Por: Aminadab Pérez Franco
¿Cuánto le habría tocado a los pobres si AMLO no cancela el aeropuerto?
El presidente López Obrador prometió en su campaña que si ganaba la Presidencia de la República cancelaría la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que el gobierno de Peña Nieto desarrollaba en la Zona Federal del Lago de Texcoco. Y una vez en el poder, el presidente cumplió su palabra y anunció la suspensión de las obras el 19 de enero de 2019, fecha decisiva en la que cambió drásticamente el rumbo económico del país.
Al momento de la suspensión, la residencia de obra daba cuenta de haber concluido en un 100 por ciento las losas de cimentación del edificio principal, 60 por ciento en la construcción de las pistas 2 y 3, así como un avance general del 32.5 por ciento de la obra total, previendo el inicio de operaciones de la nueva terminal en el mes de julio de 2021. En ese momento, el Gobierno Federal procedió a cancelar contratos y liquidar inversiones cuyo costo estimó entre 100 mil y 120 mil millones de pesos (5,700.00 millones de dólares).
Tan sólo en términos de deuda pública el gobierno asumió un pasivo de 4,200 millones de dólares a un plazo de 20 años y garantizados (hipotecados, mejor dicho), entre otras fuentes, con los ingresos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) que generen el viejo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que la actual administración construye en la Base Aérea de Santa Lucía.
Esta semana se desató una controversia al darse a conocer los resultados del Informe Anual de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente al año 2019 que estimó que el costo real de la cancelación del NAICM fue al menos de 331 mil millones de pesos, 2.4 veces más de lo estimado por el Gobierno Federal.
El Informe provocó la furia de la Presidencia de la República y el presidente López Obrador no sólo descalificó sus resultados en la mañanera del lunes 22, sino que logró que ese mismo día por la noche, la ASF -que es un organismo autónomo adscrito a la Cámara de Diputados- señalara de manera insólita y sin precedente en sus 25 años de existencia que hará una “revisión exhaustiva” de la “metodología utilizada para determinar el costo de la cancelación” pues “hubo inconsistencias” en el cálculo.
Con ese boletín, la ASF, al igual que el INE y los demás organismos públicos autónomos del país, ha quedado arrodillado, desprestigiado y sometido a las presiones del presidente López Obrador quien, en lo sucesivo, ante cualquier señalamiento del órgano simplemente dirá: “los cálculos de la Auditoría, tan mentirosos como los del aeropuerto”, para librar así todos los señalamientos sobre irregularidades detectadas en la revisión de cuentas de la Administración Pública Federal bajo su mando.
Para el obradorismo y sus seguidores, en lo sucesivo serán viles mentiras los hallazgos de la ASF, por ejemplo, que la Secretaria de la Función Pública negó a los auditores el pleno acceso a documentos, que la Secretaría de la Defensa construye Santa Lucía sin recabar todos los comprobantes, que los programas sociales reparten dinero a muertos o a domicilios fantasma, que el Sector Salud compró algunos medicamentos y equipos con sobreprecio y muchas otras, que no son en sí el costo de la cancelación del aeropuerto, sino irregularidades detectadas en la Cuenta Pública de 2019 por un monto de 67 mil 498.4 millones de pesos y la apertura de 1,439 expedientes de presunta responsabilidad administrativa en diversas áreas del Gobierno Federal, así como el inicio de 1,804 procedimientos para fincar responsabilidades resarcitorias.
Loa hallazgos de la ASF no son, desde luego, una persecución o una venganza contra la administración de López Obrador: son un procedimiento al que por ley se han sometido todos los gobiernos neoliberales anteriores y habrá que recordar que darse vuelo con la denuncia de irregularidades señaladas por la Auditoría era una costumbre de muchos de los actuales diputados de MORENA cuando formaban parte de las bancadas del PRD, del PRI y hasta del PAN.
Pero volviendo al tema de la cancelación del aeropuerto, el hecho es que no existen cálculos precisos sobre cuanto le costó y le seguirá costando a los mexicanos esa decisión. Lo más seguro es que su impacto en las finanzas públicas sea efectivamente mucho mayor a los 100 mil millones de pesos que reconoce el Presidente de la República. Tras los ajustes y maquillajes que le hagan a las cuentas quizá minimicen la cantidad preliminar de 331 mil millones que señaló en principio la ASF. Pero hay otras cifras que no se mencionan y que constituyen un daño incalculable: como anotamos líneas arriba, el 19 de enero de 2019 pasará a la historia como la fecha en la que cambió drásticamente el rumbo económico del país.
La Auditoría Superior de la Federación no puede estimar y el Gobierno Federal jamás lo hará, que la cancelación del aeropuerto detuvo el crecimiento económico del país. Diversos economistas, actuarios y estudiosos concluyen que esa cancelación provocó que al final de 2019, antes de la pandemia, el PIB cayera en un 0.1 por ciento, luego de años de crecimientos moderados y muy criticados, pero efectivos. El crecimiento se detuvo y fue el preámbulo a la caída histórica del PIB en 2020, porque la señal que envió López Obrador fue que durante su administración no habría seguridad jurídica para la inversión, que si los inversionistas acudían a tribunales para defender sus derechos serían acosados, que había suficientes empresarios del círculo de la economía de cuates dispuestos a invertir con su gobierno bajo las nuevas condiciones y que todo negocio, así fuera licito, corría el peligro de ser señalado cualquier mañana por él como abuso, corrupción, privilegio o inmoralidad.
Por supuesto que el presidente tenía de su lado tanto sospechas como datos duros para soportar su decisión. Nunca se hizo explícito, pero fue insistente en señalar que diversos funcionarios y líderes de sectores priístas adquirieron terrenos adyacentes al NAICM para enriquecerse; usó siempre el discutible y muy pertinente argumento de que la construcción en una zona lacustre sería no sólo costoso, sino riesgoso, no obstante la disponibilidad de soluciones técnicas para evitar hundimientos; especuló sobre imaginarios o reales beneficios monetarios para los promotores y administradores de la obra, así como de las empresas concesionarias de la construcción y operación; sostuvo que el problema fue haber optado por un aeropuerto de lujo que saldría carísimo y que no correspondía a su visión austera del gobierno, sin perjuicio de que la mayor parte de la inversión para su construcción proviniera de la inversión privada. Y tras convertir su criterio y opinión personal en una versión del interés público, se dio la razón a sí mismo y canceló la obra, sin importar que en ese momento ya era más barato terminar la construcción que suspenderla.
La cancelación del aeropuerto frenó el crecimiento económico del país porque detuvo inversiones, fugó capitales, consumió ahorros, generó deudas, desalentó proyectos y afectó el desarrollo futuro de diversos sectores. Un aeropuerto tipo HUB como era el NAICM no sólo hubiera significado la multiplicación e interconexión de vuelos y la reducción de precios en las tarifas aéreas, sino que habría abierto una nueva conectividad que habría detonado enormemente el desarrollo de diversos sectores como el comercial o el turístico, pues habría facilitado el acceso a México de mercancías y de millones de turistas extranjeros, favoreciendo además la movilidad de millones de viajeros nacionales. ¿Cuánto le habría tocado a los pobres si AMLO no cancela el aeropuerto?
Es imposible calcular cuantos empleos bien remunerados se perdieron por la decisión; es igualmente difícil imaginar el nivel de ahorro para los bolsillos de muchas familias que hubieran podido viajar a menor costo al disponer de una infraestructura eficiente y competitiva; son enormes las pérdidas en los fondos de retiro y de inversión que tuvieron que migrar hacia otros activos menos rentables; son inimaginables las posibilidades de inversión directa perdidas. Asimismo son muy reales los costos extras que implicará el traslado hasta a Santa Lucía, las dificultades técnicas para operar simultáneamente varios aeropuertos, el peso de la deuda adquirida que no podrá destinarse a proyectos productivos y promotores del desarrollo y todos los trastornos que implica la caída del PIB. Esos costos nadie los ha estimado, pero con toda seguridad rebasarían, por mucho, los cálculos más exorbitantes que pudieran hacer los auditores de la ASF. ¿Cuánto le habría tocado a los pobres si AMLO no cancela el aeropuerto?
Y suponiendo sin conceder que el costo de la cancelación del NAICM fuera de sólo 100 mil millones de pesos y aún si nos olvidáramos del costo adicional de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía que ronda conservadoramente en otros 120 mil millones, esos recursos hubieran ayudado a muchas familias y a muchas empresas a sobrevivir a la crisis sanitaria del COVID-19; esos recursos hubieran significado las medicinas y equipos que faltan en los hospitales y la conectividad y tecnologías que faltan en las aulas; esos recursos servirían para darle transporte masivo a la capital, Guadalajara o Monterrey; esos recursos pagarían la deuda que agobia a estados y municipios; si lo pensamos un poco, esos recursos hubieran servido para tantas y tantas otras cosas mucho más útiles que darle la razón al capricho presidencial. ¿Cuánto le habría tocado a los pobres si AMLO no cancela el aeropuerto?
Tan sólo para darnos una idea del nivel descomunal que implican estas cifras, con los 16,500 millones de dólares que estimó inicialmente la ASF, se hubieran podido comprar 1,650 millones de vacunas rusas Sputnik-V contra el Covid-19, a 10 dólares cada una, suficientes para vacunar al 20 por ciento de la población de todo el mundo. ¿Cuánto le habría tocado a los pobres si AMLO no cancela el aeropuerto?
Finalmente, la moraleja de esta historia: este incidente demuestra por qué debe haber organismos autónomos. Más allá de las controversias y presiones, si no hay autonomía y contrapesos, el gobierno termina siendo juez y parte para perdonarse a sí mismo sus errores y abusos. El haber presionado al auditor superior no sólo fue una operación de control de daños para salvar la cara sino un atentado contra la democracia. Si el Estado Mexicano sigue perdiendo la posibilidad de que los ciudadanos conozcan la verdad a través de mecanismos institucionales que analicen objetivamente la realidad de lo que ocurre en la operación y funcionamiento del Sector Público, nos encaminamos hacia un autoritarismo que, entre otras cosas, será más abusivo y corrupto que gobiernos anteriores porque no tendrá otros limites que su propia conveniencia.
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