Actualmente, hablar en México sobre el escrutinio internacional en materia de derechos humanos (DDHH), es cosa de todos los días. Sin ir más lejos, hace menos de una semana, a petición del propio Gobierno de la República se celebró una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el estado general de dichos derechos en nuestro país. El formato de la audiencia consistió en peticiones hechas por organizaciones de la sociedad civil al Estado mexicano, preguntas por parte de los integrantes de la Comisión Interamericana y respuestas por parte de los representantes gubernamentales.En síntesis, en este tipo de audiencias, el Estado es sentado en el banquillo de los acusados y tiene que arreglárselas para responder a múltiples, legítimas y, en la mayoría de los casos, razonables y fundadas preocupaciones. Pero esto no siempre fue así.
*Ciertamente México pasó —tras una evolución de siete décadas— de una posición totalmente contraria no sólo a la injerencia de organismos internacionales de DDHH, sino, incluso, a su propia existencia —al considerar por mucho tiempo que esta materia debía ser materia exclusiva del derecho interno—, a una actitud proactiva en la construcción de los instrumentos internacionales de protección de DDHH y a una franca apertura a ellos.
*Este lento y cauteloso proceso de apertura se aceleró con la alternancia y la llegada de Vicente Fox como presidente de la República en el año 2000 cuando tras la apertura de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, México, a decir de Natalia Saltalamacchia, “se adhirió a una concepción de multilateralismo liberal en la que se reconoció como legítima la participación no sólo de Estados y organizaciones intergubernamentales, sino también de otros actores interesados: OSC, individuos, etc”. Esto se reflejó en la firma, ratificación y retiro de reservas de múltiples instrumentos internacionales, así como en un importante número de invitaciones a relatores especiales que se ha perpetuado hasta ahora.
Este cambio de México a cargo del nuevo gobierno obedeció, además de a las propias convicciones, a una razón de acuerdo con la cual los organismos e instrumentos internacionales de DDHH serían el motor del cambio que se necesitaba producir en áreas del gobierno clave en este campo como las de procuración de justicia, seguridad y defensa. Sin duda, esto tuvo efectos positivos en la generación tanto de legislación como de políticas públicas.
Sin embargo, a partir del regreso del Partido Revolucionario Institucional al gobierno en 2012, México ha protagonizado una serie de desencuentros con los organismos internacionales de DDHH que de seguirse dando podrían detener el efecto de transformación interna a la que dichos organismos han contribuido. Desde la descalificación de las conclusiones del Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas y el informe sobre tortura generalizada, hasta la inconformidad con el Informe sobre la Situación General de los Derechos Humanos en México de la CIDH, el gobierno, en este clima tenso, también ha aplazado la visita del relator especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez y del relator especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de DDHH Michel Forst.
No se trata de negar el margen para la discusión, defensa del Estado e incluso el disenso con los organismos, sino de parar un pleito cuyo origen es la negación por parte de las autoridades de una realidad que, más allá de lo que digan, miles de mexicanos sufren. Quienes han padecido tortura, los miles de desaparecidos y sus familias, y todas las amenazas, agresiones y asesinatos de periodistas en nuestro país, merecen del gobierno más que una actitud defensiva, una actitud de mayor humildad, abierta a la ayuda de la comunidad internacional.
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