cártel sigue operando como si nada y es el responsable de introducir a EEUU el fentanilo como droga química que ha asesinado de miles de estadunidenses.
Si se buscara una causa de la expansión de actividades de los cárteles mexicanos dentro de EUU, sería la de: corrupción. Droga y narcos han cruzado la frontera sin problemas y circulan con libertad en más de cuarenta de los cincuenta estados de la Unión Americana. Y por razones de seguridad nacional, dentro del territorio estadunidense no debería de haber pérdida de control de personas que atentan contra la seguridad interna del país. Y queda el otro dato revelador de la crisis de seguridad nacional estadunidense: las estructuras de funcionamiento de los cárteles para el contrabando de droga, su venta al menudeo y el manejo de los recursos por venta de los productos no pueden ser manejados desde México, lo que quiere decir que dentro de EEUU existe ya una estructura de dirigencia de los cárteles y bandas de alto nivel.
Y a este problema se agrega el dato más simple del tráfico de drogas: la demanda determina la oferta. En tanto que existan 30 millones de consumidores absolutos y quizá dos tantos iguales de consumidores circunstanciales, el flujo de drogas procedentes de México y América Latina y la presencia de narcos-jefes será un riesgo de violencia que las autoridades estadunidenses no han querido encarar. La estrategia estadunidense se basa no en el combate a la droga y a los narcos, sino en la atención de los adictos.
La administración del presidente Joseph Biden no parece querer modificar la percepción, diagnóstico y estrategia del narco mexicano dentro de EEUU. La tarea de la vicepresidenta Harris tampoco será una garantía de acercamiento a alguna solución parcial del problema. La experiencia de la vicepresidenta se reduce a su papel como fiscal de California en programas de contención a los cárteles mexicanos en ese estado estadunidense.
La DEA tiene, en sus evaluaciones, muy bien detectados a los cárteles mexicanos que operan dentro de EUU, sabe de sus áreas de influencia, conoce las tres mil ciudades donde se comercia la droga al menudeo, pero es la hora en que el gobierno estadunidense carece de una estrategia real de lucha interna contra el narcotráfico.
Ley de la Omertá
Las relaciones EEUU-México en materia de narcotráfico han padecido de visiones imperiales, de suspicacias estadunidenses a complicidades mexicanas con el crimen organizado y a la sospecha de corrupción y complicidades en las organizaciones de seguridad mexicanas. Sin embargo, los estadunidenses saben que con esas policías mexicanas tienen que lidiar. El Plan Mérida redujo la entrega de dinero y equipos y la capacitación. Los americanos no quieren compartir inteligencia con México porque sospechan, casi siempre con razón, en que esa información va a dar a los narcos. El arresto del secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón, Genaro García Luna, acusado de aliarse con el cártel del Chapo sería una de las últimas pruebas.
La estructura de seguridad del gobierno de López Obrador todavía no convence a los estadunidenses, a pesar de que se han reducido los espacios para la complicidad y la corrupción. En EEUU no entienden la inexistencia en México de un aparato real y directo antinarcóticos, pero sin entender que México ya tuvo policía antidrogas y casi toda ella cayó en manos de los cárteles.
El gobierno de López Obrador suspendió el Plan Mérida y parece no querer otro acuerdo similar hasta no tener aceitadas sus estructuras de seguridad, Pero el tiempo avanza, las presiones estadunidenses aumentan y los carteles mexicanos en México han quedado sueltos y sin persecución policiaca. La propuesta de México es aumentar el bienestar como forma de combatir el narcotráfico, pero en una zona de deterioro productivo provocado por la pandemia.
Zona Zero
· El CJNG se ha convertido en una provocación institucional. Sus cuadros dirigentes no dejan pasar días sin exhibir propaganda con videos de sus fuerzas operativas, aunque análisis rigurosos de las autoridades dejan en claro que se trata de la misma baja capacidad de fuego. Pero la falta de persecución contra ese grupo ha permitido que quede como el grupo delictivo con presencia en el 85% del territorio nacional.
· En cambio, el Cártel del Chapo ha tratado de disminuir su visibilidad social, escondiendo la presencia de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo que está siendo buscado por grupos operativos para llevárselo a juzgar a EEUU por el tráfico de fentanilo.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico.
@carlosramirezh
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