Varios comentaristas y articulistas manifiestan en sus exposiciones que los hechos recientes que han provocado una especie de insurrección social, tienen su origen primario en la falta de un auténtico estado de derecho, con leyes que se cumplan y se respeten por todos los mexicanos. Sin embargo, casi ninguno de esos comentaristas proponen algún procedimiento o metodología para pasar, o ir pasando de una situación como la que tenemos a una situación de cumplimiento de las leyes, por lo que tal vez convenga analizar el contenido e implicaciones de contar con un:
Estado de derecho
En primer lugar, se requieren buenas leyes consensuadas y discutidas, no sólo en los congresos, sino por la sociedad; pero para que haya buenas leyes se requiere también que haya buen Poder Legislativo, integrado por buenos y capaces legisladores.
Una propuesta sería que se integrara un cuerpo de juristas, constitucionalistas y jurisconsultos, que realizaran un análisis de la estructura jurídica del País para depurarla, actualizarla y coordinar el contenido de los diferentes códigos, en tal forma que no existan o sean mínimas las contradicciones, ambigüedades, duplicidades y lagunas legales, de las que se valen los malos abogados y malos jueces para lograr resultados según sus intereses. Lo cierto es que no se puede hablar de que existe un Estado, si no existe un estado de derecho. Pero además, se requiere también una:
Cultura de la legalidad
Lo cierto es que los mexicanos somos muy buenos para "sacarle la vuelta a la ley" y no sólo los ciudadanos, sino también los funcionarios públicos. La autoridad es la que primero debe velar y cumplir la ley. Ningún gobierno puede ser un buen gobierno si no logra la confianza de la sociedad y el primer paso es que cumpla con las leyes, aunque su aplicación tenga consecuencias negativas para la administración en turno.
Sólo tendremos confianza cuando el Poder Legislativo se sujete sin condiciones a las leyes que ellos mismos emiten; sólo tendremos confianza en un Poder Ejecutivo cuando se aplique la ley a funcionarios públicos corruptos, ineficientes o que no hacen su trabajo por el que se les paga; y sólo tendremos confianza en un Poder Judicial que se aplique a sí mismo las leyes con el mismo rigor y oportunidad con que se la aplican a los ciudadanos, culpables o inocentes, pero siempre buscando el bien general y sobre todo que no haya impunidad, que se ha convertido en el mejor motivador para violar la ley, pues "aquí no pasa nada".
Esta cultura de la legalidad debe iniciarse ya, desde el hogar y la escuela. Buscar a los maestros más cumplidores y honestos y a las organizaciones sociales interesadas para llevar a cabo una campaña de enseñanza, motivación y explicación de las bondades de cumplir la ley, para una sana convivencia y desarrollo de la comunidad y del País en general.
Un buen inicio de esta cultura de la legalidad sería que el gobierno y las instituciones públicas inicien un proceso de:
Transparencia y rendición de cuentas
Ésta también es una cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas, no sólo en las autoridades para abrirse, sino también en la sociedad para exigirla; tanto unos como otros deberán encontrar métodos legales y ordenados para informar y para ser informados; no sólo se refiere esto a los informes anuales de los diferentes integrantes del gobierno, sean diputados, ejecutivos, directivos y jueces, sino de mantener informada a la sociedad, que lo pida o no, de todas las actividades y decisiones de gobierno que directa o indirectamente afecten o incidan en la vida social.
Un factor muy sensible es el de la rendición de cuentas de todos los recursos que maneja el Estado. De dónde vienen los ingresos y en qué, quiénes y cuánto se gasta, información que debe ser no sólo veraz sino oportuna, pues muchas veces se informa lo que se gastó (así, en pasado), cuando ya no es posible corregir lo mal hecho.
Se requieren buenas leyes de fiscalización, que le den armas a los órganos revisores y supervisores para intervenir a tiempo, así como para denunciar penalmente y en algunos casos castigar administrativamente a quien haya hecho mal uso de los recursos públicos. En este orden de ideas, la vigilancia y control de la sociedad pudiera ser también una forma de fiscalización con capacidad de intervención y denuncia, como por ejemplo en la obra pública.
Esto nos lleva a la necesidad de que exista y se respete la:
Participación social
La cual significa no sólo que los ciudadanos y la sociedad en general tengan libertad de expresión, de crítica y de organización, sino también que la autoridad la oiga, la atienda y la respete, que abra canales de recepción de quejas y denuncias y que actúen en consecuencia; al principio habrá excesos, incongruencias y denuncias sin fundamento, pero si todas se atienden y se informa sobre los resultados, la sociedad irá aprendiendo a denunciar y opinar con hechos y datos comprobables.
Ya la sociedad se ha sensibilizado lo suficiente al sufrir este desorden jurídico, económico y social que estamos padeciendo; es tiempo de iniciar un proceso regenerativo que algo ayude a esta generación, pero sobre todo a las generaciones que vienen.
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