El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el 2 de abril de 2026 el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Tras analizar información de víctimas, organizaciones civiles y la propia respuesta del Estado, concluyó que existen “indicios bien fundados” de que en México se cometen y persisten desapariciones forzadas de forma generalizada o sistemática, lo que podría configurar crímenes de lesa humanidad. El organismo pidió al secretario general António Guterres remitir el caso con urgencia a la Asamblea General para que considere medidas de apoyo en prevención, investigación, castigo y erradicación del delito.
La respuesta del gobierno mexicano fue inmediata y tajante. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación calificaron el informe como “parcial y sesgado”, “tendencioso” y carente de rigor jurídico. Argumentan que omite los esfuerzos institucionales realizados desde 2019, entre ellos la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la creación de comisiones de búsqueda y la colaboración con mecanismos internacionales. Según el Ejecutivo, el fenómeno está vinculado principalmente a la delincuencia organizada, no a una política estatal de ataques generalizados contra la población civil. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que México es uno de los países más abiertos al escrutinio internacional y que las cifras oficiales —132.534 personas desaparecidas al 27 de marzo de 2026— reflejan avances en transparencia, aunque solo 43.128 registros cuentan con datos suficientes para búsqueda activa.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares rechazan esta postura. Denuncian que el Estado no reconoce el 98 % de impunidad que rodea estos casos ni la magnitud real de la crisis, con más de 132 mil desaparecidos y miles de fosas clandestinas. Critican que el gobierno minimiza la participación de agentes públicos —por acción u omisión— y que la respuesta institucional se queda corta ante la ausencia de estrategias integrales de búsqueda, retrasos en investigaciones y falta de protección a buscadoras. Para estas voces, la activación del artículo 34 no es injerencia, sino el reconocimiento de una emergencia humanitaria que trasciende administraciones y exige responsabilidad compartida.
Las posturas enfrentadas invitan a la controversia. Mientras el gobierno defiende su soberanía y resalta logros en materia forense y legislativa, la sociedad civil y expertos independientes sostienen que negar la dimensión sistemática perpetúa el dolor de miles de familias y erosiona la confianza en las instituciones. Analistas imparciales señalan que ambos argumentos contienen verdades parciales: la delincuencia organizada es el principal actor, pero la aquiescencia o inacción estatal en varios casos ha sido documentada. El costo de esta polarización es claro: retraso en la verdad, la justicia y la reparación.
En un contexto electoral sensible, la crisis de desapariciones se convierte en prueba de fuego para la responsabilidad del Estado. Sin un diagnóstico compartido ni acciones concretas que trasciendan el discurso, México arriesga no solo su imagen internacional, sino la credibilidad de su democracia ante las víctimas. El fallo de la ONU obliga a un debate urgente: ¿avances reales o maquillaje institucional? La respuesta definirá si la lesa humanidad queda como acusación o como capítulo superado.
