Desaparición forzada, consultas necesarias

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Abrió el Senado de la República audiencias para la ley general de desaparición de personas. Sobre la materia hay tres iniciativas presentadas en la actual legislatura por los Senadores Roberto Gil Zuarth, Angelica de la Peña y Omar Fayad. Es previsible que pronto se sume la que el Ejecutivo Federal anunció a través del Secretario de Gobernación.

De concretarse tal legislación no hay duda que saldaremos varias de las recomendaciones que diversos organismos internacionales han emitido sobre este vacío, que en su dilación, ha incrementado la calamidad que cae sobre las familias de las víctimas y las comunidades donde se concentra.

Chihuahua es una de las entidades donde el problema se ha agudizado, particularmente el municipio de Cuauhtemoc. De acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Chihuahua ocupa el 5º lugar a nivel nacional, con una tasa de 45.27 por cada 100,000 habitantes. Son 1,663 personas desaparecidas.

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Lo más dramático es que en realidad esa cifra es un tremendo subregistro, pues otra cifra igual o mayor integra otras clasificaciones como secuestro, privación ilegal de la libertad o negación del servicio público. La mayoría de estas desapariciones – apuntan los expertos – solamente tiene registro de desaparición, “lo cual no obliga a las autoridades a realizar una búsqueda adecuada ni a investigar penalmente los hechos denunciados”.

De 2010 a 2014, la Fiscalía General del Estado ha reportado 90 tumbas clandestinas, algunas de ellas con restos humanos, habiendo al menos 220 cuerpos sin identificar.

La tragedia que vive Chihuahua – negada obviamente por el irresponsable gobernador César Duarte Jacquez -, explica también que en la entidad se encuentren varias de las voces más comprometidas con una legislación integral y con gran experiencia en el acompañamiento psicosocial a las víctimas. En el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, donde concurre el mayor activismo de Lucha Castro, Alejandra Nuño, Gabino y Alma Gómez, se anida principalmente esa visión.

Pionero en el litigio dentro del sistema penal acusatorio – porque Chihuahua lo implementó desde el 2007 -, el CEDEHM ha alertado al Senado de las preocupaciones, los retos y los obstáculos en torno de la desaparición forzada en México y ha pedido que se cumpla uno de los exhortos más reiterados de los organismos internacionales de derechos humanos al Estado mexicano: que sean los familiares los primeros consultados del proceso de discusión de la nueva legislación.

Desde hace mucho se insta al Senado a tomar conciencia y acción legislativa sobre el problema. Lo hizo con gran valor y sabiduría Miguel Angel Granados Chapa en 2008, cuando recibió la medalla Belisario Dominguez e hizo de su intervención en la tribuna la ocasión para llamar la atención del funesto fenómeno: “Permítanme, ciudadanas Senadores, ciudadanos Senadores instarlos a establecer un mecanismo social que impida o condene cuando ocurra la desaparición forzada de personas, que afecta hoy a decenas, cientos, quizá de mexicanos a quienes autoridades federales o locales levantaron como si fueran los captores delincuentes, es decir, los detuvieron, pero no los sometieron a juicio como deben proceder de acuerdo con la ley, y acaso los privaron de la vida como lo hacen los matones profesionales. Ya hay legislación vigente al respecto. Pero se requiere mejorarla para hacerla compatible con instrumentos internacionales suscritos por México, y obligatorios, por lo tanto, para sus instituciones. Una legislación que haga del Estado el cumplidor de la ley, y no su infractor en perjuicio de las personas, sería admirablemente completada por una Ley de Amnistía que haga salir de las cárceles a presos políticos que hoy mismo como en los peores tiempos del autoritarismo padecen prisión injusta”.

La puerta central que se abre a la consulta en la Ciudad de México, debe tener también ventanas estatales por donde asomarse a las realidades regionales que presentan contextos diversos y respuestas distintas de las autoridades, aún perteneciendo a una misma zona geográfica como lo es el norte de México. Es hora de que en asuntos tan trascendentales el Senado haga una consulta itinerante por las entidades, que descienda de la gran Tenochtitlan a conocer selvas y montañas. Que los Senadores bajen a sus propias entidades.

La cruda realidad chihuahuense por supuesto que me obliga como legislador a propiciar un encuentro con las diversas organizaciones dedicadas al tema en mi Estado, pero sobre todo a formar un grupo de trabajo que de puntual seguimiento y revisión a los proyectos, para hacer valer su voz, su valor y dignidad ante el drama personal y social que significa la desaparición forzada. Los legisladores que tienen la tarea de dictaminar debieran hacer lo mismo y hacerle caso a quienes piden que “para que la legislación correspondiente refleje las distintas situaciones de las desapariciones en nuestro país, tienen que estar presentes en las discusiones y consultas, en primer lugar, los familiares y colectivos, y después las organizaciones y movimientos que les acompañan y que podrán contextualizar mejor los obstáculos pero también las oportunidades o buenas experiencias, si es que las tienen”.


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