Durante mucho tiempo, líderes sociales y también políticos, han propagado la idea, con mucho éxito, de que para que el gobierno sea vigilado y controlado, deben crearse instituciones autónomas, “ciudadanas”, para ejercer acciones de gobierno que pueden estar sujetas a intereses políticos.
Y cada vez hay más de esas instituciones, que al estar fuera del control de los gobiernos, pueden, se dice, operar de manera autónoma, apegadas a la legalidad y defendiendo los intereses del ciudadano común, de sus familias y organizaciones, y hasta de sus propios gobiernos.
Pero tal autonomía, con prerrogativas y facultades que se imponen a los propios gobiernos, ha permitido crear cotos de poder fuera de control precisamente de los ciudadanos. Pero no solo eso, sino que se han convertido, en vez de instituciones autónomas, en sucursales de poder de grupos y partidos. Le dan órdenes hasta al presidente y a gobernadores y alcaldes. Y se supone que eso es bueno, pero no, no resulta así. Tan han dado órdenes buenas como malas.
El problema es la designación de sus directivos y funcionarios. Ya que suponiendo que sean ciudadanos ajenos a intereses políticos, o son parte de éstos o se convierten en sus cómplices o sirvientes a sueldo. Algo que llega a ser vergonzosamente descarado.
Otro aspecto es que la sociedad, en su ingenuidad, se ha olvidado de las debilidades humanas, sobre todo de las que emergen cuando a las personas se les inviste de poder, sin que, para efectos prácticos tengan que rendirle cuentas a nadie. Y hablo de ingenuidad, porque ésta ha estado siempre presente en la creación de dichas instituciones ajenas al gobierno, pero que ejercen precisamente funciones de autoridad.
Este es el caso de los institutos electorales mexicanos. Se suponía (insisto que ingenuamente) que organizarían, aprobarían y llevarían a cabo las elecciones para que el ciudadano pudiera votar y que su voto contara, controlando las campañas de los partidos políticos y los procesos electorales. Pero ¡oh decepción! Las mafias de poder político dan al traste con el ejercicio del poder puesto en manos de quienes dirigen dichos institutos.
¿Los institutos electorales han actuado bien o mal? Ambas cosas, pero los abusos del poder dan al traste con el buen manejo de las elecciones para casos particulares, casos que no deberían, en teoría, de existir. Los partidos políticos (y sumémosles a los candidatos independientes) que están fuera de la connivencia de poder entre algún partido o grupo político y los funcionarios “ciudadanos”, han sufrido y seguirán sufriendo la perversión de la supuesta autonomía.
La sociedad mexicana ya no ve con sorpresa, sino con indignación, cómo desde los institutos electorales se pisotean derechos, se toman decisiones absurdas, algunas contra las leyes y otras completamente fuera de ellas. La interpretación de la ley se hace demasiadas veces al gusto del cliente, fuera de todo buen juicio sobre la letra y el espíritu de las leyes electorales.
¿Por qué pasan estas cosas? Pues porque tenemos muchas, pero muchas muestras de que quienes ejercen el poder en dichos institutos, están en connivencia, en demasiadas ocasiones y con demasiada evidencia, con algún partido político.
No, esa famosa “ciudadanización” ha resultado demasiadas veces una verdadera farsa. Y es que se están creando instituciones con gran poder sin control alguno, para efectos prácticos. Se levantan quejas contra los institutos electorales con demasiada frecuencia. Y hay que recurrir a los tribunales electorales para obligarlos a actuar dentro de la ley, a revertir decisiones tomadas fuera de la ley. Pero ¡nueva decepción! Luego resulta que ciertas decisiones judiciales siguen siendo contrarias a Derecho, también por connivencia con los poderosos políticos.
Con las instituciones ciudadanizadas, se ha ampliado la división de poderes, ya no hay solamente la tercia de poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino una nueva y creciente maraña de poderes “ciudadanos”, al servicio tanto de sí mismos como de partidos políticos.
Hay que revisar, aprovechando las experiencias vividas, sobre todo las malas, la encantadora seducción de la ciudadanización institucional. Conociendo la naturaleza humana, era previsible que pasara lo que está pasando con el ejercicio de esos poderes “independientes”, pero no se previeron al crear dichos cotos de poder.
Volvemos al viejo principio “¿quién controla a los controladores?” por ahora su único y eventual contrapeso es el poder judicial electoral.
La sociedad, la academia y ciudadanos pensantes e influyentes, deben reflexionar sobre las fallas de esas autonomías de control, de esas (falsas) independencias del poder, y tomar acciones, tanto correctivas como de futuros proyectos de ciudadanización.
Lo peor, pero lo peor de toda esta maraña de supuestas autonomías, especialmente en materia electoral, es que eran más que previsibles en sus graves fallas humanas, pero el sutil encanto de la seducción independentista, impidió que se vieran.
Haberse opuesto a la creación de tales instituciones autónomas de ciudadanos ajenos al poder político, hubiera sido considerado un sacrilegio político, al objetar que se defendieran los derechos ciudadanos fuera del gobierno. ¿Qué se puede hacer ahora? Tomar nota y revertir todo lo necesario de esa falsa independencia de ciudadanos que se supone, ahora contra grandes evidencias, que enfrentarían al Estado a favor del ciudadano. ¿Alguien, con poder político o social levanta la mano?
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