El contubernio en el caso del tren rápido a Querétaro muestra el “capitalismo de compadrazgos” que aquí predomina.
Bajo una severa presión de la opinión pública, Enrique Peña Nieto dio a conocer la totalidad de su patrimonio personal que asciende a unos 45 millones de pesos, comprendiendo casas, terrenos e inversiones. Parte de la declaración, registrada al asumir el cargo de Presidente de la República, había quedado en reserva conforme al derecho que la ley autoriza.
El día anterior su esposa, Angélica Rivera, acicateada por los medios, apareció en televisión para justificar las propiedades inmobiliarias de cuestionado origen. Según se dijo, no estaba obligada a hacer esto por no ser funcionaria pública.
La realidad, sin embargo, es que el Formato de Declaración Patrimonial precisa en su apartado 5 que hay que enumerar “todos los bienes inmuebles, muebles, vehículos, participaciones accionarias, valores y activos financieros, ubicados tanto en territorio nacional como en el extranjero, que sean propiedad del declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos”. Es más, en cuanto a los bienes del cónyuge “no tiene relevancia el régimen bajo el que se haya contraído matrimonio”.
Vale la pena recordar que la declaración patrimonial de Felipe Calderón sí contiene los datos patrimoniales de su esposa Margarita Zavala. A diferencia de su sucesor en la Presidencia, sí estuvo de acuerdo con que su declaración se hiciese pública.
Dejando a un lado la reticencia de Peña Nieto a difundir la totalidad de su declaración, el asunto debe servir para fijar como obligación de ahora en adelante, al lado de su certificado de no antecedentes penales, de dar publicidad completa a este documento, incluyendo al cónyuge e hijos. El acceso razonado de los datos puede preverse sin impedir la necesaria disponibilidad de ellos en bien de los valores democráticos que promueve Transparencia Internacional.
El monitoreo de los bienes de los funcionarios no es privativo de sociedades calificadas internacionalmente como corruptas. Países como Estados Unidos y Canadá lo hacen y un estudio de la OCDE señala que las declaraciones patrimoniales además de servir para fiscalizar ingresos, también son útiles en conflictos de interés entre funcionarios públicos y actores privados. El Banco Mundial dice que es difícil recabar información en México sobre el tema.
El arca abierta tienta a todos por igual. Tan hay corruptos entre los políticos como entre los banqueros o los contratistas de obra pública. Quien es proclive a la corrupción la practicará donde se encuentre. La política es particularmente expuesta por la vastedad de los recursos de que dispone. Monitorear el patrimonio de funcionarios es defender el patrimonio del Estado.
Los conflictos de intereses públicos frente a los privados afloran a diario en casos como en los grandes proyectos de infraestructura. El contubernio como el del caso del tren rápido a Querétaro, que apenas hace días reventó, muestra el “capitalismo de compadrazgos” que aquí predomina y muestra el grado de corrupción a que hemos llegado.
Los impresionantes ingresos que se develaron en el caso de la pareja presidencial recordaron el contraste entre los emolumentos de ministros, magistrados, legisladores, secretarios de Estado y jefes de algunos organismos descentralizados y la pobreza generalizada del país. Años luz de la sentencia juarista sobre la modesta percepción que los funcionarios públicos deben contentarse en recibir de la nación.
Tales diferencias de ingresos y patrimonios respecto a los del grueso de los mexicanos, golpean la sensibilidad. 6.6 millones de trabajadores mexicanos sobreviven con sólo un salario mínimo y sólo una minoría, el 7%, gana más de cinco salarios mínimos.
Un empleado que logra exprimir mil pesos mensuales de ahorro llegará a acumular en 40 años poco más de 800 mil pesos; si ahorra mil 100 mensuales llegará a ahorrar sólo cerca de un millón. Compárese con la élite de funcionarios privilegiados. En e1 lapso entre 2013 y 2014, los billonarios mexicanos pasaron de 22 a 27, sus pertenencias, de 137 billones a 169 billones de dólares
Las declaraciones patrimoniales del Presidente y las aclaraciones de su esposa que hemos presenciado en estos días, pueden iniciar un proceso que no sabemos si abocará en una solución positiva y durable. Ya es tiempo de que así fuera.
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