En los últimos años se han descubierto decenas de fosas y miles de cuerpos no identificados. Esta es una característica que parece nueva en la espiral de violencia que nuestro país ha padecido desde hace mucho tiempo.
La disputa entre las organizaciones criminales por el dominio de territorios propagó la narcoviolencia y con ello el terror entre la sociedad. Empezamos a enterarnos de secuestros, extorsiones, personas decapitadas, “embolsadas”, acribilladas y ahorcadas. En fiestas, centros comerciales y centros nocturnos se empezaron a asesinar jóvenes y arrojar cabezas. En la mente de toda la gente quedó la imagen de hechos como la matanza de La Marquesa y la masacre de Villas de Salvárcar.
Todos estos actos de barbarie fueron configurando la terrible realidad que hemos vivido durante los primeros catorce años de este siglo. Pero a esta narcoviolencia, ahora se agrega el hallazgo recurrente de fosas con cuerpos que carecen de nombre, de familia y de historia; cuerpos que para el gobierno parecen no importar, pero cuya ausencia ha dejado un vacío doloroso en todos sus seres queridos.
Desde el hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, empezaron a registrarse más y más casos en estados como Durango, Chihuahua, Veracruz y Guerrero. Y ya para 2012, el titular de la CNDH afirmó que había 15 mil 921 cadáveres no identificados y mil 421 cuerpos inhumados en fosas clandestinas. A ellos se suman todas las víctimas que se han descubierto recientemente.
Ante este problema, y la indolencia de las autoridades, los familiares de esos desconocidos han salido a las calles para exigir justicia, denunciar públicamente la falta de actuación de los gobiernos y reclamar que se tome en serio su dolor junto con la identificación de los cuerpos.
La obligación del Estado es buscar la verdad, brindar una explicación de lo que pasó con cada una de esas víctimas y castigar a los responsables de esas atrocidades. Basta ya de minimizar esos hechos, de decir que son “casos aislados” o de apostarle al olvido colectivo.
¿Quiénes son los responsables de estas fosas? ¿Están involucrados los mismos narcotraficantes que antes querían atemorizar tirando cabezas y desmembrando cuerpos? ¿Ahora prefieren esconderse y enterrar los cuerpos? ¿Ahora tienen miedo de ser capturados y por eso intentan desaparecer la identidad de estos seres humanos? ¿Cuenta o no el gobierno con un diagnóstico y estadísticas del problema? ¿Se han iniciado averiguaciones para aclarar todos y cada uno de estos hechos? ¿Es una práctica que se ve en todo el territorio nacional?
Vivimos en un país lleno de fosas e interrogantes, pero vacío de respuestas e interés de parte de las autoridades para resolver una situación intolerable.
Para el gobierno federal, pareciera que todas estas víctimas nunca existieron. Y mientras no haya una decisión firme de investigar lo que está sucediendo en el país no habrá justicia para las víctimas ni para sus familiares.
Basta ya de apostarle al olvido de los desaparecidos.
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