Como una de las tecnologías novedosas, las redes sociales ocupan cada vez más espacios en nuestras vidas con una variedad diferentes de motivos. En el terreno político no sólo son utilizadas en labores de promoción o proselitistas, sino que también se les empieza a incorporar como herramientas de gobierno, aunque la discusión acerca de la conveniencia o no de su utilización sea algo que no termine por ofrecer acuerdos para normalizar el uso de este tipo de instrumentos.
Novedad
Como todos los avances tecnológicos, las redes sociales han irrumpido en nuestra sociedad para luego ser reguladas o que inicie la discusión acerca de los límites a su ejercicio en ámbitos como el político o el educativo. La masificación de este tipo de herramientas, ha hecho que una gran variedad de sectores sociales las utilicen para apoyar sus trabajos, desde el artista que las usas como un escaparate más de sus obras, hasta el emprendedor que las emplea como un recurso publicitario de bajo costo.
Para los políticos, las redes sociales han significado a la vez una amenaza y una oportunidad. Amenaza en cuanto a que ahora la ciudadanía los puede consultar –forzándolos a la retroalimentación, a lo cual no están acostumbrados muchos de ellos– y exhibir en sus excesos o carencias; pero también representa la oportunidad de promover sus acciones e informar acerca de lo que están haciendo, dándoles una tribuna que antes no tenían.
Algunos de nuestros gobernantes y legisladores se han adaptado bien a estos nuevos instrumentos de comunicación, en tanto que otros se han quedado rezagados o han demostrado que no están listos para mostrarse al público.
Pero es en el ámbito gubernamental en el que el desafío es mayor, pues la oportunidad de ejercer un gobierno abierto y transparente, en donde el funcionario pueda responder, incluso en tiempo real, a la ciudadanía, es en donde se manifiestan con mayor nitidez las resistencias a estas prácticas nuevas.
También es en este campo en donde han surgido formas novedosas de implementar otras maneras de informar, a la vez que las ocurrencias –que a veces llegan a la categoría de experimentos– obligan a reflexionar si nuestros funcionarios públicos están listos para aprovechar los avances de la tecnología.
Pongamos como ejemplo lo hecho en la Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Ahí, un funcionario ha usado las redes sociales para exhibir a infractores de la ley, en un esfuerzo por disuadir este tipo de prácticas. La polémica, que incluso involucra el aspecto de los derechos humanos de quienes son exhibidos, se ha hecho presente, pero para nuestra desgracia ni la discusión ha llegado a ofrecer soluciones al problema planteado ni la autoridad ha ido un paso más para que esto no quede en una simple anécdota.
Y es que si bien las redes sociales y demás tecnologías derivadas de Internet pueden ayudar a una mejor comunicación entre la sociedad y sus gobernantes, éstas no se limitan a ser simples herramientas para informar, pues pueden ayudar a educar, genera conciencia acerca de un tema que necesita soluciones, poner de acuerdo a sectores sociales en torno a las medidas necesarias a implementar y a la rendición de cuentas.
Si un presidente municipal, o jefe delegacional, utiliza simplemente las redes sociales para exhibir a quienes tiran basura en las calles o se estacionan en lugares prohibidos, estaríamos ante un simple afán de protagonismo, pero si la intención es que esto sea parte de todo un programa para reducir la cantidad de basura en las colonias o que se aprenda a respetar la ley en materia de tránsito, otro gallo nos cantaría.
Desgraciadamente, en este campo nos encontramos con que nuestra clase política no está preparada para utilizar las redes sociales, excepción hecha de las labores que implican una promoción de sus personas. Combinar el uso de redes sociales con otras medidas –incluso con carácter de iniciativas de ley o políticas públicas–, es lo que ha faltado en las fechas recientes en que hemos sido testigos como la polémica por el uso de Periscope ha dejado de lado que los gobernantes no sólo tienen que hacer que se respete la ley, sino contribuir a que esta se conozca y se aprenda a respetarla.
Otro ejemplo lo tenemos en el reglamento de tránsito aprobado recientemente en la Ciudad de México. El gobierno de Miguel Ángel Mancera ha señalado en repetidas ocasiones que no se trata de una medida recaudatoria, como se ha señalado en las redes sociales, pero la insuficiencia en su difusión y la falta de programas de educación vial –que pueden implementarse en las mismas redes– hacen que sea difícil comprar el argumento de la gente de Mancera.
Esto sólo es parte de un largo aprendizaje que ha tenido nuestra clase política, el cual parece no terminar ni que esté próximo a ofrecer frutos.
Del tintero
Como dato curioso y para la polémica, un día como hoy, 7 de marzo, es considerado por algunas fuentes como la fecha en que culmina la Revolución Mexicana, ese episodio nacional que ha servido para justificar tantas cosas en discursos oficiales que hasta parece que no ocurrió… u ocurrió de manera diferente al significador que en el Tricolor le quieren dar.
En fin, se trata de un episodio de la historia nacional que aún da para muchas discusiones sobre su significado, consecuencias y duración.
Twitter: @AReyesVigueras
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