Muchos usuarios de redes sociales mencionan las cuentas de funcionarios de Estados Unidos en sus publicaciones, ya sea para denunciar irregularidades o para difundir declaraciones de integrantes de Morena o del gobierno que consideran inadecuadas.
La embajada de Estados Unidos en México, el Departamento de Estado, el de Justicia, el FBI, la fiscal general, el senador Marco Rubio y el exembajador Christopher Landau, entre otras figuras y dependencias, son etiquetados constantemente. En estos mensajes, a la vez, se celebran y reproducen las críticas de figuras afines a Donald Trump contra el país, el gobierno mexicano o, concretamente, la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por ejemplo, muchos festejaron las declaraciones de Kristi Noem y Pam Bondi —titulares de la Secretaría de Seguridad Interior y la Fiscalía General, respectivamente—, quienes responsabilizaron a la mandataria mexicana de estar detrás de las manifestaciones contra las redadas de inmigrantes en Los Ángeles o señalaron a México como un enemigo de Estados Unidos, al nivel de China o Irán.
De igual manera, celebraron que el propio Donald Trump acusara al gobierno mexicano de ser cómplice del crimen organizado y prometiera acabar con los cárteles. Festejaron también la reciente decisión del Departamento del Tesoro de EE. UU. de señalar a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero, una de ellas propiedad de Alfonso Romo, empresario cercano al expresidente López Obrador.
Podríamos continuar con más ejemplos, incluyendo mensajes en inglés dirigidos a los funcionarios ya mencionados. El objetivo de los autores es claro: que sus denuncias lleguen a oídos estadounidenses para que la justicia en México se imparta con la intervención de ese país.
Desde hace tiempo se comenta el marcado contraste en el cumplimiento de la ley entre ambas naciones. Se percibe que, al cruzar la frontera, los mexicanos que no respetan ni el reglamento de tránsito se convierten en ciudadanos modelo, respetuosos de las normas y de sus vecinos, acatando rigurosamente cualquier indicación.
Es comprensible que, ante la realidad del país, este comportamiento surja. La percepción de corrupción es alta —el 81 % la considera «mucha o regular», según Consulta Mitofsky (mayo, 2025)— y la «cifra negra» de delitos no denunciados supera el 90 %, motivada por la ineficiencia en las investigaciones y, sobre todo, por la impunidad.
Sin embargo, hay un factor clave que explica por qué algunos ven a Estados Unidos como la única esperanza para México, a pesar de condenar en privado sus políticas migratorias: la falta de una oposición partidista que sirva de contrapeso y que imponga un costo electoral a Morena por sus decisiones, desde la reforma judicial y la desaparición del INAI hasta los intentos de censura.
Sin una oposición que obligue a Morena a negociar, para muchos ciudadanos la única opción que resta es que la administración Trump fuerce al gobierno de la presidenta Sheinbaum a dar marcha atrás en sus iniciativas.
No hay que olvidar que Trump ya atacó a Canadá, sugiriendo que debería convertirse en el estado 51 de su nación, lo que impulsó la popularidad del primer ministro, Justin Trudeau, y su Partido Liberal. Si al inquilino de la Casa Blanca se le ocurriera señalar que México podría ser el estado 52, seguramente contaría con el respaldo de quienes hoy no dejan de mencionar las cuentas de funcionarios estadounidenses.
Cabe preguntarse, por cierto, si esos usuarios tan preocupados por el «desastre» de Morena salieron a votar en 2024 o si convencieron a otros de hacerlo. ¿O pertenecen al grupo que rechazó a la oposición por sus candidatos, ya fuera por su postura sobre el aborto, su origen priista o por ser de una «izquierda» que equiparan con el comunismo? Quizás hoy simplemente disfrutan de las consecuencias de su inacción.
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