La política exterior de Estados Unidos ha tomado un giro más confrontacional en América Latina, marcando una escalada en su enfoque hacia el narcotráfico y los gobiernos que considera adversarios. Este cambio, evidente en la presión sobre México y la reciente ofensiva contra Venezuela, refleja una estrategia que combina sanciones, acusaciones y amenazas de acción militar. Analicemos los elementos clave de esta postura y sus implicaciones.
El gobierno de Donald Trump, desde su retorno al poder, ha intensificado la narrativa de seguridad nacional en torno al narcotráfico. En México, la designación de cárteles como el de Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras ha abierto la puerta a posibles operaciones militares, incluyendo la preparación de opciones para el uso de fuerza, según reportes de The New York Times y ABC News. Esta medida, que incluye vigilancia aérea encubierta con drones, ha generado fricciones con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha rechazado categóricamente cualquier intervención militar estadounidense, afirmando que “la soberanía no está en venta”. La presión no se limita a lo militar: las sanciones económicas y la amenaza de aranceles han puesto en jaque a empresarios mexicanos, quienes temen ser penalizados por vínculos involuntarios con los cárteles.
Paralelamente, Estados Unidos ha elevado la apuesta contra Venezuela. El Departamento de Justicia, liderado por la fiscal general Pam Bondi, duplicó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de operar un “puente aéreo” para el tráfico de drogas entre Venezuela, Guatemala, Honduras y México. Esta narrativa, respaldada por el secretario de Estado Marco Rubio, señala al Cártel de los Soles, supuestamente liderado por Maduro, como una amenaza transnacional. Sin embargo, expertos advierten que estas acusaciones podrían tener motivaciones políticas, buscando justificar un cambio de régimen en Venezuela, un objetivo histórico de la política exterior estadounidense.
Las implicaciones de esta agresividad son profundas. En México, la militarización del combate al narcotráfico podría exacerbar la violencia, como lo demuestra el historial de la “guerra contra las drogas” que ha dejado miles de víctimas sin reducir el flujo de estupefacientes. En Venezuela, la retórica beligerante y las sanciones refuerzan la narrativa de Maduro como víctima de una agresión imperialista, fortaleciendo su posición interna. Además, la mención de Guatemala y Honduras como parte del supuesto puente aéreo podría presionar a estos gobiernos a alinearse más con Washington, a riesgo de tensionar sus propias dinámicas internas.
Esta política de mano dura, aunque efectiva para movilizar a la base electoral de Trump, carece de una estrategia integral. La reducción de fondos para programas de tratamiento de adicciones en EE.UU. y el debilitamiento de leyes anticorrupción globales podrían incluso fortalecer a los cárteles, al no abordar la demanda de drogas ni la corrupción transnacional. En un contexto de creciente fragmentación de los cárteles y complejidad de las redes criminales, la vía militar parece más un gesto político que una solución viable.
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