A partir del 2010, el discurso que oponía a “los ciudadanos” y a “los políticos” comenzó a tomar fuerza en el debate político nacional. La reforma político electoral de ese año tradujo institucionalmente la clara exigencia ciudadana de participación directa. El sistema de partidos, consolidado durante la transición democrática, incorporó una figura novedosa, una alternativa ciudadana. El hartazgo con un sistema de partidos deslegitimado, rancio, que perpetuaba consistentemente las mañas del poder devino en una opción de hacer política que se percibe como más democrática, más genuina, más legítima.
Los resultados electorales del pasado 7 de junio constatan que las candidaturas independientes gozan, aún, de la confianza ciudadana; que tienen, aún, el poder para ofrecer esperanza. Mientras los partidos políticos se viven como actores viles que cada tres años ven la forma de violar las reglas electorales y de concentrar recursos y poder, los candidatos independientes se yerguen como emisarios de la probidad y la esperanza.
Durante la consolidación del sistema de partidos mexicano, éstos apostaron por concentrar el monopolio de la participación política. Por razones propias a su constitución, cada uno de los actores del espectro optó, consciente o inconscientemente, por excluir a los ciudadanos de la competencia política. En el modelo de la transición, la única oportunidad de participar en política era a través de los partidos políticos.
Hoy, después de la primera jornada en la que participaron candidatos independientes en la historia de nuestro país, surgen reflexiones que tenemos que atender. La pregunta que hay que hacernos es si las candidaturas independientes van a ser ese revulsivo que va a regenerar al sistema de partidos, si van a ser las nuevas fuentes de legitimación del sistema mismo. En primer lugar, tenemos que reconocer que con un mal diseño de fiscalización de los recursos, las candidaturas independientes pueden ser profundamente peligrosas para la democracia mexicana. ¿Está preparado nuestro sistema de fiscalización para estas nuevas formas de participación política? ¿Es suficientemente robusto para evitar que los intereses económicos entren de manera espuria a la política a través de esta figura? Ésa es, por ejemplo, una revisión obligada. Pero también en sus implicaciones: ¿quién se va a hacer responsable de que las candidaturas independientes terminen en buenos gobiernos? ¿En quién y cómo se van a asumir premios y castigos de la gestión? ¿Devendrán las competencias con independientes en análisis más acuciosos de perfiles individuales también para las candidaturas partidistas? ¿Cómo se alteran los incentivos que enfrentan las dirigencias partidarias en relación a la selección de candidatos y a la recepción de liderazgo social?
Pero también hay que preguntarse si la figura, en sus términos actuales, es una alternativa viable para la participación estrictamente independiente. La mayor parte de las candidaturas independientes exitosas en la jornada electoral son escisiones de partidos políticos. Lo es la candidatura de Nuevo León; lo es la de Morelia, Michoacán; lo es la de Sinaloa. Las candidaturas independientes como caminos de indisciplina que disfrazan los antecedentes partidistas, como amenaza de alternativa real al sistema de partidos, como acicate a la competencia política.
La lección es clara. Los partidos políticos y quienes en ellos militamos estamos obligados a replantearnos nuestra forma de concebirnos y de comportarnos en la política. En la medida en la que no reconozcamos que nos debemos a los ciudadanos, que debemos acoger las candidaturas y causas que exigen los ciudadanos, que debemos incluir a los ciudadanos, que somos ciudadanos, seguiremos siendo causa de desprestigio del sistema de partidos. Si no entendemos que la política debe de cambiar, que la forma de hacer política debe de cambiar, si no asumimos con responsabilidad los valores y la decencia democráticos, seguiremos destruyendo una conquista democrática de décadas, la figura misma que hoy permite nuestra competencia.
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