El análisis de la realidad socioeconómica y de seguridad en México se ha vuelto un ejercicio cada vez más complejo, donde las cifras oficiales frecuentemente se confrontan con la percepción ciudadana y el escrutinio de expertos. Ante los recientes informes que señalan una reducción significativa en la pobreza y en la tasa de homicidios, surge un debate metodológico que invita a un examen más profundo de los datos. Este fenómeno plantea interrogantes cruciales sobre la validez de las mediciones, la transparencia en la recopilación de información y las implicaciones políticas de presentar resultados positivos en áreas de gran sensibilidad social.
La Medición de la Pobreza: Un Cambio de Criterio
La reciente disminución de la pobreza en México, según datos oficiales, se atribuye en parte a la modificación de las metodologías de medición, particularmente en lo que respecta al acceso a servicios básicos como la salud y el agua. La medición multidimensional de la pobreza, a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), considera tanto el ingreso como las carencias sociales. Sin embargo, en el informe más reciente, cambios en el cuestionario de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) habrían redefinido las preguntas sobre acceso a la salud y al agua. Esto ha llevado a algunos analistas a cuestionar si la reducción en las carencias es resultado de una mejora real en la vida de millones de mexicanos o simplemente de un ajuste en la forma de preguntar y, por ende, de contar.
La discusión se centra en si las modificaciones en el cuestionario reflejan una mejora genuina. Por ejemplo, la pregunta sobre acceso a servicios de salud, que solía indagar sobre la afiliación a instituciones públicas de salud, ahora pregunta si la persona se encuentra afiliada o tiene derecho a recibir atención médica en alguna institución pública o privada. Este cambio, sumado a la creación del programa de salud IMSS-Bienestar, habría generado un aumento masivo de personas con acceso a servicios, incluso si la calidad o el tipo de atención recibida no son los mismos que con afiliaciones previas. De manera similar, la pregunta sobre el acceso al agua se habría modificado, lo que podría explicar el gran aumento en las personas con acceso, sin que necesariamente signifique que el acceso sea permanente o de buena calidad.
Un punto central de controversia es la modificación en los cuestionarios de Coneval sobre carencias sociales, particularmente en salud y acceso al agua. Las nuevas preguntas habrían facilitado que millones de personas fueran registradas como beneficiarias de estos servicios en un periodo de dos años, un logro que parece inverosímil dada la infraestructura existente. Por ejemplo, el acceso al agua potable, un indicador clave, mostró mejoras abruptas que no concuerdan con reportes de organizaciones independientes ni con la percepción ciudadana en comunidades rurales. Esta aparente manipulación estadística sugiere que los criterios se ajustaron para proyectar una narrativa de éxito, en lugar de reflejar avances estructurales.
La Cifra de Homicidios: ¿Disminución o Reclasificación?
Paralelamente, las cifras sobre la delincuencia en el país también han sido objeto de un intenso debate. Mientras el gobierno federal reporta una disminución en los homicidios, lo cual es un indicador crucial en la estrategia de seguridad, otros delitos como la extorsión y el feminicidio han experimentado un aumento. Esto ha generado la hipótesis de que se está produciendo una reclasificación de delitos por parte de las autoridades locales o ministerios públicos.
La reclasificación implicaría que muertes que podrían tipificarse como homicidios dolosos, se registran bajo otras categorías como homicidios culposos o incluso muertes accidentales, especialmente en escenarios de alto riesgo como enfrentamientos armados o incidentes viales. Este cambio en el registro, si bien podría ser legalmente viable bajo ciertos criterios, tendría el efecto de maquillar las estadísticas de homicidios dolosos, generando una percepción de éxito en la estrategia de seguridad que no se corresponde con la realidad de otros crímenes de alto impacto. La falta de transparencia en la desagregación de los datos y en el proceso de investigación de muertes violentas alimenta estas sospechas y dificulta un análisis objetivo.
Las cifras sobre violencia también están bajo escrutinio. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó una disminución del 7% en homicidios en 2024, con un promedio de 82 casos diarios, según anunció Marcela Figueroa en una conferencia matutina en enero de 2025. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contradijo esta narrativa al confirmar un aumento del 3%, con 91 asesinatos diarios. Como señala Carlos Matienzo en El Heraldo de México, la exclusión de feminicidios y la comparación de datos dispares entre Inegi y SESNSP evidencian una manipulación deliberada. Además, el crecimiento de “otros delitos contra la vida y la integridad” —una categoría ambigua que incluye desde inducción al suicidio hasta peligro de contagio— se disparó de 8,064 casos en 2018 a 16,331 en 2024, y ya suma 8,530 en el primer semestre de 2025. Este incremento del 2.5% sugiere una posible reclasificación de homicidios para maquillar las estadísticas.
En conclusión, la lectura de las cifras oficiales en México, tanto en el ámbito de la pobreza como en el de la seguridad, requiere de una perspectiva crítica. Más allá de la presentación de un descenso numérico, es fundamental examinar los métodos detrás de esas mediciones. El debate sobre la metodología del CONEVAL y la posible reclasificación de crímenes no desmerita necesariamente los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida y seguridad, pero sí subraya la necesidad de una mayor transparencia y de un diálogo abierto y plural entre las autoridades, los expertos y la sociedad para asegurar que los datos reflejen con fidelidad la compleja realidad mexicana.
Carlos Matienzo: «México no está haciendo su parte en combatir estas organizaciones» criminales. Este video aborda la perspectiva de un experto en seguridad sobre la situación en México, lo cual es relevante para el tema del análisis de las cifras de criminalidad.
Estas discrepancias no son nuevas. La estrategia de presentar datos favorables ha sido una constante en el discurso oficial, pero choca con realidades visibles en estados como Sonora, donde los medios reportan enfrentamientos constantes pese a las supuestas bajas en homicidios. La credibilidad del gobierno se ve erosionada al priorizar narrativas optimistas sobre la transparencia, lo que pone en riesgo la confianza en instituciones como el SESNSP y Coneval.
Las dudas sobre estas cifras reflejan un problema más profundo: la tentación de manipular datos para sostener un discurso político. Si bien entidades como Zacatecas muestran mejoras verificables, la falta de claridad en los criterios y la inconsistencia entre fuentes oficiales e independientes alimentan la percepción de opacidad. Para avanzar, México necesita mediciones transparentes y políticas públicas basadas en realidades, no en estadísticas maquilladas.
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