Dos eventos importantes hicieron memorable a esta semana. El primero, fueron los deslaves del talud en Santa Fe, donde se construyeron, sin mayor consideración a las funestas y posibles consecuencias, magníficos edificios de lujosos departamentos. El segundo evento fue la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la demanda de amparo, contra una decisión de la Cofepris en materia del uso de mariguana, presentada por cuatro ciudadanos miembros del grupo SMART.
El desmoronamiento de la tierra en que se construyeron los edificios es un nuevo episodio que revela deficiencias y corrupción en la industria de los inmuebles.
Realizados o no estudios de mecánica de suelo respecto de tierras que ahora se revelan inestables e inadecuadas, el resultado neto lo sufren los que han tenido que desalojar sus hogares sin aviso alguno. De haberse dictaminado favorablemente, los expertos que extendieron su aval cargan una pesada responsabilidad. Si por el contrario, ellos no certificaron la bondad del terreno, los constructores que pasaron por encima de ello son los que están en grave falta. La corrupción puede ser la más simple explicación. Se confirma la irresponsabilidad con que se abren muchos desarrollos inmobiliarios al amparo de la mera formalidad de una autorización.
La literalidad de las autorizaciones para construir en los terrenos defectuosos que, seguramente, exhibirán los dueños de los edificios en Santa Fe choca contra el sentido común que mandaba no realizar la problemática obra. Ya sabremos si los seguros cubren la contingencia de movimiento de tierra, independientemente de los sismos.
Valerse de la simple formalidad jurídica no es privativo de los constructores de estructuras inmobiliarias. También lo encontramos en los que construyen estructuras jurídicas.
La sentencia aprobada por la mayoría de ministros de la Suprema Corte ampara a los cuatro demandantes que, contra lo decidido por la Cofepris, ahora quedan autorizados para sembrar, cultivar, consumir, procesar y transportar mariguana, mas no comercializarla.
El argumento central de la Corte fue que es anticonstitucional prohibir el consumo personal de mariguana con fines recreativos o “lúdicos”, “por ser contrario al “libre desarrollo de la personalidad y de la libertad personal”. La sentencia no constituye una autorización a la comercialización de la yerba y tampoco modifica las leyes en vigor sobre el consumo.
Queda ahora la huella indeleble de la decisión de la Suprema Corte, que declara anticonstitucional determinados artículos de la Ley de Salud que necesariamente prohíben el tal uso de la yerba.
Las consultas públicas han sido mencionadas como la vía para resolver los problemas que el tema plantea y orientar la acción del gobierno a la luz de lo que mande el pragmatismo popular. Es muy importante distinguir entre lo que el gobierno debe hacer para proteger la salud pública, de acuerdo con la ciencia y la experiencia práctica, lo que constituye la responsabilidad de la Secretaría de Salud y, por otra parte, lo que emerge como verdad jurídica inconmovible.
Hay que tener en cuenta que un juez no debe deleitarse en purezas jurídicas. La pureza jurídica es la que llevó a la Suprema Corte a allanarle hace tres años el camino a la libertad, y en flagrante atropello al sentido común, a aquella francesa asociada a un grupo de secuestradores.
La pureza jurídica impide a Estados Unidos controlar la ola de homicidios que les aflige, debido a una férrea interpretación constitucional cabildeada por la National Rifle Association.
La formalidad jurídica puede ser enemiga de lo justo y de lo sensato. Las autorizaciones formales de las que se valieron los constructores de los edificios de Santa Fe abocan ahora en deslaves de exageradas consecuencias personales y económicas. La formalidad de la que hace gala la Corte aplicando el bisturí jurídico para justificar el uso de la mariguana es otro caso de alejamiento de la ingente necesidad de proteger la salud de nuestra comunidad. Sólo que este deslave es mucho más costoso para nuestra sociedad.
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