Delincuentes verdes

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Muy pocas veces llegan noticias en donde a los presuntos delincuentes electorales se les libra una orden de aprehensión. Y todavía es más raro que sea un subsecretario, como ha sido el caso de Arturo Escobar. Desde que se le nombró como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, fue una decisión impugnada por múltiples organizaciones sociales. Sin embargo, el gobierno calculó mal, consideró que le salía más barato pagar facturas a su aliado delincuente que hacerle caso a la ciudadanía que impugnó su nombramiento. Pero se equivocaron de principio a fin.

No sabemos si se trató de una mala broma del gobierno de Peña, pero fue ridículo nombrar a un presunto delincuente para prevenir el delito. No fue una broma, sino una pésima decisión y el pago de favores les ha resultado muy costoso. La orden llegó por donde menos se esperaba aparentemente, por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). El INE y el Tribunal Electoral deberían sentir un poco de vergüenza. Cuando se dice que en México la norma es la impunidad y la justicia es la excepción, se entiende que el caso sea noticia de primera plana. Se trata de un presunto delincuente y de una organización, el Partido Verde, que cotidianamente violan la ley.

¿Cuántas veces el Partido Verde ha sido acusado de violar la legalidad y cuántas veces ha sido perdonado por la autoridad? El récord de los delitos perdonados al Verde es escandaloso: entre 2009 y 2013 hubo por lo menos 15 expedientes en contra del Verde, de los cuales el Tribunal perdonó la sanción de la autoridad en 12 ocasiones, las otras terminaron en simples amonestaciones públicas. Esa es la regularidad. Todavía el día de las elecciones en junio pasado, el Verde violó la ley con propaganda y el Tribunal lo volvió a perdonar. Hace unos meses el INE decidió no quitarle el registro con argumentos muy dudosos. Los siete consejeros que defendieron el registro del Verde en contra de la demanda de más de 163 mil ciudadanos fueron: Marco Antonio Baños, Ciro Murayama, Enrique Andrade, Benito Nacif, Beatriz Galindo, Lorenzo Córdova y Adriana Favela. En un país con Estado de derecho el Verde ya no tendría registro y varios de sus líderes estarían en la cárcel. Hoy los costos del expediente Escobar salpican al gobierno de Peña, el PRI, el Verde (aliado favorito), y para los otros integrantes de la coalición, las telebancadas y las televisoras. Desde luego el INE y el Tribunal también quedan raspados.

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Cuando se pasa de la abstracción de las siglas a los concretos se encuentra que los delitos del Verde son cometidos por personas, entre las que está Arturo Escobar, el impresentable político y ahora ex subsecretario de Gobernación. La decisión de fincar responsabilidad a Escobar va en contra de la corriente, porque las inercias dominantes en materia de justicia se cargan hacia el lado de la impunidad. La FEPADE presenta el expediente y le pide a un juez federal que emita una orden de aprehensión por presuntos delitos electorales (EL UNIVERSAL, 26/XI/2015). El delito es por la adquisición y reparto de más de 10 mil tarjetas (Premia Platino) para descuentos en comercios; una forma de comprar votos. En otras ocasiones ya se le habían descubiertos delitos, como en 2009, un día antes de las elecciones, cuando Arturo Escobar fue descubierto en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez con un maletín con más de un millón de pesos en efectivo, pero quedó impune por ese delito. Ahora la decisión de la FEPADE es una excepción en un país en donde los delitos electorales prácticamente quedan impunes, salvo excepciones. Para muestra podemos recordar el aval del Tribunal Electoral en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012. ¿Se trata de justicia real, un error de la matrix, o una mala jugada?

La salida de Escobar llevó al PRI a declarar que se trata de un caso y que no cambia la alianza con ese partido. El pragmatismo del poder mantendrá esa alianza porque es la vía corta para tener mayoría en el Congreso. Escobar será otro de los graves errores, otro de los escándalos, de este gobierno. En suma, una golondrina que no hace verano en el mar de la impunidad nacional…


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